Julio Segura Garcia

Expediente 885/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
885/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/07/2022

Partes del expediente

  • Julio Segura Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo haya interpuesto recurso de queja, conforme al diverso numeral 99 de la citada legislación, en contra del auto de ocho de julio de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que este expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por tanto, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, destrúyase dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del propio Consejo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales. Notifíquese. QSJA

  2. Principal

    MESA V. Vista la demanda de amparo promovida por..., por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 885/2022-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DESECHAMIENTO En esas condiciones, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, lo que es así porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del plazo de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De otra manera, la improcedencia manifiesta e indudable implica que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: IV. ACTO RECLAMADO.- A TODAS LAS AUTORIDADES LES RECLAMO LO SIGUIENTE: LA ILEGAL DESIGNACIÓN DEL C. URIEL GONZÁLEZ SOTELO, COMO TITULAR DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. LA VIOLACIÓN ESENCIAL AL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. LA VIOLACIÓN EXISTEN (SIC) Y MANIFIESTA A LOS ARTÍCULOS 99, 100 Y 101 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE MORELOS. LA DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL C. URIEL GONZÁLEZ SOTELO COMO TITULAR DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DE LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS. DEBIDO A QUE FUE POR CÉDULA SECRETA." En este orden de ideas, de lo anterior se desprende que en esencia el quejoso reclama los actos que se hacen consistir en: La designación del Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Administración y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, así como el procedimiento llevado a cabo para la designación de dicho funcionario. Ahora bien, ya en materia de análisis de la causal de improcedencia que en la especie se considera actualizada, es preciso traer a glosa el contenido del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, que establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo constituyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;." La interpretación del precepto referido en el párrafo anterior, en correlación con el orden constitucional mexicano, así como con la naturaleza del juicio de amparo, permite advertir que dicho juicio es improcedente cuando se reclamen resoluciones o declaraciones relativas a la elección de funcionarios por parte de las Legislaturas de los Estados o sus Comisiones, en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. En ese sentido, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad que lo emite, este juzgador considera que es manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se actualiza, pues en el caso se tiene la certeza de que la designación del Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, constituye una resolución o declaración soberana o discrecional relativa a la elección de funcionarios por parte de la Legislatura Estatal a las que refiere el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, como a continuación se precisa, al tenor de las consideraciones que rigen la jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a), y que son aptas para dilucidar la cuestión debatida en el presente caso. Así, la Segunda Sala del Alto Tribunal de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J. 102/2018, hace referencias determinantes justo en relación con la causal de improcedencia contenida en el artículo artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, particularmente en el sentido de que el establecimiento de ciertas reglas especiales en el procedimiento para la elección de los magistrados de un tribunal local, como una votación determinada, que los candidatos sean propuestos por distintas autoridades, o bien, la expedición de una convocatoria, que necesariamente debe seguir el órgano legislativo al que la constitución correspondiente le atribuya la potestad de elección, no menoscaba el carácter autónomo de dicha facultad, pues no lo vinculan para que resuelva en algún sentido ni sujetan su voluntad a la deliberación de alguna persona o ente ajeno al propio órgano del Estado. Es decir, el Máximo Tribunal del País, en su más reciente criterio respecto actos o facultades soberanas de los Congresos de los Estados, en procedimientos de elección de funcionarios, definió que no es obstáculo para considerar que la designación de los magistrados de un tribunal de anulación local se trata de una facultad soberana y discrecional el hecho de que dicho procedimiento se encuentre regulado en la constitución respectiva o en alguna norma, pues aunque el órgano legislativo de que se trate deba observar dichas reglas o requisitos previstos para tal efecto, el acto final del procedimiento es una decisión libre que exterioriza cada uno de sus integrantes, y es este último acto el que revela que se está ante una atribución soberana, en tanto que la propia constitución permite que sea cada diputado, en lo individual, quien aprecie a nivel interno el sentido de su voto. La jurisprudencia en consulta se localiza en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo I, página 887, con número de