Julio Sandoval Fernández
Expediente 641/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/10/2022
Partes del expediente
- Julio Sandoval Fernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo.
- Principal
Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo que promueven ********, contra de actos reclamados de al Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad de Tijuana y otra autoridad, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 641/2022-III registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Desechamiento de la demanda de amparo. Previo al estudio de la demanda de amparo que nos ocupa y advertir si efectivamente se actualiza o no una causa manifiesta e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, se impone precisar lo que prevén los artículos 62 y 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo (.)". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (.)". De lo anterior, se desprende que es obligación del juzgador ante la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y deseche una demanda cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Es necesario precisar que por «manifiesto» debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por «indudable», que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además, que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Así pues, cabe precisar que de la demanda de amparo que se atiende, se desprende que los actos motivo de reclamo en esta vía de control constitucional, consisten en: La orden de comparecencia dictada por la autoridad señalada como responsable Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, adscrito a la Fiscalía General del Estado, de Baja California, con sede en esta ciudad de Tijuana, desde el veintidós de marzo del año en curso. En tal virtud, toda vez que los quejosos refieren que tuvieron conocimiento de la existencia del acto reclamado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, se colige que a partir de dicha fecha los ahora quejosos estuvieron en aptitud de promover el juicio de amparo, por lo que, el término para incoar la acción constitucional inicia al día hábil siguiente: esto es, a partir del veintitrés de marzo siguiente y feneció el doce de abril de dos mil veintidós, para lo cual deben descontarse los días veintiséis y veintisiete de marzo de dos mil veintidós, así como dos, tres, nueve y diez de abril del presente año, por ser inhábiles, conforme al artículo 19 de la ley de la materia. De ahí que, si la demanda de amparo la presentó hasta el nueve de septiembre de la presente anualidad, es claro que su interposición resultó extemporánea al haber transcurrido el término previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que como se precisó, los quejosos manifiestan que tuvieron conocimiento de los actos reclamados desde el veintidós de marzo de dos mil veintidós. En esas condiciones, debe concluirse que la demanda de amparo que nos ocupa fue interpuesta en forma extemporánea, al haber transcurrido con exceso el término improrrogable de quince días a que alude el numeral 17 de la Ley de Amparo, supuesto que no está dentro de ninguno de los casos de excepción que respecto de dicho término prevé la propia ley. En las relatadas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, de la Ley de Amparo, con fundamento en el precepto 113, del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo planteada.
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