Julissa Pons Ravell

Expediente 1418/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1418/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
01/12/2021

Partes del expediente

  • Julissa Pons Ravell

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: la certificación secretarial, se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Julissa Pons Ravell, hubiera recurrido el proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos: agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, mediante el cual designa a la licenciada Candelaria Frias Frías, como defensor público de la quejosa Julissa Pons Ravell, asimismo informa que se le instruyó al mismo aceptar dicha representación. Al respecto se acuerda: Se tiene al Director General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, informando que en términos de los artículos 10 y 29 fracción V de la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, designando a la licenciada Candelaria Frias Frias, como Defensora Pública, para representar los intereses de la referida quejosa. En esas condiciones, toda vez que al tratarse de un juicio de amparo indirecto, basta la simple manifestación del titular de que tiene ese carácter, y con fundamento en los artículos 10 de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, inciso d) y e), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en este acto se tiene por aceptado y protestado el cargo a la licenciada Candelaría Frías Frías, como Defensora Pública de la quejosa de mérito. No obstante a ello, hágasele saber a la citada profesionista que por auto de diez de noviembre del año en curso, se tuvo a la quejosa Julissa Pons Ravell, manifestando que no reconoce la firma que obra en el escrito de demanda y que se desistía del trámite del presente juicio de amparo, además agregó que físicamente se encontraba bien y no ha sido objeto de ningún tipo de amenazas; por lo tanto, se tuvo a la quejosa de mérito, por formalmente desistida, del juicio de amparo 1418/2021-7, promovido contra actos del Presidente del Tribunal Primero de Enjuiciamiento de la Región Ocho con sede en Cárdenas, Tabasco, y otras autoridades; y como consecuencia, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con número de registro 2023191, de rubro y texto: ASESOR JURÍDICO VICTIMAL. PARA EFECTOS DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO QUE PROMUEVA EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, BASTA LA SIMPLE MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE TENER RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja respectivos sostuvieron un criterio divergente en torno a si basta la manifestación del asesor jurídico victimal de ostentar dicha representación ante la autoridad responsable, para efecto de que le sea admitida la demanda de amparo indirecto, promovida por éste a nombre de la víctima u ofendido del delito, que representa. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en materia penal, el asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito se encuentra facultado para promover la demanda de amparo en nombre de ésta, a quien representa en el procedimiento penal, por lo que tratándose de la presentación del juicio de amparo indirecto, bastará su simple manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de tener reconocido ese carácter ante la autoridad responsable, para que la demanda sea admitida a trámite. En este supuesto, se tendrá por actualizada la excepción prevista en el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 14, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Así, cuando la citada ley refiere que en materia penal bastará que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad tener ese carácter, no puede limitarse únicamente al defensor del imputado, sino que necesariamente debe incluir al asesor jurídico de la víctima que actúa en su representación, a fin de que ésta no quede en estado de vulnerabilidad frente al poder punitivo estatal y las determinaciones que el Ministerio Público o los Jueces realicen a lo largo del procedimiento penal. Justificación: De una interpretación sistemática de la Ley de Amparo, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, se advierte un reconocimiento explícito de las víctimas como parte de los procedimientos y el derecho a la asesoría jurídica técnica -por una persona licenciada en derecho con cédula profesional- como una garantía del pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. También se reconoce el derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo contra las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos, por lo que la legislación en la materia deberá regular la intervención en los diferentes procedimientos, a efecto de facilitar su participación. En ese sentido, resulta fundamental que el juicio de amparo, como medio constitucional de defensa de los derechos humanos, equilibre las asimetrías y el estado de vulnerabilidad que pueden llegar a enfrentar las víctimas en el acceso a la justicia, lo que conlleva el deber de flexibilizar ciertas reglas -como la forma de acreditar la representación- ante la necesidad de asegurar que los recursos sean efectivos y protejan a las víctimas contra actos que violen sus derechos humanos. Notifíquese.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la constancia de notificación de nueve de noviembre del año actual, en la cual el fedatario de la adscripción se constituyó en las instalaciones que ocupa el Centro de Reinserción Social Las Palmas, de Cárdenas, Tabasco, con el objetivo de notificar a la quejosa Julissa Pons Ravell, el auto de nueve de los actuales y dar fe de la integridad física y el lugar en donde se encuentra recluida. Al respecto, una vez que la quejosa Julissa Pons Ravell, fue puesta ante la presencia del actuario de la adscripción, le manifestó lo siguiente: "[.] no reconoce la firma que obra en el escrito de demanda y que se desiste del trámite del presente juicio de amparo, además manifiesta que físicamente se encuentra bien y no ha sido objeto de ningún tipo de amenazas [.]" En consideración al principio de que el amparo sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, en términos de lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y en virtud de que la citada promovente se desistió expresamente de la prosecución de la acción constitucional, con apoyo en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." Por tal motivo, se tiene a Julissa Pons Ravell, por formalmente desistida, del juicio de amparo 1418/2021-7, promovido contra actos del Presidente del Tribunal Primero de Enjuiciamiento de la Región Ocho con sede en Cárdenas, Tabasco, y otras autoridades; por tanto, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se dejan sin efecto todas las medidas decretadas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia con registro 2012059, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 462, Tomo I, de Julio de 2016, Libro 32, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro, dice: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS". Cabe precisar que en este asunto no es necesario ordenar la ratificación del desistimiento de la parte quejosa, toda vez que el mismo fue manifestado en presencia del Actuario Judicial adscrito, quien éste último corroboró su identidad, al haber solicitado su presencia por conducto de personal de seguridad del Centro de