registro digital 2017916, que establece: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. SU ELECCIÓN POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL ES UN ACTO SOBERANO EMITIDO EN USO DE FACULTADES DISCRECIONALES, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 60 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece sustancialmente, que para la elección de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, el Consejo de la Judicatura, previa convocatoria realizada por el Congreso del Estado a la sociedad en general, someterá a consideración de éste una lista de candidatos al cargo, y que por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al Magistrado que deba cubrir la vacante dentro de un término improrrogable de 30 días; de lo que se concluye que quien elige de manera independiente a esos juzgadores, sin injerencia de algún otro ente o poder público, es el Poder Legislativo. Entonces, si la elección de los Magistrados no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, esto significa que se está ante un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales y, por tanto, esa elección y el procedimiento que le antecede no son impugnables a través del juicio de amparo, al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por cuanto prevé que ese juicio es improcedente cuando se reclaman, entre otras, resoluciones de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, relativas a la elección de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Además, el hecho de que en el procedimiento de elección corresponda a la Comisión de Justicia del Congreso Local calificar que los candidatos reúnen los requisitos para ocupar el cargo de Magistrado, lo cual queda plasmado en el dictamen que somete a consideración de la Asamblea, es una circunstancia que no disminuye el carácter soberano de la facultad de nombramiento, ya que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado emitir su voto; y la valoración que en lo personal realicen dichos legisladores de las aptitudes de cada uno de los candidatos, es una cuestión que corresponde a su fuero interno al momento de votar". No es obstáculo para considerar aplicable el criterio en cita, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala haya examinado una legislación local distinta a la del Estado de Morelos y se relacione con la designación de magistrados de un supremo tribunal de justicia y no específicamente con la de un funcionario como al que se refiere el acto reclamado, Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, pues las consideraciones ahí expuestas son aptas para decidir la controversia que nos ocupa, ya que se relacionan con el mismo punto en controversia, a saber, si el hecho de que en los ordenamientos legales correspondientes se prevea una serie de reglas o requisitos que se deben colmar por el órgano legislativo de que se trate, en el procedimiento de elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las propias constituciones les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente, desvanecen estas características, respecto de lo cual, como se informó, el alto tribunal determinó que no. Ahora bien, para sostener lo anterior, en el caso particular, es imprescindible revisar el contenido de los numerales que regulan el procedimiento de designación del Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Así, el artículo 116, fracción II, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Art. 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: II. Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades." Por su parte, los numerales 40, fracción XLIV y último párrafo del artículo 84, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establecen: "Artículo 40. Son facultades del Congreso: . XLIV.- Designar y remover, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, al Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado; así como ratificar con el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura, el nombramiento del Secretario de la Contraloría del Estado; así mismo, observando el principio de paridad de género, designar con el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, a los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos Públicos Autónomos a que se refiere el artículo 23-C de esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos del Estado; y a los miembros de la Comisión de Selección que elegirá a su vez a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción;" "Artículo 84. La revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada de los Poderes y los Municipios, los Organismos Autónomos Constitucionales y, en general, todo Organismo Público, persona física o moral del sector social o privado que por cualquier motivo reciba o haya recibido, administrado, ejerza o disfrute de recursos públicos bajo cualquier concepto, la realizará la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que es el órgano técnico de fiscalización, auditoría, control y evaluación del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley, y estará a cargo de un Auditor General de Fiscalización. Para la consecución de sus objetivos, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, contará con un Servicio Profesional de Auditoría, el que, mediante concursos de oposición interno y externo, será el mecanismo para el ingreso, permanencia y promoción de su personal. En las etapas de reclutamiento regirán los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género. El Congreso del Estado evaluará el desempeño de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, a través del Consejo de Vigilancia; el cual tendrá las atribuciones que la ley le confiera. . B.