Julio Sergio Cavazos Pérez

Expediente 1222/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 29 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1222/2017
Año
2017
Actuaciones
29
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Julio Sergio Cavazos Pérez
  • JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director de Garantías en suplencia por ausencia del Titular de la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 8607/2022, con el que se le remitió el billete de depósito N 811077, que ampara la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), así también, se le tiene comunicando que dicho importe fue concentrado en la cuenta respectiva del Erario Federal. Notifíquese.

  2. Incidental

    VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que obra en la caja de seguridad de este órgano jurisdiccional el billete de depósito N 811077, que ampara la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos), que exhibió la parte quejosa Julio Cesar Cavazos Pérez, para garantizar la suspensión definitiva en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1222/2017-9. Ahora bien, el término previsto en el artículo 156 de la Ley de la Materia, para que la parte tercero interesada promoviera el incidente de reparación de daños con motivo de la suspensión otorgada, transcurrió del veintiocho de febrero al veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, mientras que el plazo de dos años que prevé el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para obtener la devolución del citado billete de depósito, transcurrió del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve al veintidós de febrero del año actual, sin que el demandante de amparo hubiese comparecido ante este Juzgado de Distrito a recibir el referido certificado de depósito. Lo anterior en virtud, de que del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, se suspendieron los términos procesales con motivo de la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), de conformidad con el Acuerdo General 4/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y los similares que ampliaron dicha suspensión. Así como del dos al seis de octubre, treinta de octubre y del nueve al trece de noviembre, todos de dos mil veinte, dado que por oficios 002/2020-CM, 004/2020-CM, 006/2020-CM y 007/2020-CM, de dos de octubre, treinta de octubre, ocho y diez de noviembre de esa anualidad, respectivamente, el Coordinador de Magistrados de Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, incluyendo los pertenecientes al Centro de Justicia Penal de esta ciudad y en representación de la Coordinación de Jueces de Distrito, comunicó la suspensión de labores en esos días, al considerar que se actualizó en esta ciudad, el caso de emergencia a que se refiere la fracción XXIV del artículo 2 de la Ley General de Protección Civil, por lo cual se suspendieron los efectos del cómputo de los términos y plazos procesales. Adicionalmente, del uno al nueve de agosto de dos mil veinte no podrían programarse citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales, éstas iniciarían a partir del lunes diez de agosto de dos mil veinte, para permitir que el personal jurisdiccional retorne a las labores presenciales antes de que deba atender a las personas justiciables que acudan físicamente, en términos del artículo 2 fracción VII, del Acuerdo General 21/2020, mencionado. De igual modo, el periodo acontecido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, debido a la suspensión de plazos y términos en los asuntos distintos a casos urgentes o esquema de juicio en línea, de conformidad con la Circular CAP/3/2020, en relación con los Acuerdos Generales 13/2020 y 21/2020; este último cuya vigencia fue ampliada en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en las áreas administrativas del propio Consejo por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, reanudándose los plazos y términos procesales a partir del doce de enero pasado. Entonces, con apoyo en el numeral invocado en el párrafo que antecede, SE DECLARA LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DEL ERARIO FEDERAL, de la suma que ampara el citado billete de depósito; por tanto, con trascripción de este proveído, remítase dicho documento debidamente transferido a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ilustra lo anterior, la tesis II.3o.P.32 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 83, Tomo III, febrero 2021, página 2882, registro digital 2022723, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO. EL CÓMPUTO DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES PARA SU PROMOCIÓN RESPECTO DE ASUNTOS TRAMITADOS FÍSICAMENTE DE MANERA PREVIA A LA SUSPENSIÓN DE LABORES DECRETADA A PARTIR DEL 18 DE MARZO DE 2020 POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19, SE REANUDÓ EL 3 DE AGOSTO SIGUIENTE. De la interpretación conjunta y sistemática de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que a raíz de la pandemia global de salud derivada de la propagación del virus COVID-19, dicho órgano colegiado estableció la suspensión total de actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte y, como consecuencia, se determinó que no correrían plazos y términos procesales. Normativa que, a su vez, tuvo como objetivo la implementación de esquemas de trabajo y medidas de contingencia para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y no así para la reanudación de los plazos y términos suspendidos en el Acuerdo General 4/2020; esto, con la salvedad de que si bien se vislumbró la viabilidad de la tramitación y continuación de asuntos en los órganos jurisdiccionales, lo cierto es que se establecieron las siguientes limitantes: a) los casos nuevos que se calificaran como urgentes, promovidos físicamente o en línea; b) la resolución de casos tramitados físicamente (previamente a la contingencia) en los que únicamente se encontraba pendiente la emisión de la sentencia o resolución final; y, c) la reanudación