Reinserción Social de Cárdenas, Tabasco, quien le hizo saber que esa persona se encontraba interna en ese lugar, y por lo tanto, le fue puesta a la vista; asimismo, con la manifestación de la propia quejosa, quien le expresó que se desistía de la demanda de amparo. En consecuencia, se otorga plena validez al razonamiento levantado por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, ya que es una autoridad legalmente constituida, en pleno ejercicio de sus funciones, quien se encuentra investido de fe pública, por lo que están facultados para realizar las notificaciones, citaciones y emplazamientos que se deriven de los asuntos que conoce este Juzgado de Distrito, y llevar a efecto todas las diligencias que el Juez le encomiende. Asimismo, al tener los actuarios judiciales fe pública, lo asentado en sus diligencias debe estimarse cierto si no hay prueba que acredite lo contrario. Apoya lo anterior la jurisprudencia IV.2o. J/4 del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con número de registro 205152, localizable en la página 265, tomo I, mayo de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES." DESIGNACIÓN DE DEFENSOR Ahora bien, toda vez que las autoridades señaladas como responsables por la quejosa Julissa Pons Ravell, son locales, es decir son del fuero común, por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de Amparo, gírese oficio al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto, designe un defensor de oficio que represente a la quejosa Julissa Pons Ravell, en este juicio. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 237, fracción I, del propio ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. Sirve de apoyo la jurisprudencia con registro 2020495, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1301, Tomo II, de Agosto de 2019, Libro 69, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Por lo expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha de la audiencia señalada para las DOCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFICACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA Ahora toda vez que la quejosa Julissa Pons Ravell, se encuentra interna en el Centro de Reinserción Social Las Palmas de Cárdenas, Tabasco; con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación del presente proveído a la impetrante, se realice por el método alternativo de videoconferencia. Para ello, se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción a fin que en coordinación con la autoridad penitenciaria correspondiente y a través del sistema de videocomunicación que otorga la plataforma denominada "ZOOM", programen fecha y hora para el desahogo de la diligencia ordenada. Lo anterior, a fin de salvaguardar la salud del fedatario de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así como el respeto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dotar de seguridad jurídica, a través del correo electrónico dirigido a la dirección betty_vera28@hotmail.com, envíese a la precitada autoridad copia digitalizada autorizada del presente acuerdo, a fin de que el encargado del departamento jurídico del referido centro carcelario le haga entrega a la quejosa del mismo al momento de iniciar la práctica de su notificación. En atención a lo anterior, prevéngase a la aludida autoridad para que otorgue las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una multa por la cantidad de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,481.00 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, ello con apoyo en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. De lo anterior, el Actuario Judicial deberá levantar el acta pormenorizada de la diligencia de notificación que se ordena y deberá integrarla al expediente tanto físico como electrónico. Notifíquese y por videoconferencia a la parte quejosa, así como personalmente al Agente del Ministerio Público de la adscripción.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por medio del cual, en atención al proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, remite copia certificada del acuerdo emitido el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 60/2004, del que se advierte que en su punto tercero refiere que la entidad demandada ha venido haciendo pagos parciales al pasivo laboral en fechas tres y veintiocho de junio, y veintisiete de septiembre, todos de dos mil veintiuno, correspondiente del primer al séptimo pago parcial de los meses de marzo a septiembre del presente año, en la forma que precisa en su oficio. Que una vez detallados los convenios celebrados ese Tribunal procede a restar las cantidades pagada a favor de los actores, las cuales serán restadas a las cantidades establecidas en el último acuerdo emitido por ese Tribunal el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno; asimismo, otorga el plazo de diez días hábiles a los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, para que realicen lo siguiente: "1.- Pongan a disposición de esa autoridad laboral los títulos de crédito denominados cheque por la cantidad de $12,820,593.28 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N), que de forma individualizada le corresponden a cada uno de los actores las cantidades siguientes:  $3,828,862.36 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N), salvo error u omisión de carácter aritmético, a favor del C. CARLOS ALBERTO PÉREZ LEÓN.  $2,698,702.88 (DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS PESOS 88/100 M.N), salvo error u omisión de carácter aritmético, a favor del C. HERUNDIO ACOSTA FELIX.  $1,216,141.03 (UN MILLÓN DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 03/100 M.N), salvo error u omisión de carácter aritmético a favor del C. FABIO ALBERTO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  $3,828,862.36 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N), salvo error u omisión de carácter aritmético, a favor del C. BRAULIO RAMÓN GIL PEÑATE.  $1,248,024.65 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTICUATRO PESOS 65/100 M.N), salvo error u omisión de carácter aritmético, a favor de la C. HERLINDA MORALES CRUZ. Lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, para que dentro del mismo término acrediten fehacientemente que gestionaron la autorización correspondiente ante el Congreso, de la adecuación o ajuste presupuestal de los recursos monetarios con que cuenta el Ayuntamiento, para compensar la falta o insuficiencia de estos, afín de realizar el pago oportuno de las cantidades a que fue condenado el Ayuntamiento en el juicio laboral referido, en el ejercicio dos mil veintidós, de conformidad con lo previsto en el numeral 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como el diverso 5° de la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; que para tales efectos, también deberán acreditar que hicieron del conocimiento del Congreso del Estado de Tabasco, los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, para en caso de no realizarse el pago, la referida Legislatura Local también realice los trámites correspondientes para la aprobación de la partida presupuestal donde se contemple la cantidad de $12,820,593.28 (DOCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N), que de forma individualizada le corresponde a cada uno de los actores. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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