- El Auditor General de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, será electo por una sola ocasión por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, durará en el cargo ocho años, deberá contar con cinco años de experiencia en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, además de los requisitos establecidos en las fracciones I, II y VI del artículo 90 de esta Constitución. Durante el ejercicio de su cargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los de docencia y los no remunerados en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia. Para su designación se conformará una comisión calificadora integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, la cual presentará al Pleno del Congreso la propuesta correspondiente. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento para su designación. Podrá ser removido exclusivamente por las causas graves que la ley señale con la misma votación requerida para su nombramiento o por las causas conforme los procedimientos establecidos en el titulo séptimo de esta constitución." Y los artículos 71 a 75 y 100 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado Morelos, estatuyen: "Artículo 71. Al frente de la ESAF habrá un Auditor General que será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, será designado conforme a lo previsto por los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 84 de la Constitución." "Artículo 72. La designación del Auditor General se sujetará al procedimiento siguiente: I. La Comisión Calificadora formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto de recibir durante el periodo de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el puesto de Auditor General. La Comisión Calificadora podrá consultar a las organizaciones de la sociedad civil y académicas que estime pertinente, para postular los candidatos idóneos para ocupar el cargo; II. Concluido el plazo anterior, y recibidas las solicitudes con los requisitos y documentos que señale la convocatoria, la Comisión Calificadora dentro de los cinco días naturales siguientes, procederá a la revisión y análisis de las mismas; III. Del análisis de las solicitudes se entrevistará por separado para la evaluación respectiva y dentro de los cinco días naturales siguientes, a los candidatos que, a su juicio, considere idóneos para la conformación de una terna; IV. Conformada le (sic) terna, en un plazo que no deberá exceder de tres días naturales, se formulará dictamen, a fin de proponer al Pleno los tres candidatos, para que esté proceda, en los términos del artículo anterior, a la designación del Auditor General, y V. La persona designada para ocupar el cargo protestará ante el Pleno de la Legislatura." "Artículo 73. En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dictamen para ocupar el cargo de Auditor General, haya obtenido la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Comisión Calificadora, se volverá a someter una nueva propuesta en los términos de artículo anterior." "Artículo 74. El Auditor General durará en el cargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez, previa evaluación realizada por el órgano de gobierno del Congreso. Permanecerá en funciones hasta en tanto la Legislatura no designe al entrante. El Auditor General sólo podrá ser removido por la Legislatura por causas graves, con la misma votación requerida para su nombramiento, así como por las causas y conforme a los procedimientos previstos en esta Ley." "Artículo 75. Para ser Auditor General se requiere satisfacer los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, de preferencia morelense, y estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; II. Haber residido en el Estado durante los últimos 10 años, salvo el caso de ausencia por un tiempo máximo de seis meses, motivado por el desempeño del servicio público; III. (DEROGADA, P.O. 15 DE FEBRERO DE 2018) IV. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal de más de un año de prisión, o destituido o suspendido de empleo, si se trata de juicio de responsabilidad; pero si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; V. No haber ejercido algún cargo de elección popular, ni haber sido dirigente de algún partido político, postulado para cargo de elección popular, en el año previo a su designación; VI. Contar, al momento de su designación, con título de nivel licenciatura en derecho, contaduría o administración, expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello y con experiencia en cualquiera de las actividades o funciones relacionadas en (sic) deberá contar con cinco años de experiencia en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, y VII. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado. [.] Artículo 100. El titular del Consejo de Vigilancia deberá cumplir los requisitos que esta Ley establece para el Auditor General, durará en el cargo cuatro años y será designado y removido por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes en sesión de Pleno, de una terna propuesta y evaluada por la Comisión Calificadora. Ahora bien del contenido del artículo 100 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado Morelos se advierte que el Titular del Consejo de Vigilancia deberá cumplir con los requisitos que establece la Ley para Auditor General, quien será elegido de una terna propuesta y evaluada por la Comisión Calificadora, durará en el cargo cuatro años y será designado y removido por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presente en sesión del Pleno. Como se advierte de los dispositivos legales anteriormente transcritos el procedimiento