del trámite y resolución de los juicios que se hubiesen gestionado en línea con anterioridad al periodo de la contingencia, con excepción de los que requirieran la presencia física de las partes en audiencias o diligencias pendientes por desahogarse. La suspensión antedicha fue prorrogada como medida de protección para el personal del Poder Judicial de la Federación en diversas ocasiones; sin embargo, ésta culminó material y jurídicamente a partir del 3 de agosto de 2020. De ahí que deba tomarse dicha fecha como el momento procesal en que se reanudó el cómputo de plazos y términos legales para la promoción del juicio de amparo en todos aquellos asuntos que fueron tramitados físicamente, de manera previa a la suspensión del 18 de marzo anterior." Asimismo, la tesis XVII.2o.8 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 81, Tomo II, diciembre 2020, página 1726, registro digital 2022536, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLAZOS PARA LA PROMOCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO, PREVISTA EN EL ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, COMO MEDIDA PREVENTIVA CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). OPERA EN FAVOR DE LOS QUEJOSOS EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA URGENTE DEL ASUNTO. Una interpretación sistemática, teleológica y funcional del acuerdo general citado -reformado mediante el diverso Acuerdo General 10/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con su periodo de vigencia- y relevantemente de sus artículos 1 y 4, conduce a este tribunal a sostener que los plazos para la presentación de las demandas de amparo permanecieron suspendidos en el periodo comprendido del seis de mayo al quince de junio de dos mil veinte, inclusive en los asuntos de naturaleza urgente. La anterior conclusión se sustenta en la intención expresada en dicho acuerdo, de suspenderlos durante la vigencia de las medidas de distanciamiento social dirigidas a evitar la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19), las cuales inhibieron la afluencia de los servidores públicos a los centros laborales y redujeron notablemente la capacidad para la atención del trámite de los asuntos jurisdiccionales, así como en sus objetivos inmediatos de salvaguardar tanto la salud de los servidores públicos y usuarios del sistema de Justicia Federal, como el derecho de acceso a la justicia de los gobernados y la subsistencia de sus derechos procesales frente a la crisis sanitaria. En este contexto, vinculó a los órganos jurisdiccionales a brindar atención inmediata e ininterrumpida a los asuntos que deban ser calificados por el juzgador como urgentes, con la finalidad de garantizar en beneficio de los agraviados una tutela judicial efectiva para los casos que no admitan una espera prolongada, por la entidad de los derechos humanos involucrados. Por esa razón, el acuerdo mencionado, en lo relativo a la suspensión del plazo para presentar la demanda, no distinguió entre casos urgentes y los que no lo son, ni tuvo como objetivo someter a dicho plazo únicamente la acción de amparo en los casos urgentes, en virtud de que estos objetivos no corresponden a los fines perseguidos por el aludido instrumento normativo. De donde se sigue que para el inicio del cómputo del plazo para la presentación de las demandas de amparo, debe considerarse la suspensión de plazos durante el periodo de vigencia del referido acuerdo general 8/2020, independientemente de que se trate de asuntos urgentes o no, porque esta conceptualización se desarrolló con el solo objetivo de garantizar el trámite de los asuntos nuevos de atención inmediata y continua durante la etapa de contingencia y no para someter a los quejosos en los casos urgentes al plazo para pedir amparo, excluyéndolos de aquella suspensión. Estimar lo contrario vulneraría el principio de tutela judicial efectiva, que engloba el derecho de acceso a la jurisdicción, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la calificación de un caso como "urgente" requiere de un análisis cuidadoso, bajo los principios y postulados que son propios de una decisión jurisdiccional, conforme al artículo 4 del mencionado acuerdo general. Por tanto, sería excesivo, por desproporcionado, exigir que los justiciables deban anticipar esa decisión antes de presentar su demanda para determinar si se está o no en el supuesto de suspensión de los plazos que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo durante el periodo de referencia. Situación que resulta jurídicamente inadmisible, por la incertidumbre jurídica que se generaría en perjuicio de los gobernados. En el mismo sentido, se arriesgaría la racionalidad de las medidas instauradas por el Consejo de la Judicatura Federal si, por una parte, para garantizar el acceso a la justicia en asuntos urgentes se dispone y facilita el trámite del amparo pero, por otra, para ejercer ese derecho se somete al agraviado al plazo fatal para interponer la demanda, a pesar de las condiciones de confinamiento y medidas sanitarias impuestas en el contexto sanitario grave de una pandemia, en desproporción y desventaja frente a los casos no urgentes, en donde ese término fue suspendido." Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 9.VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV, Núcleo I, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, solicita se señale fecha y hora para que se presente el consultor técnico Miguel Ángel Corona Saldaña, perito en materia de Documentoscopía Forense, con el fin de que esté en condiciones de realizar el dictamen pericial correspondiente en la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0001081/2018; al respecto se acuerda: Dígase a la autoridad oficiante, que el experto podrá presentarse en las instalaciones que ocupa este órgano jurisdiccional de lunes a viernes en un horario de nueve de la mañana a tres de la tarde, con identificación oficial vigente, para que esté en condiciones de realizar el dictamen pericial pertinente.

