Julisa Almanza Sánchez
Expediente 1083/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 23 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1083/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 31/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Julisa Almanza Sánchez
- Juez Primero de Primera Instancia Y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Juicio de amparo 1083/2016-7 (DX) En treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, la secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con un escrito con número de folio 1432. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Julisa Almanza Sánchez; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de amparo, se autoriza la devolución de los documentos que indica en su libelo de cuenta, previa copia fotostática certificada, toma de razón y recibo que se deje en autos; asimismo, se tiene como autorizado para recogerlos a la persona que faculta en ese sentido. Notifíquese. Así lo provee y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida con la secretaria Rebeca Isabel Medina Becerra que autoriza y da fe. SISE___ DEY___
- Principal
EJECUTORIA DE SOBRESEIMIENTO La licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión ya transcurrió, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva; asimismo no se exhibió billete de depósito o alguna otra garantía que amerite proveer sobre su devolución. Que existen dos tomos de pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria Rebeca Isabel Medina Becerra, da cuenta a la Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, con el estado procesal que guardan los presentes autos, en específico con la certificación que antecede. Conste. La secretaria. Lic. Rebeca Isabel Medina Becerra. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. PROVIDENCIAS SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, al haberse concedido la suspensión definitiva en el incidente relativo al presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo citado, se determina que queda sin efecto legal lo resuelto en él; asimismo, el original del cuaderno correspondiente es susceptible de depuración en el lapso de cinco años a que se refiere ese apartado; por lo que deberá glosarse al cuaderno principal una vez que este último se envíe físicamente al archivo; debiendo hacerse igualmente la anotación en la carátula tanto del cuaderno principal como del incidente. En el entendido de que el duplicado de dicho incidente es susceptible de destrucción, conforme al contenido del punto vigésimo, fracción III, del propio Acuerdo General. Dicho cuaderno deberá guardarse por separado hasta en tanto transcurra el término de seis meses que se indica en el aludido apartado. CONSTANCIAS POR DEVOLVER. En otro aspecto, devuélvase a la autoridad responsable, Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, con sede en Río Grande, Zacatecas, en esta ciudad, las constancias que remitió como apoyo a su informe justificado, previo glose que se haga de las carátulas de los cuadernos que en su momento se formaron. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal o incidental, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto. De igual manera se hace la aclaración que no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, quien actúa legalmente asistida ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. DEY_____ SISE___
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El tres de enero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con la razón actuarial que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de enero de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el actuario judicial adscrito en el sentido de que no le fue posible notificar a la persona moral tercero interesada "CAJA POPULAR MEXICANA" SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, la sentencia de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; sin embargo, en auto de catorce del mismo mes y año, se tuvo como domicilio de la referida tercero interesada para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Villas de San Francisco, número 145, Colonia Vilas de Guadalupe, Guadalupe, Zacatecas; por tanto, se ordena el actuario adscrito a fin de que se constituya en el citado domicilio y notifique personalmente la resolución de treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada y por lista las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Ajc.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A ALFONSO CONTRERAS SORIA, APODERADO LEGAL DE LA MORAL TERCERO INTERESADA CAJA POPULAR MEXICANA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y´PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, EL AUTO DICTADO EN FECHA TANTO EL TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, DICTADO POR ÉSTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "El tres de enero de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con la razón actuarial que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de enero de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el actuario judicial adscrito en el sentido de que no le fue posible notificar a la persona moral tercero interesada "CAJA POPULAR MEXICANA" SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, la sentencia de treinta de diciembre de dos mil dieciséis, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; sin embargo, en auto de catorce del mismo mes y año, se tuvo como domicilio de la referida tercero interesada para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Villas de San Francisco, número 145, Colonia Vilas de Guadalupe, Guadalupe, Zacatecas; por tanto, se ordena el actuario adscrito a fin de que se constituya en el citado domicilio y notifique personalmente la resolución de treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesada y por lista las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. Ajc. SENTENCIA DICTADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1083/2016-7, promovido por Julisa Almanza Sánchez, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito recibido el diez de octubre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, remitido el mismo día por razón de turno, Julisa Almanza Sánchez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que enseguida se precisa: AUTORIDADES RESPONSABLES: Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. Actuario de su adscripción y; Oficial del Registro Público de la Propiedad, de Río Grande, Zacatecas. ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas, reclamo todo lo actuado dentro del expediente número 144/2015, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil que promueve el licenciado Rufino Julián Saucedo Carrillo, en cuanto endosatario en procuración de Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra de Jorge Luis Hernández Muñoz; del Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas. Le reclamo la ejecución jurídica dictada por la responsable principal mediante la cual ordenó embargo en un bien inmueble del cual me corresponden derechos de la sociedad conyugal que a la suscrita me corresponde del inmueble que fue embargado. Del Oficial del Registro Público de la Propiedad de Río Grande, Zacatecas, le reclamo la ejecución jurídica del registro del embargo ordenado por la responsable principal. SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado e invocó como preceptos constitucionales violados los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; TERCERO. Por auto de once de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda presentada por Julisa Almanza Sánchez, la cual se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 1083/2016-7; se solicitó de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se ordenó emplazar a la persona moral tercero interesada y, previo trámite del juicio, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue celebrada al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1, fracción I, 33 fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, por el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; por reclamarse actos que entrañan ejecución dentro del área geográfica en que este Juzgado es competente por razón de territorio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: Del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas: - La orden de embargo dictada en el juicio ejecutivo mercantil 144/2015, promovido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas por el licenciado Rufino Julián Saucedo Carrillo, endosatario en procuración de Caja Popular Mexicana, sociedad cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra Jorge Luis Hernández Muñoz., respecto de la finca urbana ubicada en: calle Allende, colonia Progreso, Municipio de Río Grande, Zacatecas, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de dicho lugar, bajo el número 136, folio 82, del Volumen 62 de la sección de escrituras públicas. Del Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, la ejecución ordenada por el juez responsable. Del Oficial del Registro Público de la Propiedad de Río Grande, Zacatecas, la ejecución jurídica del registro del embargo ordenado por la responsable ordenadora. TERCERO. certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinados cuáles son los actos reclamados, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza de los mismos, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." De los informes justificados de las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar, Oficial Notificadora de su adscripción y Oficial Registrador Público de la Propiedad, todos con residencia en Río Grande, Zacatecas, se advierte que son ciertos los actos reclamados, en la medida en que fueron coincidentes en manifestar que obra en el índice del juzgado responsable en cita, el juicio ejecutivo mercantil 144/2015, promovido por el licenciado Rufino Julián Saucedo Carillo en su calidad de endosatario en procuración de la Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra de Jorge Luis Hernández Muñoz, en el cual fue embargado el bien inmueble que reclama en esta instancia constitucional la hoy quejosa, consistente en un predio urbano rural ubicado en la colonia Progreso del Municipio de Río Grande, Zacatecas, con una superficie de 470.00 metros cuadrados, inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio de Río Grande, Zacatecas; a fin de garantizar el pago de lo reclamado en el sumario de origen, por lo que actualmente se han realizado actuaciones tendentes a la ejecución de la sentencia de mérito. Lo cual quedó corroborado con las pruebas documentales que exhibieron el Juez responsable y Oficial Registrador Público de la Propiedad, con sede en Río Grande, Zacatecas, consistentes en copia certificada del juicio aludido y del mandato de inscripción de embargo respecto del bien inmueble materia de litis, mismas que merecen fuerza probatoria plena, con apoyo en el numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, al tratarse de reproducción fiel de documentos públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO"" CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de la inconstitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea de oficio o por que las hagan valer las partes o, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con la jurisprudencia publicada con el número 814, página 553, Tomo VI, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, con el rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En la especie, quien aquí resuelve considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". Por su parte, el artículo 17, del ordenamiento legal en cita, establece: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Ahora bien, como quedó asentado, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: - La orden de embargo dictada en el juicio ejecutivo mercantil 144/2015, promovido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas por el licenciado Rufino Julián Saucedo Carrillo, endosatario en procuración de Caja Popular Mexicana, sociedad cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra Jorge Luis Hernández Muñoz., respecto de la finca urbana ubicada en: calle Allende, colonia Progreso, Municipio de Río Grande, Zacatecas, bajo