para la designación del Titular del Consejo de Vigilancia es similar al proceso para designar al Auditor General, advirtiéndose que la designación y remoción de dicho funcionario estará bajo la facultad exclusiva de las dos terceras partes de los Diputados del Congreso del Estado de lo que se colige que el citado nombramiento o remoción es una facultad exclusiva del Congreso del Estado de Morelos, tal como lo señala el artículo 40 fracción XLIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano e Morelos y que el procedimiento para la designación de este funcionario es similar a lo contemplado en el artículo 84 fracción B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. De lo anteriormente expuesto, se desprende lo siguiente: Es facultad del Congreso del Estado designar y remover, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura, al Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos; La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, es el órgano técnico de fiscalización, auditoría, control y evaluación del Congreso del Estado, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y de decisión sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la Ley, y será evaluada por el Congreso del Estado de Morelos, a través del Consejo de Vigilancia, el cual tendrá atribuciones que la Ley le confiera. Para la consecución de sus objetivos, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, contará con un Servicio Profesional de Auditoría, el que, mediante concursos de oposición interno y externo, será el mecanismo para el ingreso, permanencia y promoción de su personal. En las etapas de reclutamiento regirán los principios de legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género. El Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, será designado y removido por el voto de las dos terceras partes de los Diputados presentes en sesión de Pleno, de una terna propuesta y evaluada por la Comisión Calificadora, durará en el cargo cuatro años. Para la designación del Titular del Consejo de Vigilancia se conformará una comisión calificadora integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios, la cual presentará al Pleno del Congreso la propuesta correspondiente. La Ley establecerá los requisitos y el procedimiento para su designación. Podrá ser removido exclusivamente por las causas graves que la ley señale con la misma votación requerida para su nombramiento o por las causas conforme los procedimientos establecidos en el titulo séptimo de esta constitución. La designación del Titular del Consejo de Vigilancia se sujetó al procedimiento siguiente: 1. La Comisión Calificadora formuló la convocatoria pública correspondiente, a efecto de recibir durante el periodo de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para ocupar el puesto de Titular del Consejo de Vigilancia; 2. Concluido el plazo anterior, y recibidas las solicitudes con los requisitos y documentos que señaló la convocatoria, la Comisión Calificadora dentro de los cinco días naturales siguientes, procedió a la revisión y análisis de las mismas; 3. Del análisis de las solicitudes se entrevistó por separado para la evaluación respectiva y conformó la terna que, a su consideración, cumplían con los requisitos que se establecen en el artículo 84 de la Constitución Estatal; 4. Conformada la terna, se sometió al pleno de la asamblea legislativa el dictamen presentado por la comisión calificadora, el cual contiene la terna propuesta aprobándose por unanimidad dicho acuerdo y, en votación por cédula se llevó a cabo la designación correspondiente en términos del artículo 100 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Morelos. De la anterior, puede advertirse que si bien en el procedimiento de elección del Titular del Consejo de Vigilancia, una Comisión Calificadora formulará la convocatoria pública correspondiente, a efecto de conformar la terna, a fin de proponer al Pleno los tres candidatos -en términos de lo preceptuado por el artículo 100 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado Morelos-, el que, en uso de su facultad soberana y discrecional procederá a la designación del Auditor General; lo cierto es que, es el Congreso del Estado quien finalmente elige de manera independiente al nuevo Titular del Consejo de Vigilancia, sin injerencia de algún otro ente o poder público. Máxime que la referida Comisión Calificadora encargada de formar la terna, a su vez está integrada por los coordinadores de los grupos parlamentarios del propio Congreso Estatal, lo que confirma que sólo es el órgano legislativo el que interviene en el referido procedimiento de elección. En consecuencia, si la elección del Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, no requiere de la aprobación, supervisión o aval de algún otro órgano o ente público, debe considerarse que tal acto sí se trata de un acto soberano emitido en uso de facultades discrecionales del Congreso. Lo anterior, porque cuando el Congreso elige al Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en cumplimiento al propio mandato constitucional de la entidad. Por ello, si bien la elección del Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, está sujeta a la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado y a propuesta de la Comisión Calificadora, previa convocatoria a la sociedad, lo cierto es que estas reglas especiales de procedimiento (lineamientos reglados), como lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la citada jurisprudencia 2a./J. 102/2018 (10a), no menoscaban al carácter autónomo de la facultad del Congreso del Estado de decisión en sentido determinado, ni sujeta su