  4. Principal

    MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Encargado de la Célula IV, Núcleo I, de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, solicita se señale fecha y hora para que se presente el perito en materia de Documentoscopía Forense, con el fin de que esté en condiciones de realizar el dictamen pericial correspondiente en la carpeta de investigación FED/TAB/VHS/0001081/2018; al respecto se acuerda: Antes de acordar su solicitud, este órgano jurisdiccional necesita que precise el nombre del perito en materia de Documentoscopía Forense, que comparecerá a las instalaciones que ocupa este juzgado, lo anterior para tener la certeza de la persona que tendrá acceso a la documental que solicita se ponga a la vista. Por otra parte, respecto al acceso al juicio de amparo 73/2018-4, dígase a la autoridad oficiante que no ha lugar a acordar favorable su petición, toda vez que los juicios de amparo se manejan por cuerda separada, y no deben estar inmersos en un solo ocurso, dado que de lo contrario, habría confusión en el procedimiento, sin que sea dable discernir que al presentarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional tenga la ineludible obligación de realizar su separación y darles el cauce legal respectivo, por lo que los escritos que promuevan las partes deben presentarse de manera independiente. Apoya a lo anterior, por analogía, la tesis I.6o.C.76 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1451, Tomo XX, Diciembre de 2004, Materia(s): Común, Novena Época, de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO EL PROMOVENTE HACE VALER LOS MEDIOS DE DEFENSA CONTRA SU INDEBIDO CUMPLIMIENTO, DEBERÁ PROMOVERLOS POR CUERDA SEPARADA Y EN FORMA INDEPENDIENTE. Los medios de defensa que la Ley de Amparo prevé para cada hipótesis legal cuando se pretenda indebido cumplimiento a la ejecutoria que concede el juicio de garantías, tienen una tramitación propia en la que debe cumplirse con las formalidades que éstos establecen, de tal manera que, al ser accionados por el gobernado, éste debe cumplir con los lineamientos trazados por los preceptos que los regulan, de lo que se colige que, por seguridad jurídica, para prevenir desconcierto en su tramitación deben promoverse por cuerda separada y no estar inmersos varios de ellos en un solo ocurso de agravios dado que, de lo contrario, habría confusión en el procedimiento, sin que sea dable discernir que al presentarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional tenga la ineludible obligación de realizar su separación y darles el cauce legal respectivo, toda vez que al sustanciarse de la manera apuntada, ello conllevaría a la imposibilidad jurídica de resolver qué argumentos son propios de cada medio de defensa, que por la naturaleza y efectos jurídicos que tiene cada uno de ellos, deberán presentarse en forma independiente."

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