el número 136, folio 82, del Volumen 62 de la sección de escrituras públicas. Del Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas y del Oficial del Registro Público de la Propiedad de Río Grande, Zacatecas, la ejecución ordenada por el juez responsable. De las constancias que integran el Juicio ejecutivo mercantil número 144/2015 que la autoridad responsable adjuntó a su informe de ley, se advierten los siguientes antecedentes. El veintitrés de marzo de dos mil quince, la parte actora Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovió acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil en contra de Jorge Luis Hernández Muñoz, en su carácter de deudor principal y Juan Manuel Almanza Longoria como aval. Por lo que con fecha veinticuatro del citado mes y año, el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Rio Grande, Zacatecas, admitió a trámite la demanda de que se trata, registrándola bajo el progresivo 144/2015; seguido el juicio en sus fases procedimentales, el veintidós de octubre de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a Jorge Luis Hernández Muñoz, quien es esposo de la ahora quejosa al pago de las prestaciones reclamadas por la actora Caja Popular Mexicana, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, ordenándose como consecuencia trance y remate respecto del bien inmueble que en el propio juicio se había embargado. Posteriormente, a través del escrito presentado ante la autoridad responsable el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, la hoy quejosa, interpuso tercería excluyente de dominio. En ese tenor, si se parte de la regla general establecida en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, se deduce que como la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados de que se tratan cuando menos desde el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, en razón a que en ese fecha presentó un escrito ante el juez responsable en el cual promovió tercería excluyente de dominio, la cual no fue admitida, según se aprecia de las constancias relativas a dicha tercería que de igual forma remitió dicha responsable en fotocopia certificada; de ello se desprende que el término para que presentara su demanda constitucional empezó a correr el día hábil siguiente del en que tuvo conocimiento de los actos -nueve de septiembre de dos mil dieciséis-, es decir, a partir del doce de septiembre del año en curso, feneciendo el seis de octubre del propio año; descontando los días catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco del mes de septiembre, así como uno y dos de octubre, ambos de dos mil dieciséis por tratarse de días inhábiles, de conformidad con lo establecido por el artículo 19 de la Ley de Amparo; por lo que si del sello estampado por la Oficina de Correspondencia receptora se aprecia que la demanda se presentó hasta el diez de octubre de dos mil dieciséis, es decir, cuatro días después de la fecha de vencimiento, es evidente que se encuentra fuera del término a que se refiere el numeral 17 en cita, y como consecuencia legal, que se ha consentido tácitamente los actos que se reclaman, por no haberse promovido el amparo dentro del término de ley. Apoya lo expuesto, el criterio judicial que a continuación se invoca: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia aludida, lo que procede, con apoyo en el artículo 61, fracción XIV, de la Nueva Ley de Amparo, es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, por lo que se refiere al acto reclamado consistente en la orden de embargo dictada en el juicio ejecutivo mercantil 144/2015, promovido ante el Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas por el licenciado Rufino Julián Saucedo Carrillo, endosatario en procuración de Caja Popular Mexicana, sociedad cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra Jorge Luis Hernández Muñoz., respecto de la finca urbana ubicada en la calle Allende, colonia Progreso, Municipio de Río Grande, Zacatecas que se hizo referencia. Es aplicable a lo anterior las tesis del rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la Ley señala". En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia y de lo Familiar y oficial del Registro Público de la Propiedad, ambos de Río Grande, Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Con motivo de lo anterior, resulta innecesario ocuparse del estudio de las diversas causales de improcedencia que hizo valer el tercero interesado, (72 y 73), ya que al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse por las consideraciones vertidas en este fallo y además con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere o no, alguna otra causa de improcedencia es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución, al ser aplicable al caso la jurisprudencia 54/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 414 del Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto indican: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. AL quedar demostrado que en el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". De esta suerte se hace innecesario emprender el estudio de los conceptos de violación expresados en el ocurso inicial de demanda, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, consultable en la página 335, del Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Séptima Época, del Antepenúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.- No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Derivado de lo expuesto, como se anticipó, es patente la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 75, 76, 78, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Julisa Almanza Sánchez, en contra de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de la presente sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo resolvió y firmó la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/7984/2016, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe, dando por concluida la audiencia constitucional hoy treinta de diciembre de dos mil dieciséis, que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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