voluntad a la deliberación de persona o ente alguno ajeno al propio órgano legislativo. Amén de que, aun cuando en el procedimiento de elección del Titular del Consejo de Vigilancia, corresponde a la citada Comisión, calificar que los candidatos reúnan los requisitos para ocupar referido cargo, lo cierto es que una vez elaborada la lista respectiva, y sometida a votación ante el Pleno del Congreso, queda a discreción de cada diputado la emisión de su voto, y la valoración que en lo personal realice de las aptitudes de cada uno de los candidatos es una cuestión que corresponde a su fuero interno a la hora de emitir su voto. Lo anterior, justifica que en el acta de sesión sólo esté plasmado el sentido del voto y no así su motivación ni fundamentación; pues no pueden juzgarse las razones o motivos que llevaron a cada Diputado a votar por un determinado aspirante, por lo cual resulta lógico que el amparo devenga improcedente contra este tipo de elecciones, en tanto se trata de actos autónomos y discrecionales. En suma, no es obstáculo que el procedimiento para la elección del Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, no se encuentre regulado en la Constitución Local sino en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado Morelos, pues a pesar que la Comisión Calificadora está obligada a observar las reglas establecidas en dichos ordenamientos; como se ha destacado, el acto final de dicho procedimiento que corresponde a la designación del Titular del Consejo de Vigilancia, es una decisión libre de cada uno de los integrantes del Congreso Local; lo que demuestra claramente que se está ante una facultad soberana. . Situación diversa a la que resulta del marco normativo que rige la elección del Titular del Consejo de Vigilancia de la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos, pues como se ha visto, para la designación de éste, no se requiere intervención de algún otro órgano o ente público distinto al Congreso del Estado, de ahí su calidad de acto soberano no impugnable a través del juicio de amparo. . 56. Al respecto, cabe señalar que si bien la característica referida (fundamentación y motivación) es necesaria en los procedimientos de ratificación, como los que se analizaron en la citada contradicción de tesis, en tanto que allí el Congreso debe valorar el desempeño del Magistrado respectivo y exponer las razones para ratificarlo o no; lo cierto es que esas características no aplican en el caso de elección de Magistrados..." Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Julio Segura García, por propio derecho. DOMICILIO Y AUTORIZADOS SIN CEDULA Se tiene como domicilio procesal el que señala y con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, así como a Edgar Colín Villagrán y Humberto Ángel Pérez Torres, toda vez que no proporciona los datos de las cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL Por otra parte, respecto a su solicitud de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que refiere, dígase la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud; ello, con fundamento en los artículos 26 fracción III, 27 fracción I y 108 fracción I, en virtud de que las notificaciones serán realizadas en el domicilio indicado por la parte quejosa y de no señalar domicilio se harán por medio de lista. No obstante lo anterior, se tiene el correo electrónico proporcionado, como medio de comunicación no procesal con dicha parte. REPRODUCCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la solicitud de que se permita la reproducción de los autos por medios electrónicos, se autoriza el uso de las herramientas tecnológicas que señala, en el entendido que el solicitante es parte en el presente juicio y el uso que haga de la información contenida en las constancias que integran el expediente, deberá ser con la diligencia y lealtad procesal debida para la defensa de su interés en el presente juicio, toda vez que dada la naturaleza de las mismas pueden contener información clasificada como reservada o confidencial e inclusive información que no esté relacionada directamente con las partes o la litis planteada en este asunto; por lo que no podrán reproducirse documentos o textos cuya difusión o información en ellos contenida, se encuentre clasificada, reservada por disposición legal o si previamente deba mediar autorización a la parte interesada para obtener su reproducción, por lo que cualquier uso distinto, reproducción o publicación que haga de la información antes referida, podrá ser causa de responsabilidad de conformidad con las disposiciones legales aplicables. . HABILITACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilitan días y horas inhábiles al actuario de la adscripción, para la práctica de todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, aún las de carácter personal. HABILITACIÓN A LOS ACTUARIOS PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR MEDIO DE LISTA En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    MESA II.- ...agréguese a los autos el oficio del Director de Especialidades Médicas de la Coordinación General Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General de Republica, por medio del cual informa que ha notificado al perito oficial materia de antropología social ....., el contenido del proveído de nueve de junio dos mil veintidós. En atención a su contenido, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que con fecha veintinueve de junio del año en curso, el perito oficial materia de antropología social Abel Rodríguez Carrillo, compareció a este Juzgado Federal a aceptar el cargo conferido. Notifíquese....

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