Julio Samuel Alvarado García

Expediente 1528/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1528/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Julio Samuel Alvarado García
  • Camilo Constantino Rivera (Promovente) y Otros.
  • Jueza de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta (por duplicado) de la parte quejosa, por medio del cual, desahoga la prevención formulada en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso. No se soslaya que el promovente no manifiesta de manera expresa bajo protesta de decir verdad tener el carácter de defensor particular de Julio Samuel ..., en los autos de la carpeta administrativa 1912/2023 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, pues se limita a manifestar que el escrito inicial de demanda fue firmado bajo protesta de decir verdad al calce de ésta, sin que ello colme lo requerido. Sin embargo, se le tiene reconocida la personalidad con la que se ostenta, en virtud de que allega copia del auto de dieciséis de noviembre del año en curso, que contiene la firma electrónica de la autoridad responsable, en el cual se le tiene aceptando y protestando el cargo conferido de defensor particular del imputado Julio Samuel Alvarado García - aquí quejoso-, por tanto se provee: ADMISIÓN Vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Camilo Constantino Rivera defensor particular de Julio Samuel..., así como el escrito aclaratorio de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 6, 35, 107, 115, 117 y 125 de la Ley de Amparo, se admite a trámite. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por cuerda separada y en un sólo cuaderno físico el incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dése intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para lo cual en la actuaría se deja copia simple de la demanda. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia constitucional a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD Con apoyo en los artículos 64, 115 y 117 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad responsable lo siguiente: 1) Rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita, debiendo acompañar copia certificada, legible, completa y ordenada en forma cronológica de las constancias necesarias para apoyarlo. Para lo cual se le remite copia de la demanda. 2) Exprese si se ha promovido algún juicio de amparo contra el mismo acto reclamado que es materia de este asunto o contra cualquier otro que haya derivado del mismo expediente o procedimiento, para lo cual, en caso de ser afirmativa su respuesta, deberá proporcionar el número de expediente, el estado procesal que guarda y el órgano jurisdiccional ante quien se instauró; lo anterior, de conformidad con el precepto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3) En caso de que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento que, de ser omisa, se le impondrá una multa de cien y treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 260, fracción II, y 251 del ordenamiento invocado. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que, en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista, ya que la facultad de ordenar que se hagan personalmente no comprende a las autoridades responsables. En apoyo se invoca la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". TERCERO INTERESADO 1 Visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 202576. Se reserva ordenar el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obren las constancias de las que emana el acto reclamado. AUTORIZADOS Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que mencionó en su escrito inicial de demanda, en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que desee presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y personalmente a la agente del Ministerio Público Federal adscrita.

