Julio Sedeño Puig

Expediente 710/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
710/2021
Año
2021
Actuaciones
27
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Julio Sedeño Puig
  • Juan José Sedeño Puig y Otros.
  • Juan José Sedeño Puig
  • Julio Sedeño Puig y Otros.
  • Cynthia Sedeño Cerda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Ciudad de México, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta de los cuales, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha los quejosos, a quienes pudiera causarle perjuicio, hayan interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto de tres de marzo de este año, en el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo, en consecuencia, la citada determinación ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es depurable, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que, se sobreseyó en el juicio y se concedió el amparo y protección de la justicia Federal, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años a que se refiere el primer párrafo de dicho artículo. Devolución de documentos exhibidos en el juicio Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido que, de no hacerlo, serán destruidos junto con este sumario. Finalmente, atento lo ordenado en el primer y segundo párrafo del artículo 35 del aludido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el director de Operación e Inversión de Fondos adscrito a la Dirección General de Administración Financiera, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual informa que el quejoso ******************** no ha cobrado el documento crediticio expedido en su favor con motivo de la concesión de amparo. De lo que se toma conocimiento. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se cuenta con las constancias suficientes para determinar si se han colmado los efectos de la sentencia constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, esta juzgadora procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En ese sentido, del análisis de las constancias de autos se advierte que se concedió la protección constitucional para los efectos siguientes: "Además, con las pruebas ofrecidas en el juicio quedó demostrado que el inmueble de la parte quejosa con clave catastral ******************** es de uso habitacional y se ubica en el rango relativo a la letra "N", por lo que procede CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que para el cálculo y entero del impuesto predial en el ejercicio fiscal dos mil veintiuno y hasta en tanto no sea reformado el precepto declarado inconstitucional, la parte quejosa aplique el veinticinco por ciento (25%) de descuento sobre el monto del impuesto predial que resulte a su cargo, por ser este el último porcentaje de descuento previsto en el acuerdo administrativo reclamado. Es decir, en razón a lo expuesto en esta ejecutoria, el efecto del amparo concedido debe ser para lo siguiente: 1. No se aplique al impetrante ********************, el Acuerdo de Carácter General declarado inconstitucional, hasta en tanto no sea reformado o derogado. 2. En virtud de que el quejoso realizó el pago anual del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con respecto al inmueble con clave catastral ******************** en mérito de lo expuesto: Se le aplique el porcentaje de subsidio establecido en el rango "G" del inciso b) del artículo segundo del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, conforme al lugar en el que se ubique el inmueble y de acuerdo con su valor catastral y, en caso de existir diferencias entre el monto enterado por la parte quejosa y el que resulte de aplicar la mecánica anteriormente referida, le sean devueltas. Lo anterior, porque en el inciso b), del artículo segundo del Acuerdo de Carácter General tildado de inconstitucional, se establecen los rangos de valor más altos que deben aplicarse para el pago del impuesto, siendo que el subsidio previsto en el rango "G: 25%", es el último porcentaje de descuento y el más cercano al rango en que se encuentra el inmueble del quejoso, que es "N", por eso es el que debe ser aplicado. Sin que pase inadvertido que las cuotas de subsidio previstas en los rangos "A", "B", "C", y "D", del inciso a), del artículo segundo del Acuerdo reclamado, pudieran ser más benéficas, ya que lo verdaderamente trascendente es que el inmueble de la parte quejosa se encuentra más cercano al rango "G", y que, al ser éste el último rango que prevé un descuento, ese es el que debe ser aplicado. Lo anterior, es acorde con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 226/2009, visible en la página 283, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de enero de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PREDIAL. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, PUNTO 2, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). La concesión del amparo contra el indicado precepto que viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por efecto que, hasta en tanto no sea reformado, el contribuyente aplique el 10% de descuento sobre el monto del impuesto predial que resulte a su cargo, por ser éste el último porcentaje efectivo de descuento previsto en la tabla del artículo 152, fracción II, punto 2, del Código Financiero del Distrito Federal, siempre que el inmueble sea de uso habitacional (o si es de uso mixto, dicho porcentaje se aplicará a la parte proporcional que corresponda al uso habitacional, en términos de los párrafos penúltimo y último del citado precepto) y se ubique en alguno de los rangos del "K" al "P" de la tarifa contenida en la fracción I de ese precepto; además, la autoridad fiscal está obligada a devolver las diferencias que resulten a favor del contribuyente al aplicarse el descuento señalado." Dicho criterio es aplicable, porque lo que se establecía en el artículo 152, fracción II, punto 2, del Código Financiero del Distrito Federal, y lo que ahora se regula en el artículo segundo, incisos a) y b), del Acuerdo reclamado, son mecánicas de aminoramiento del impuesto predial que resultan similares, ya que, por un lado, se establece la aplicación de cuotas fijas disminuidas para los inmuebles de los rangos "A", "B", "C" y "D", de la tarifa prevista para el cálculo del tributo; y, por otro, respecto de los rangos subsecuentes ("E", "F", "G", "H", "I" y "J", del artículo 152, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal; y, "E", "F" y "G", del diverso 130, fracción I, del Código Fiscal de la Ciudad de México) se establecen porcentajes de subsidio o descuento aplicables a cada renglón. [.] En consecuencia, los efectos que fueron decretados por la resolutora federal no son ajustados a derecho respecto del quejoso ********************, pues se sustentan en un sistema de beneficios que no es aplicable al Acuerdo reclamado, en tanto la juzgadora fijó los efectos en el sentido en que lo hizo en apoyo de lo sustentado por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en la jurisprudencia de rubro: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.", siendo que como ya se evidenció dicha porción normativa no es similar a lo previsto en el Acuerdo reclamado, de ahí que para la fijación de los efectos de la concesión no era procedente su aplicación. DÉCIMO PRIMERO. Efectos del amparo. Por ende, el amparo concedido a uno de los quejosos por la Juez de Distrito y a otros por este Tribunal Colegiado en la presente ejecutoria, debe ser para que: 1. No se aplique a los impetrantes ******************** (1), ******************** (2), ******************** (3) y ********************(4), el Acuerdo de Carácter General declarado inconstitucional, hasta en tanto no sea reformado o derogado. 2. En virtud de que los peticionarios del amparo realizaron el pago anual del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con respecto a los inmuebles con claves catastrales ************, en mérito de lo expuesto: Para que se les aplique el porcentaje de subsidio establecido en el rango "G" del inciso b) del artículo segundo del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, conforme al lugar en el que se ubiquen los inmuebles y de acuerdo con su valor catastral respectivo y, en caso de existir diferencias entre los montos enterados por la parte quejosa y los que resulten de aplicar la mecánica anteriormente referida, les sean devueltas." Ahora, para acreditar el cumplimiento de la sentencia los subdirectores divisionales de Administración Tributaria en Perisur y San Jerónimo, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, exhibieron constancias con las cuales se acredita el cumplimiento, que se relacionan enseguida: QUEJOSO CUENTA PREDIAL CÁLCULO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CONSTANCIAS CON LAS QUE ACREDITAN EL PAGO ************** Además, mediante escritos presentados por el apoderado legal de los quejosos registrados con los números de correspondencia interna 3160 (en la foja 793 de autos) y 3611 (en la foja 809 de autos), manifestó la conformidad de los quejosos con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por tanto, dichas manifestaciones, concatenadas con las constancias relacionadas en la tabla que antecede, hacen prueba plena para acreditar que se colmaron los extremos expuestos en la sentencia constitucional. Así las cosas, tomando en consideración estos elementos, esta juzgadora considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida, dado que las autoridades acreditaron que se aplicó a los quejosos el porcentaje de subsidio establecido en el rango "G" del inciso b) del artículo segundo del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, a la mecánica del cálculo del impuesto prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, conforme al lugar en el que se ubican los inmuebles que por esta vía defienden y de acuerdo con su valor catastral, además, acreditaron que se pagaron las cantidades actualizadas por concepto de diferencias entre lo que se pagó y debió pagarse. Cabe destacar que en este asunto no se dio vista a los quejosos en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias que exhibieron las autoridades vinculadas, pues como quedó asentado, manifestaron su conformidad con el cumplimiento. Lo anterior, cobra relevancia, ya que el cumplimiento de las sentencias debe realizarse sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ineficaz, en detrimento del acceso a la jurisdicción efectiva y el objetivo de la concesión de la justicia Federal es restituir a los quejosos en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional de manera eficaz y oportuna, para así tener acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, este juzgado de Distrito estima que la sentencia ha sido cumplida, sin exceso ni defecto, dado que se han restituido a los quejosos en el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y personalmente a los quejosos.

