Julisa Pérez Frutes

Expediente 413/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
413/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Julisa Pérez Frutes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Juez Único Menor Mixto de Silao, Guanajuato; atento a su contenido, téngase dando cumplimiento al proveído de primero de abril de dos mil veintidós. Actualización de motivo de sobreseimiento. De las constancias con las cuales se da cuenta en esta determinación se advierte que el acto reclamado por la quejosa ********************, ha dejado de surtir efectos, encontrándose actualizada de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V de dicha normatividad, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de su audiencia constitucional, con apoyo en la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las razones que sustentan esta decisión son las siguientes. Precisión del acto reclamado. Lo constituye el auto de exequendo ordenado dentro del procedimiento mercantil 2549/2021 del índice del Juzgado Único Menor Mixto de Silao, Guanajuato; así como su ejecución por la Oficina Central de Actuarios adscrita a los juzgados civiles de Silao. Desarrollo de esta instancia constitucional. El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, el oficio signado por el secretario del Segundo Juzgado de Distrito del Decimosexto Circuito con residencia en Guanajuato, que contenía la demanda de amparo presentada por la quejosa, misma que fue declinada por incompetencia y turnada a este Juzgado Mediante auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se admitió la demanda contra los actos de autoridad del Juez Único Menor Mixto de Silao, como autoridad ordenadora, y la Oficina Central de Actuarios adscrita a los juzgados civiles de Silao, como autoridad ejecutora. Asimismo, se les requirió su informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha para la verificación de la audiencia constitucional. Certeza de la resolución reclamada y antecedentes. A través del informe justificado con el cual se da cuenta en esta determinación, la autoridad responsable Juez Único Menor Mixto de Silao, acepta la existencia de la resolución reclamada, lo cual se corrobora con las pruebas documentales públicas, las cuales merecen pleno valor probatorio, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria para este juicio, ya que se trata de actuaciones judiciales certificadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. De las pruebas documentales exhibidas por la juez responsable, se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de Silao, Guanajuato, ********************en su carácter de endosatario en procuración de ********************, aquí tercera interesada, demandó a ********************como deudora principal y a ******************** en su carácter de aval solidario, el pago de la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) derivado de un pagaré, el pago de intereses moratorios vencidos a razón del 3% tres por ciento mensual y el pago de gastos y costas generados por la tramitación del juicio. 2. En auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, la responsable admitió la demanda y ordenó el requerimiento de pago a las demandadas. 3. El veintiséis de enero de dos mil veintiuno, la licenciada Ana Luisa Cabrera Ramírez, actuario adscrito a la Central de Actuarios de los juzgados civiles de Silao, se constituyó en el domicilio ********************, de la ciudad de Silao, con el fin de requerir de pago a la quejosa, sin que haya sido posible al no tener pleno cercioramiento de que el domicilio sea el de la demandada, aquí quejosa. Esta es la resolución reclamada en la presente instancia constitucional. 4. El diez de febrero de dos mil veintidós, la licenciada Ana Luisa Cabrera Ramírez, actuario adscrito a la Central de Actuarios de los juzgados civiles de Silao, se constituyó nuevamente en ********************, de la ciudad de Silao, con el fin de requerir de pago a la quejosa, quien atendió al llamado en el domicilio mencionado, por lo que se le requirió el pago de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 M.N.), manifestando la quejosa que ella no sabe de ninguna deuda, no le debe a nadie ni firmó ningún pagaré, que no iba a realizar el pago, ni va a señalar bienes, ni iba a permitir el acceso al domicilio; asentando la actuario en mención la abstención a la oposición de pago y señalamiento de bienes para embargar; por lo que la actora, aquí tercera interesada, solicitó el uso de la fuerza pública, uso de cerrajero para rompimiento de chapas y cerraduras en caso de ser necesario. 5. El catorce de febrero de dos mil veintidós, la responsable Juez Único Menor Mixto de Silao, autorizó el uso de fuerza pública, rompimiento de chapas y cerraduras con el fin de dar cumplimiento al auto de exequendo en contra de la quejosa. 6. El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la tercera interesada y la quejosa, presentaron ante la responsable Juez Único Menor Mixto de Silao, escrito de desistimiento del procedimiento únicamente en contra de la quejosa. 7. Ese mismo día, ante la responsable Juez Único Menor Mixto de Silao, la tercera interesa y quejosa ratificaron el desistimiento del procedimiento. Análisis de la causa de improcedencia. La suscrita considera que en este caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" [.] Conforme a dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Para que dicha causa de improcedencia se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto controvertido, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella. Lo anterior es así debido a que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, es cierto que el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, la licenciada Ana Luisa Cabrera Ramírez, actuario adscrito a la Central de Actuarios de los juzgados civiles de Silao, se constituyó en el domicilio ********************, de la ciudad de Silao, con el fin de requerir de pago a la quejosa, sin que haya sido posible al no tener pleno cercioramiento de que el domicilio sea el de la demandada, aquí quejosa, lo cual constituyó la acción constitucional ejercida por la quejosa. También es verdad que dicha resolución fue emitida con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo que motiva esta instancia, la cual fue recibida el catorce de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Guanajuato, que por razón de turno, conoció el Juzgado Segundo de Distrito del Decimosexto Circuito en la Capital, mismo que declinó por incompetencia y remitió la demanda de ampro a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de este Partido Judicial que, por razón de turno, conoce este Juzgado Noveno de Distrito de Irapuato. No obstante, los efectos de dicha determinación han cesado en la esfera jurídica de la solicitante del amparo, en virtud del desistimiento del procedimiento en contra la quejosa, ratificado según la minuta de ratificación de escrito de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, ante la secretaría de la responsable Juez Único Menor Mixto de Silao. Además, dicha ratificación, de conformidad con los artículos 356, fracción III y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, causa estado por ministerio de ley, por lo que no es necesario que medie auto que declare que ha causado estado. En atención a lo anterior, se colige que los efectos jurídicos del acto reclamanado han dejado de verificarse en la esfera jurídica de la quejosa, en virtud del desistimiento del procedimiento por parte de la actora del juicio natural, aquí tercera interesada. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio fuera de su audiencia constitucional. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En consecuencia, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cincuenta minutos del dos de mayo de dos mil veintidós.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que aún no obra la información solicitada a la autoridad responsable Juez Único Menor Mixto de Silao, Guanajuato, en auto de uno de los actuales, la cual es necesaria para resolver el presente juicio; por tanto para dar oportunidad a su recepción, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del dos de mayo de dos mil veintidós, para su verificativo.-

