Julio Zárate Aparicio

Expediente 399/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
399/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/05/2019

Partes del expediente

  • Julio Zárate Aparicio

Actuaciones

  1. Principal

    DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, SE ADVIERTE QUE TRANSCURRIÓ EL PLAZO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LA PARTE QUEJOSA HUBIERE RECURRIDO EL PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO PLANTEADA; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO EN QUE SE ACTÚA, EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 2° DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO Y ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Julio Zarate Aparicio, por propio derecho, contra actos del Subdelegado de Procedimientos Penales "B", titular de la UIL, de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, y otras autoridades responsables; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 399/2019, y fórmese expediente. Desechamiento de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En el caso concreto, previamente al ejercicio de la acción de control constitucional, el quejoso como ofendido o víctima debió impugnar ante el Juez de Control, la determinación del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal que ahora reclama; por lo que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, según se explica a continuación. El principio de definitividad no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos por la ley y la jurisprudencia; ello en virtud de que el juicio biinstancial es un medio extraordinario de defensa; de manera que, previamente a su promoción, el quejoso debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus garantías individuales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de garantías, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto. Esa circunstancia de inejercitabilidad del amparo indirecto se encuentra reflejada en diversas fracciones que integran el numeral 61 de la Ley de Amparo (XVIII, XIX y XX), y la actualización de la hipótesis de cada una de ellas, atañe al tipo de acto de que se trate, o a la naturaleza funcional de la autoridad emisora del mismo. Por ello, para un mejor entendimiento de la fracción que en el caso se estima actualizada, es pertinente recordar que el quejoso promovió juicio de amparo contra un acto administrativo emitido por la autoridad persecutora de los delitos. Ahora, la fracción XX del referido numeral 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia". De la porción normativa transcrita se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Siendo importante mencionar, que la citada obligación de agotar los medios de defensa que establece la ley ordinaria, contiene las siguientes excepciones: a) Cuando no se prevea la suspensión del acto impugnado de oficio o mediante la interposición del recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer el recurrente, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, ni más plazo que el establecido para otorgar la suspensión provisional; con independencia de que el acto sea o no susceptible de ser suspendido. b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. c) Cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. d) El juicio, recurso o medio de defensa legal se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. De lo anterior, se colige que la procedencia del juicio de amparo (salvo las excepciones que expresamente establece el propio numeral), está condicionada a que si existe contra el acto reclamado, algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, debe ser agotado sin distinción alguna, en virtud de que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo que se analiza, es terminante al establecer lo anterior, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Es aplicable al caso, por analogía la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, visible en la página 902, del Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; y en su edición electrónica con número de registro 187016, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Precisado lo anterior, a fin de evidenciar que se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene señalar que el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal establece: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Por su parte, el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales estatuye: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Los numerales transcritos establecen el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, la determinación del no ejercicio de la acción penal. Lo anterior, debido a que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que el juez de control revise la legalidad de las mismas. Como se sabe, el artículo 16 Constitucional encomienda a los jueces de control la labor de resolver de manera inmediata, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación que requieran control constitucional. Asimismo, el deber de garantizar los derechos de los indicados y de las víctimas. Entonces, los jueces de control se erigen como garantes de que las partes actuarán de buena fe y deben velar por la regularidad del proceso y el ejercicio correcto de las facultades procesales; para el efecto, ejerce una vigilancia de los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante las fases de investigación e intermedia. En el caso, el acto reclamado consiste en: la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta de investigación FED/GRO/0000134/2019, en que se determinó el no ejercicio de la acción penal en favor de Lucia Zarate Aparicio, por su probable participación en los hechos que la ley prevé como delito denunciado por el aquí quejoso; sin embargo, previo a instar el juicio de amparo, debió hacer valer el recurso innominado previsto en el artículo 258 de Código Nacional de Procedimientos Penales; pues es precisamente ese medio de defensa el que prevé la ley ordinaria. Ello es así, ya que de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la resolución del agente del Ministerio Público al determinar el no ejercicio de la acción penal en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el juez de control; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto. Otorga apoyo a lo determinado, la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 943, registro 2017640, de rubro y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Entonces, si el medio de impugnación aludido tiene como finalidad revocar o modificar la determinación del ministerio