Julio Sergio Alvarado Andrade
Expediente 464/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Julio Sergio Alvarado Andrade
Actuaciones
- Principal
HA QUEDADO FIRME, el auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno para todos los efectos legales a que haya lugar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.
- Principal
FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo signada por ************, por su propio derecho y como defensores de *************, a través de la cual solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la Región Centro, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente 464/2021-IV-A, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO ANÁLISIS DE ACTUALIZACIÓN DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al Juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Del mencionado precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de amparo sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones, y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto se cita, solo en la idea sustancial y jurídicamente conducente, la jurisprudencia del entonces Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". De lo que se sigue que el juicio de amparo indirecto no procede cuando la improcedencia resulte de alguna disposición como de las que se hace referencia. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Expuesto lo anterior, cabe señalar que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Por lo que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las ideas expuestas fueron extraídas, en lo conducente, de la Jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese contexto, este órgano de control constitucional estima aplicable en el caso, en la idea conducente, los lineamientos expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia P./J. 37/2014. Ello, pues en la especie se reclama al Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento de la Región Centro, con residencia en esta ciudad, la determinación emitida el seis de abril del año en curso, en el proceso penal 324/2021, por la que se habría negado la utilización de medios electrónicos (tabletas y/o celulares) en la audiencia inicial para efecto de tener acceso a internet, para un mejor desempeño en sus funciones. Lo cual, sólo constituye una determinación dentro del juicio, cuya ejecución no es de imposible reparación, pues se traduce en supuesta violación de carácter adjetivo que podría ser intrascendente si la parte promovente obtiene sentencia favorable en la referida causa penal. Esto es, se reclama una determinación en la que a fin de cuentas no se habría permitido la utilización de medios electrónicos, lo cual, por su naturaleza jurídica es un acto que sólo afecta derechos adjetivos, ya que sus efectos serán que se continúe con el citado procedimiento, en el que, en su caso, se emitirá luego una resolución la cual puede ser favorable al defendido como parte promovente y, que en ese evento, desaparezca la posible transgresión de que se duele o que en todo caso pueda reclamarse en el amparo directo que pudiera intentarse contra la sentencia, de conformidad con el artículo 173, Apartado B, fracción XIX, en relación con la fracción X, de la Ley de Amparo. Empero, en forma alguna afecta derechos sustantivos como son: la vida, la integridad personal, la libertad o la propiedad, entre otros, que implique que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan el ejercicio actual de un derecho. Luego, como se adelantó, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses legales del defendido de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio de origen por sus etapas, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Sirven de apoyo a lo anterior, por los razonamientos jurídicos que las contienen, las jurisprudencias siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido ambos de la Ley de la Materia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del citado acto reclamado, atento su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la citada legislación. Por otra parte, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo Abrogada, se invocan en términos del artículo Sexto transitorio de la vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad, y como su autorizada únicamente para esos efectos a **********, toda vez que no aparece registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, tal como se advierte de la certificación de cuenta. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO VÍA INTERNET Se autoriza a Julio Sergio Alvarado Andrade, para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico correspondiente y sea notificado de las resoluciones y acuerdos que se dicten y promover lo conducente en este juicio de amparo; lo anterior, una vez que la Secretaria actuante lleve a cabo los trámites para acceder al portal de SISE dentro de la intranet del Consejo de la Judicatura Federal, en la dirección electrónica http://10.100.125.33/sise/login.aspx, para agregar al usuario "JSALVARADO", que el referido quejoso registró en el sistema respectivo, previa verificación y cotejo de coincidencia del solicitante y el usuario de mérito. MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta para la reproducción electrónica a través de lector óptico, fotografías o scanner de las actuaciones del presente expediente, SIEMPRE Y CUANDO SE INFORME AL SECRETARIO RESPECTIVO antes de realizar esa actividad para asentar la constancia respectiva, y se trate de actuaciones que no sean de uso reservado o restringido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso.
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