  3. Principal

    Juez Único Menor Mixto con sede en Silao, Guanajuato, remite copia certificada del auto de veinticuatro de marzo del actual, dictado en el expediente, en el cual se observa que la parte actora del juicio de origen se desistió del procedimiento. Atento a lo anterior, requiérase al Juez Único Menor Mixto de Silao, Guanajuato, para que, una vez que quede firme el auto de veinticuatro de marzo pasado, dictado en el juicio, lo informe a la brevedad; en la inteligencia de que deberá remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Apercibido que de ser omiso, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización.-

  4. Principal

    Vista la razón que precede se observa que el actuario adscrito entabló comunicación vía telefónica al número 4727382770, en donde fue atendido por Anaisamar Chávez Uribe, endosataria en procuración de la tercera interesada María de Carmen Hernández Vega, quien manifestó que no proporcionaría su domicilio en razón de que ya no era necesario, ya que había llevado a cabo un convenio con la parte quejosa y ratificaría su desistimiento ante el juzgado de origen. Atento a lo anterior, requiérase al Juez Único Menor Mixto de Silao, Guanajuato, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, informe el estado que guarda el juicio 2549/2021; en la inteligencia de que deberá remita copia certificada de las constancias que lo acrediten. Apercibido que de ser omiso, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 259, en relación con el diverso 237, fracción I, de la Ley de Amparo.

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