público reclamada, se considera eficaz para satisfacer el derecho fundamental de seguridad jurídica y los principios de tutela judicial efectiva y debido proceso, frente a una posible ilegalidad de la actuación del representante social responsable. Además, dicho recurso es idóneo porque el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 258 prevé expresamente su procedencia contra la determinación de no ejercicio de la acción penal. Se cita por su aplicación, la tesis aislada I.8o.P.19 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 2257, registro 2016567, del siguiente tenor: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LO RESUELVE ES IMPUGNABLE ANTE EL JUEZ DE CONTROL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO DEBE AGOTAR ESTE MEDIO DE DEFENSA, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra la determinación del Ministerio Público que resuelve el no ejercicio de la acción penal es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicha resolución es impugnable ante el Juez de Control, a quien corresponde confirmar o, en su caso, dejar sin efectos la decisión ministerial y ordenar reabrir la investigación". Así como el criterio I.8o.P.19 P (10a.), publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 2256, registro 2016566, del siguiente tenor: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE LO DECRETA PROCEDE EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y NO EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (CONFLICTO APARENTE DE NORMAS ENTRE DICHO PRECEPTO Y EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AMPARO). Si bien el artículo 107, fracción VII, de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo indirecto procede contra las resoluciones del Ministerio Público de no ejercicio de la acción penal, lo cierto es que del análisis sistemático de dicho precepto y del diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuanto a la vía en que la víctima u ofendido del delito debe impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, se advierte un conflicto aparente de normas, pues mientras el primero dispone que contra las determinaciones del Ministerio Público del no ejercicio de la acción penal procede el amparo indirecto, el segundo establece que dicha resolución será impugnada ante el Juez de Control. Al respecto, debe decirse que el conflicto aparente de leyes o antinomias jurídicas, consiste en la concurrencia de dos o más normas de derecho vigentes, cuya aplicación simultánea es incompatible a cierto supuesto de hecho, es decir, requiere que una conducta o acción queden bajo la esfera de dos preceptos legales excluyentes entre sí. Sin embargo, en el caso, tal conflicto es superado sobre la base del artículo cuarto transitorio del código indicado, que dispone que todas las normas -en donde queda comprendida la Ley de Amparo- que se opongan a su contenido (con excepción de las leyes de jurisdicción militar y en materia federal de delincuencia organizada), quedan derogadas. En este contexto, para resolver esa aparente contradicción normativa, esto es, la incompatibilidad entre los artículos 107, fracción VII y 258 referidos, debe atenderse al principio de criterio cronológico lex posterior derogat priori, conforme al cual la ley posterior deroga tácitamente a la anterior en las disposiciones que se opongan entre sí. Bajo esa premisa, contra la determinación definitiva de no ejercicio de la acción penal, procede el recurso previsto en el artículo 258 mencionado y no el juicio de amparo indirecto". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo, por concurrir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia establecido en el numeral 61, fracción XX, de la mencionada legislación. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda; asimismo, como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Alma Yuridia García Nieves, Jaime Mondragón Maganda y Salvador Alberto García, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Órganos Jurisdiccionales, en tanto que Carlos Larumbe Radilla, Carlos Larumbe Ziga y Jesús de la Cruz Marín, no tienen dicho registro. Se autoriza la expedición de copias. Hágase saber a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autorizan copias simples y certificadas de las actuaciones, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa firma de recibido que se agregue a los autos para constancia legal. Uso de medios electrónicos. En el entendido de que tal y como lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la circular 12/2009, no existe inconveniente en que al momento de consultar el expediente en que se actúa las partes hagan uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este tribunal, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. De igual forma, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Edgar Herrera Borja, secretario que da fe.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta; se tiene por recibido el escrito signado por ****, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a través del cual devuelve el cheque número 0000284, de cuatro de abril de dos mil diecinueve, de la cuenta 65507178005, de la Institución Bancaria Santander (México), Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, valioso por la cantidad de **** en favor de la parte quejosa, en virtud de que no pudo ser cobrado porque el mismo está a nombre de la unidad económica Hotel el Toreo, carente de personalidad jurídica propia, cuando lo correcto debió ser a nombre de su propietaria María Socorro Morelos Rojas, y para justificarlo, anexa la constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria, de quince de diciembre de dos mil catorce, a nombre de la aludida quejosa; de lo que queda enterado este órgano de control constitucional para los efectos legales conducentes. En ese contexto, previa copia cotejada que se deje en autos, devuélvase el citado título de crédito a la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la referida autoridad responsable, para que dentro del plazo de diez días siguiente a aquél en que reciba el oficio por el cual se le notifique el presente acuerdo, realice las acciones y trámites necesarios para expedir un nuevo cheque por la cantidad de *** a nombre de la quejosa *** que es la cantidad del cobro que se le efectuó por concepto de derecho de alumbrado público, correspondiente al periodo facturado del cinco de diciembre de dos mil diecisiete al cinco de enero de dos mil dieciocho, a efecto de que el mismo pueda ser cobrado satisfactoriamente por la parte quejosa. (...) Notifíquese.

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