Julio Sanchez Vargas
Expediente 216/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Julio Sanchez Vargas
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Julio Sánchez Vargas, por propio derecho, haya recurrido el auto de ocho de marzo del año en curso, por medio el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ésta último; por lo que se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 216/2022 constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. De conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintidós. Escrito aclaratorio de demanda. Agréguese como legalmente corresponda el escrito de cuenta suscrito por el quejoso Julio Sánchez Vargas, por propio derecho; por medio del cual desahoga en tiempo y forma el requerimiento formulado por auto de veintiocho de febrero del año en curso, así acuérdese lo que en derecho corresponda: Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 216/2022 Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que al respecto establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 216/2022 Amparo indirecto 216/2022 ??????????????? I. XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (...)" Cabe destacar el contenido del artículo 17 del cuerpo de leyes en cita, que en su primer párrafo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo." Atendiendo a la estricta literalidad de los preceptos transcritos con anterioridad, se colige que se reputa consentido de manera tácita el acto reclamado, cuando, entre otros supuestos, no se promueva el juicio de amparo dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17, de la Ley de la Materia. En la inteligencia de que el período temporal de mérito se computará, a saber, de la siguiente manera: a) Desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que se reclama. b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Sostiene lo así expuesto, en lo conducente, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 353, Tomo 205-216, Séptima Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PRESENTAR LA, CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días, que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, pues si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 216/2022 de ello se sigue que, si el Juez de Distrito, con base en esa manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal proceder es correcto, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa de la fecha en que tuvo conocimiento el acto reclamado." En ese tenor se advierte que por regla general, el término para interponer la demanda de amparo en contra del acto que se reclama, es el previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, esto es, de quince días contados a partir de que, entre otros supuestos, "Desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que se reclama." Asimismo, es menester hacer notar que en la especie dadas las particularidades del caso en estudio, ya reseñadas, es claro que el acto reclamado no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere el artículo 22 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, cierto es que la actualización de la causal de improcedencia en comento, deriva de las siguientes circunstancias: - El quejoso señala lo siguiente: En ese tenor, es de apreciarse que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en el ilegal aseguramiento y/o anotaciones preventivas ordenada por la autoridad responsable, respecto del inmueble que refiere, el seis de octubre de dos mil veintiuno, por lo que, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término que alude dicho artículo. OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 216/2022 Amparo indirecto 216/2022 ??????????????? En efecto, si el juicio de amparo se promovió el veinticuatro de febrero del año en curso, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado en esa misma fecha a este Juzgado de Distrito, tal y como se advierte del sello de recepción correspondiente, tenemos que transcurrió el término de quince días a que se refiere el aludido artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que se insiste, la parte quejosa tuvo pleno conocimiento del acto reclamado consistente en el ilegal aseguramiento y/o anotaciones preventivas ordenada por la autoridad responsable en la carpeta de investigación de origen, desde el seis de octubre de dos mil veintiuno, momento que refiere tuvo conocimiento del mismo, por lo que es innegable, que a partir de dicha fecha, se encontraba en posibilidad de acudir a esta instancia constitucional. De ahí que es evidente que entre ambas fechas, transcurrieron más de quince días para la presentación de la demanda de amparo, por lo que es indudable que ésta se presentó de manera extemporánea y, ante tal circunstancia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso que nos ocupa por identidad de razón, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la tesis XVII.6 P (10a.), con número de registro 2005667, publicada en la página 2312 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, Materia Común, Penal, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI ÉSTE SE DICTÓ DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y EL JUICIO SE PROMOVIÓ CON POSTERIORIDAD AL 3 DE ABRIL DE 2013, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA Y AL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA, DEBE PRESCINDIRSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, ASÍ COMO DE SU ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO SEGUNDO. Conforme al artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, el proceso penal inicia con el auto de vinculación a proceso; acto que, en términos del numeral 22, fracción II, de la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013, no tenía un plazo para su impugnación a través del juicio constitucional, y que ahora, acorde con los artículos primero, tercero, quinto, párrafo segundo y décimo transitorios, de la nueva ley, le son aplicables los plazos previstos en su artículo 18, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame. Sin embargo, en atención al principio pro persona, establecido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe interpretarse el orden normativo favoreciendo en todo tiempo a las personas OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 216/2022 otorgando la protección más amplia, lo que implica prescindir de aquellas que los restrinjan. Asimismo, el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho fundamental de acceso a la justicia; consecuentemente, si dicho auto de vinculación a proceso se dictó durante la vigencia de la mencionada ley abrogada, y el juicio se promueve con posterioridad a la citada fecha, en atención al principio y derecho mencionados, debe prescindirse del cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo establecido en el aludido artículo 18, así como de su artículo quinto transitorio, párrafo segundo, ya que es a partir de la entrada en vigor de esa nueva legislación, en que el quejoso tiene conocimiento de los nuevos plazos para promover su demanda. Estimar lo contrario, en la mayoría de los casos, implicaría un vencimiento del plazo, inclusive antes de su entrada en vigor; lo cual atenta contra el derecho de acceso a la justicia del quejoso, porque ni siquiera se le permitiría ejercer su derecho a promover el juicio de amparo, al aplicarle una regla procesal que materializa en ineficaz su pretensión. Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.2o.P.23 P (10a.), con número de registro 2004447, publicada en la página 2549 del Semanario Judicial de la Federación, Libro XXIV, Tomo 3, Septiembre de 2013, Materia Común, Penal, Décima Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS, CONFORME A LA NUEVA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO SU DICTADO SE HAYA REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ANTERIOR. De acuerdo con el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, el proceso penal inicia con el auto de vinculación a proceso o con el auto de formal prisión; en tanto, los artículos primero, tercero, quinto, párrafo segundo y décimo transitorios de esta ley, disponen que los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la ley, que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda conforme a legislación abrogada, les serán aplicables los plazos de la vigente contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame. De ahí que, si la formal prisión se emitió con anterioridad a la entrada de la nueva Ley de Amparo, y que a su inicio en vigor no había fenecido el término para instar el juicio de garantías conforme a la ley abrogada, la cual preveía que en tratándose de actos restrictivos de libertad, el juicio de amparo se podía promover en cualquier tiempo, es incuestionable que de acuerdo al quinto transitorio, debe atenderse al plazo de quince días que prevé el numeral 17 de la ley de la materia vigente, por no ubicarse en alguno de los casos de excepción que éste contempla; por ende, si la demanda de garantías se presenta durante la vigencia de la actual ley de la materia y fuera del plazo que la misma prevé, aun cuando la resolución reclamada se haya emitido con anterioridad, es incontrovertible su extemporaneidad. Ahora por lo que respecta al acto consistente en: c) La negativa de la autoridad hoy señalada como responsable, de determinar la carpeta de investigación, en base al ordenamiento señalado en el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante acuerdo de fecha 16 de febrero de 2022." En el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 216/2022 Amparo indirecto 216/2022 ??????????????? - - - XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - - - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - - - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De la lectura integral del artículo transcrito se advierte la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley, sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución o si el medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es importante destacar que el artículo transcrito, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en tal caso; en consecuencia, previamente a promover el juicio de derechos fundamentales, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Asimismo, la transcrita fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, también hace referencia a los actos que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, pues en esa revisión la autoridad, ya sea la misma que emitió el acto, su superior jerárquico o aquélla -que en su caso- prevea la ley, puede de facto OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 216/2022 convalidar o no dicho acto, circunstancia última que podría nulificar, revocar o modificarlo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Ahora, en la especie el quejoso, reclama de la autoridad ministerial, la negativa de determinar la carpeta de investigación, emitida en el acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso. Así, contra dicha omisión se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues el quejoso debió interponer en su contra el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionado a su vez con el 109, fracción XXI, del citado código, que establecen lo siguiente: Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el juez de Control declarará sin materia la impugnación. - - - La resolución que el juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." "Artículo 109. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos:. XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;.." De la interpretación del primer artículo se desprende que contra las determinaciones del ministerio público sobre i) la abstención de investigar, ii) el archivo temporal, iii) la aplicación de un criterio de oportunidad y iv) el no ejercicio de la acción penal, deberán ser notificadas a las víctimas, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los diez días posteriores a que les sean notificadas; asimismo, el diverso numeral establece que la víctima tendrá, entre otros aspectos, derecho a impugnar las omisiones o negligencia que cometa el fiscal en el desempeño de OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 216/2022 Amparo indirecto 216/2022 ??????????????? sus funciones de investigación; por tanto, es dable concluir que las determinaciones del ministerio público, en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial con la finalidad que sea el juez de control quien revise su legalidad. Dicha circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que, en general, se tratan de actuaciones del fiscal que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, la omisión del ministerio público en la etapa de investigación encuadra en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora, aun cuando la omisión o abstención sea llana y no consecuencia de una determinación que así lo ordene. Además, la finalidad sobre que el juez de control revise las decisiones u omisiones del ministerio público que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, como consecuencia, que el fiscal continúe realizando la investigación correspondiente. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Sustentan lo anterior, las tesis de jurisprudencia siguientes1: 1 Época: Décima Época Registro: 2017641 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) Página: 945. OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 216/2022 "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda. Época: Décima Época Registro: 2017640 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 28/2018 (10a.) Página: 943 OSCAR ELGUERA ROSAS 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.cf.86 03/10/22 23:30:38 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 216/2022 Amparo indirecto 216/2022 ??????????????? Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por Rosa Elena Jiménez Chávez y Antonio Rodríguez Cruz, contra actos que reclaman del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl y otras autoridades, conforme a lo expuesto en los considerandos tercero, quinto y sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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