  3. Principal

    EN UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a la quejosa ********************, sociedad anónima de capital variable, en el auto de dos de febrero de dos mil veintitrés, a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento de la sentencia, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Cabe precisar que en la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a la quejosa para los siguientes efectos: "(.) DÉCIMO TERCERO. Revisión electrónica (Artículo 53- B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015). (.) En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.)" El efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora bien, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficio registrado con folio 2012 que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que la quejosa realizara señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y personalmente a la quejosa.". NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ciudad de México, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos los oficios de similar contenido enviados en representación del jefe del Servicio de Administración Tributaria, por medio de los cuales solicita copia de la sentencia dictada en este juicio de amparo, sin embargo, como se advierte de la minuta de notificación, la sentencia dictada el doce de enero de este año, le fue remitida vía electrónica el trece de enero de dos mil veintitrés. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria remítase a la citada autoridad la copia simple que solicita. Ahora bien, como se advierte de autos, en acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad oficiante, sin que haya manifestado nada hasta el momento, en consecuencia, atendiendo a los efectos de la sentencia dictada en el juicio, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: Informe si a la quejosa ********************, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que las contribuyentes fueron omisas en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. En ese orden de ideas, infórmese a la responsable el registro federal de contribuyentes de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este apartado. JUICIO DE AMPARO QUEJOSA RFC 6718/2014 ******************** ******************** Todo lo anterior, en el entendido que: 1.- La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. 2.- Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se le apercibe que se realizará lo siguiente: Se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.

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