Julios Edgar Casavantes Estrada
Expediente 2521/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2521/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Julios Edgar Casavantes Estrada
Actuaciones
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Requerimiento. Visto el estado actual de los autos, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jueza Provisional Decima Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con residencia en esta ciudad, para que en el término de cinco días contados a partir del día siguiente al en que quede notificada del presente proveído, informe a este órgano jurisdiccional si se llevó a cabo el desahogo de la prueba ofrecida por la parte actora en el expediente 877/2022 de su índice, consistente en una memoria de almacenamiento USB, la cual fue admitida en la audiencia preliminar, y señaló las once horas con quince minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintitrés para su desahogo, empero, de las constancias que remitió a su informe justificado, no se desprende lo acontecido con dicho medio de prueba. En tal virtud, en caso de que la misma se haya llevado a cabo, remita copia certificada y legible de su desahogo; lo anterior, por ser necesaria para resolver el presente juicio, o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Además, deberá de actualizar las constancias que integran el juicio 877/2022 en el entendido de que la última actuación es de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Se apercibe que en caso de no hacerlo así, con apoyo en lo que dispone el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, se les impondrá en vía de apremio una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en relación con el artículo 26, apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cantidad publicada el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Apoya lo anterior la tesis siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." (Época: Novena Época. Registro: 199454. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 17/97. Página: 108.). Se difiere audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTITRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para su celebración. Notifíquese.
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