Julio Samuel Córdoba Morales y Otros.

Expediente 841/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
841/2015
Año
2015
Actuaciones
14
Última actuación
14/10/2015

Partes del expediente

  • Julio Samuel Córdoba Morales y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra del proveído en que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio (fojas 58 a 61), en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, y en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, devuélvanse al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, las constancias que envió como justificación de su informe, y que obran en un tomo por separado; sin necesidad de solicitar el acuse respectivo, toda vez que con la constancia de notificación se convalida el acuse de mérito.

  2. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz; con el cual, en atención a lo solicitado en autos, remite copia certificada del acuerdo de veinte de agosto del presente año (foja 56), deducida del expediente civil 733/2014/I, de su índice; de la que se advierte que causó estado la resolución de siete de julio del año en curso (fojas 39 a 41), dictada en el expediente de referencia. Ahora bien, de la lectura de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el acto reclamado en este asunto, se hace consistir en la resolución de once de mayo de dos mil quince, dictada en el expediente civil 733/2014/I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, de Coatepec, Veracruz, que declaró improcedente la cancelación de la pensión alimenticia decretada a favor de María Guadalupe Solano (tercera interesada), y redujo la misma, del veinticinco al veinte por ciento del salario que percibe el demandado Julio Samuel Córdoba Morales, aquí quejoso, como maestro jubilado. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del análisis de las constancias recibidas se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El referido artículo prevé: "El juicio de amparo es improcedente: (..) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" De la interpretación del artículo transcrito se deduce que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza ante la insubsistencia del mismo, momento en que todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese concedido el amparo, o bien, se dejó de afectar la esfera jurídica del gobernado. HECHOS En el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución de once de mayo de dos mil quince, dictada en el expediente civil 733/2014/I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, que declaró improcedente la cancelación de la pensión alimenticia decretada a favor de María Guadalupe Solano (tercera interesada), y redujo la misma, del veinticinco al veinte por ciento del salario que percibe el demandado Julio Samuel Córdoba Morales, aquí quejoso, como maestro jubilado. Por otra parte, el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, allegó copia certificada de la resolución de siete de julio de dos mil quince (fojas 39 a 41), dictada en los autos del expediente civil 733/2014/I, de su índice, en la que se aprobó el convenio presentado por las partes, en el cual pactaron no establecer alimentos recíprocos, dar por terminado el litigio y obtener el divorcio por mutuo consentimiento; el cual fue ratificado por María Guadalupe Solano y Julio Samuel Córdova Morales, ante la presencia judicial; asimismo, la responsable envió copia certificada el acuerdo de veinte de agosto del presente año, en que causó estado la resolución de referencia, se procedió a su ejecución y se ordenó girar oficio al Pagador de Nóminas y/o Jefe de Recursos Humanos y/o Pagador del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, para que dejara sin efecto la pensión alimenticia provisional que se venía descontando al aquí quejoso. CONCLUSIÓN En ese sentido, se concluye que al emitir el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Coatepec, Veracruz, la resolución por la que se aprobó el convenio celebrado y ratificado por María Guadalupe Solano y el quejoso Julio Samuel Córdova Morales, la cual causó estado y se procedió a su ejecución, ordenando girar oficio al Pagador de Nóminas y/o Jefe de Recursos Humanos y/o Pagador del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, para que dejara sin efecto la pensión alimenticia provisional que se venía descontando al aquí quejoso; dicha resolución sustituyó a la diversa de once de mayo de dos mil quince (acto reclamado), por lo que cesan los efectos de esta última, pues la cesación de efectos implica que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de garantías, como si el acto reclamado no hubiera trastocado la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, sus efectos quedarán destruidos como si nunca hubiesen existido, o bien, se dejó de afectar la esfera jurídica del gobernado. Lo anterior es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación la tesis siguiente: No. Registro: 917,637 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Tesis: 103 Página: 81 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". No pasa inadvertido el hecho de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya señalado que la pensión alimenticia provisional subsiste hasta el dictado de la sentencia en la que reconociéndose el derecho de la parte actora a recibir una pensión definitiva, ésta es fijada, y que ello no implica que los efectos de la provisional decretada en forma previa cesen inmediatamente, pues teniendo en cuenta que el pago de alimentos constituye una obligación de tracto sucesivo, al ser indispensables para la subsistencia de aquél a quien se le otorgan, eso sólo acontece cuando la sentencia que los fija definitivamente es susceptible de ejecución, pues de lo contrario, se pondría en riesgo la subsistencia de aquel a quien se le reconoció el derecho de percibir alimentos por el demandado; por ello, los efectos de la pensión provisional deben subsistir hasta que la sentencia que la fija en definitiva es susceptible de ejecución; sin embargo, en el caso, en resolución de siete de julio del presente año, se aprobó el convenio celebrado por las partes, en el que pactaron no establecer alimentos recíprocos, la cual causó estado al no haber sido impugnada por alguna de las partes, procediéndose a su ejecución, esto es, se ordenó girar oficio al Pagador de Nóminas y/o Jefe de Recursos Humanos y/o Pagador del Instituto de Pensiones del Estado, con sede en esta ciudad, para que dejara sin efecto la pensión alimenticia provisional que se venía descontando al quejoso; en ese sentido, se dejó de afectar su esfera jurídica. Tiene aplicación la tesis siguiente: No. Registro: 2005044 Jurisprudencia Materia(s): Común Décima Época Instancia: Primera Sala Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Tesis: 1a./J. 85/2013 (10a) Página: 398 "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE FIJA LA DEFINITIVA, NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la pensión alimenticia provisional subsiste hasta el dictado de la sentencia en la que reconociéndose el derecho de la parte actora a recibir una pensión definitiva, ésta es fijada, también lo es que ello no implica que los efectos de la provisional decretada en forma previa cesen inmediatamente, pues teniendo en cuenta que el pago de alimentos constituye una obligación de tracto sucesivo, al ser indispensables para la subsistencia de aquél a quien se le otorgan, eso sólo acontece cuando la sentencia que los fija definitivamente es susceptible de ejecución, pues de lo contrario, se pondría en riesgo la subsistencia de aquel a quien se le reconoció el derecho de percibir alimentos por el demandado, en tanto que éstos se otorgaron al reconocer que requiere de ellos para cubrir sus necesidades más básicas y apremiantes. Por ello los efectos de la pensión provisional deben subsistir hasta que la sentencia que la fija en definitiva es susceptible de ejecución, lo que en términos de los artículos 341 y 349 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, ocurre cuando causa ejecutoria, lo que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 338 del propio ordenamiento, sólo acontece cuando: a) esa sentencia es consentida expresamente; b) no se agotó oportunamente el recurso de apelación procedente en su contra; c) interpuesto ese recurso se desiste de él; o, d) se dicta sentencia en el citado recurso. Ahora bien, conforme al artículo 509 del citado código, la sentencia de primer grado que fija el monto de la pensión alimenticia definitiva es susceptible de apelación; recurso que en términos de los numerales 516 y 517 del código procesal citado, es admisible en ambos efectos, lo cual implica que la ejecución de esa sentencia se encuentra suspendida hasta que cause ejecutoria; de ahí que considerar que los efectos de la pensión provisional cesan inmediatamente con el dictado de la sentencia que la fija de forma definitiva, sin importar que en contra de ésta se haya interpuesto el recurso mencionado, implicaría que la pensión provisional no sería susceptible de cobrarse durante el tiempo que transcurra desde el dictado de la sentencia definitiva hasta resolverse el recurso correspondiente, pero a la vez, el acreedor tampoco podría acceder a la pensión definitiva decretada en tanto se tramita y resuelve el recurso de apelación, lo que es inaceptable ante la urgencia y la necesidad probada de los alimentos. En consecuencia, el mero dictado de la sentencia que fija lo que debe proporcionarse por concepto de pensión alimenticia definitiva, no actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013 (cesación de los efectos del acto reclamado), porque para ello es necesario que dicha resolución haya causado ejecutoria." En consecuencia, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, dejándose sin efectos el señalamiento de la misma. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, entréguese copia autorizada de este proveído a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.

  3. Principal

    Del estado que guardan los autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el término concedido a la parte quejosa en proveído de dieciocho de agosto del presente año, para que compareciera a ratificar el escrito por el que desiste del juicio de amparo, transcurrió sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído, y continúese el procedimiento en este asunto. En otro aspecto, del expediente en que se actúa se advierte que el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Coatepec, Veracruz, envió copia certificada de la resolución de siete de julio de dos mil quince, emitida en el juicio civil 733/2014/I, de su índice, en la que declaró disuelto el vínculo matrimonial, así como la sociedad conyugal que unía a las partes, al haber presentado un convenio, el cual fue aprobado en todas y cada una de sus cláusulas; por tanto, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley invocada, requiérase al Juez responsable en mención, para que en el término de tres días, remita copia certificada del auto en que haya causado ejecutoria la resolución de referencia, a fin de estar en posibilidad de proveer lo conducente; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa consistente en cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."

  4. Principal

    Del estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en acuerdo de dieciocho de agosto del año en curso, se requirió al quejoso a fin de que comparezca ante este Juzgado a ratificar el escrito con el que desiste de la demanda de amparo; por tanto, no ha lugar a celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE para que tenga verificativo, lo cual se hace de manera objetiva, atendiendo a la disponibilidad de fechas que presenta la agenda.

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