  2. Incidental

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DEL INCIDENTE Visto lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1528/2023-V, promovido por Camilo Constantino...defensor particular de Julio Samuel ... INFORME PREVIO Requiérase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que queden debidamente notificadas del presente proveído. Informe en el que se concretará a expresar si es o no cierto el acto que se le atribuye; asimismo, podrá expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado, para lo cual se le remite copia simple de la demanda. En la inteligencia que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx; confirmando en el número telefónico 55 53 87 05 00, extensión 1231. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. ACTO RECLAMADO De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: a) El auto de vinculación a proceso emitido el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, en la causa de control 1912/2023, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. b) El auto de diecinueve de octubre del año en curso, por medio del cual, se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN Al efecto, el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que la autoridad responsable fije fecha y hora de audiencia para una revisión de medidas cautelares antes de imponer la consistente en la prisión preventiva. SUSPENSIÓN PROVISIONAL I. Pronunciamiento de las determinaciones: 1) Auto de vinculación a proceso de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés y 2) auto de diecinueve de octubre de este año. Respecto a la emisión de las determinaciones, se niega la suspensión provisional, lo anterior dado que éstas son de los denominados de carácter declarativos, los cuales no traen aparejado en sí mismo un principio de ejecución, por lo que resulta inconducente otorgar la suspensión, ya que de lo contario equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se dicte en cuanto al fondo del amparo. Ello, toda vez que las determinaciones reclamadas son meramente declarativas, dado que no modifican situaciones existentes. Se invoca, en sentido contrario, el criterio de la Séptima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 73, sexta parte, página 56, con número de registro 254881, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN, PROCEDENCIA DE LA, CONTRA LAS CONSECUENCIAS DE ACTOS DECLARATIVOS. Aun cuando la resolución reclamada tenga el carácter de declarativa, lo que haría improcedente la concesión de la medida suspensional, lo cierto es que ello ocurre cuando el acto declarativo se agota con su emisión; lo que no ocurre cuando produce consecuencias jurídicas, como puede ser, entre otras, un acto desposesorio, y la suspensión procede respecto de estas consecuencias." Sin que sea óbice a lo anterior que los actos recamados sean de naturaleza declarativa, pues ello no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, ya que debe analizarse en función de las consecuencias que en el caso puede producirse, dado que dicha naturaleza es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión; sin embargo, debe analizarse el acto reclamado en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, mismo que en la especie como se dijo, no tiene en sí principio de ejecución alguno. Sirve de apoyo por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), registro 2021263, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." II. CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMDOS a) AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. Ahora bien, respecto a los efectos y consecuencias del auto de vinculación a proceso, con apoyo en los artículos y 611 fracción XVII, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional para el único efecto de que el quejoso quede a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad personal se 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; 13/01/24 19:21:35 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.5f.2c ERANDI PAULINA FUENTES CHAVEZ refiere en el lugar en que se encuentra recluido, y a disposición del juez de origen para la continuación del procedimiento penal. Además, para que el juez responsable suspenda el procedimiento de origen una vez que se desahogue la etapa intermedia, con el objeto de que no se dicte auto de apertura a juicio oral y no se emita sentencia, a fin de mantener viva la materia del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia: 1a./J. 37/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 2026369, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 24, Abril de 2023, Tomo II, visible en página: 1430, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL ADVERSARIAL Y ORAL. CUANDO EN AMPARO INDIRECTO SE RECLAME EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, POR REGLA GENERAL, EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SUSPENSIÓN DEBE HACERSE EN EL CUADERNO PRINCIPAL DEL JUICIO Y EXCEPCIONALMENTE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En el entendido que, a fin de privilegiar el derecho humano de la libertad personal de la parte quejosa, el juez de origen podrá resolver cualquier situación alterna del procedimiento, como un acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso y su terminación anticipada, como es el procedimiento abreviado, sin necesidad de esperar que se resuelva en definitiva el expediente principal del que deriva este incidente. Igualmente, la suspensión concedida no impide resolver en definitiva el asunto mediante la aplicación de los criterios de oportunidad que prevé el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. b) AUTO DE DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, POR EL CUAL SE IMPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. Con relación a las consecuencias del acto aclamado consistente en el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, a través del cual se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, respecto de la cual, solicita se conceda la suspensión con efectos restitutorios, debe negarse la suspensión solicitada por lo que hace a tal aspecto. En primer lugar, debe destacarse la jurisprudencia PR.P.CN. J/13 P (11a.), del Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo IV, página 4670, de registro digital 2027280, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados". Del anterior criterio se obtiene que resulta viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en virtud de que se actualiza la apariencia del buen derecho atendiendo a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que entre otras cuestiones, se declaró la inconvencionalidad de dicha medida, a fin de convocar a una audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la reclamada en el juicio de amparo, y podrá imponer una diversa previo contradictorio. Sin embargo, en el caso que nos ocupa no se actualiza ese supuesto, toda vez que de las manifestaciones que refiere la parte quejosa en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, se aprecia que el juez de control emitió la medida de prisión preventiva de manera justificada y no de forma oficiosa, pues -según lo señalado por el propio quejoso- expuso los argumentos que sustentaron su determinación, consistentes en que el imputado -aquí quejoso- implicaba un peligro hacia la víctima por tener fácil acceso a la misma y que podría obstaculizarse el proceso, considerando de alto riesgo dejarlo en libertad, motivo por el cual impuso la medida cautelar que se reclama. De modo que, no obstante que existe jurisprudencia por parte de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en aquellos casos en los cuales ha resultado condenado el estado mexicano, lo cierto es que, en el caso que nos ocupa, la autoridad responsable estableció los motivos por los cuales en su consideración debía operar la prisión preventiva en contra del aquí quejoso, de ahí que, como se dijo, no se trata de una prisión preventiva oficiosa, sino una justificada. Bajo esa tesitura, en el caso concreto resultaría estéril conceder la suspensión provisional para los efectos solicitados, cuando en realidad ya se llevó a cabo un debate y se establecieron los motivos y fundamentos para decretar la prisión preventiva, por lo que en el caso, tales aspectos serán materia del fondo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro Digital 2026730; consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión. Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo." Por lo antes expuesto, no se estima necesario establecer una garantía para que pueda surtir efectos la presente suspensión, toda vez que el quejoso se encuentra interno en un centro de reclusión y el único efecto para el que se concede la suspensión de los actos reclamados es el antes apuntado. La presente medida cautelar surtirá efectos hasta en tanto la responsable reciba notificación sobre la suspensión definitiva que se dicte en el presente incidente, pero dejará de hacerlo si el acto es emitido con posterioridad a la presentación de la demanda, o si proviene de diversa autoridad a la designada en el escrito constitucional. APERCIBIMIENTO AL JUEZ DE ORIGEN Hágase saber a la autoridad responsable que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual se sancionará en los términos que establece el Código Penal aplicable en materia federal. Notifíquese.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda signada por Camilo Constantino Rivera quien se ostenta como defensor particular de Julio Samuel...; fórmese el expediente relativo con el número 1528/2023-V, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. PREVENCIÓN Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracciones I y V, en relación con el numeral 114, fracciones I, II y III, ambos de la Ley de Amparo, dentro del término de cinco días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, de cumplimiento a lo siguiente: 1. Manifieste bajo protesta de decir verdad, que tiene el carácter de defensor particular de Julio Samuel Alvarado..., en los autos de la carpeta administrativa 1912/2023 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Ello, toda vez que el artículo 14 de la ley de la materia, establece que para el trámite de la demanda de amparo indirecto en materia penal, bastará que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad tener tal carácter; lo que en el caso no se advierte satisfecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 43/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página cuarenta y ocho, del tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, del tenor literal siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." 2. Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte agraviada que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir los juegos de copias necesarios para cada una de las partes. Se hace del conocimiento del quejoso que la Ley de Amparo, en su artículo 261, establece pena de prisión y multa en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, por lo que se le apercibe que en caso de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal competente para la investigación correspondiente. Se le reitera que las manifestaciones que realice bajo protesta de decir verdad, deberá hacerlo de forma personal el promovente y no por conducto de autorizado, al tratarse de un requisito que tiene como propósito cumplir con las exigencias procesales a que hace alusión el artículo 108 de la Ley de Amparo; además, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no desahogar en sus términos las prevenciones apuntadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que el promovente manifiesta que el quejoso está privado de su libertad en el Centro Preventivo y de Readaptación Social en Chiconautla, Ecatepec de Morelos, Estado de México, realícensele ésta y las subsecuentes notificaciones a la parte quejosa, en ese centro penitenciario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario adscrito a este Juzgado Federal para que de ser necesario realice todas y cada una de las diligencias que se ordenen en el presente juicio de amparo, incluso en horas y días inhábiles. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 9, 55 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, notifíquese la presente determinación vía electrónica al defensor particular del quejoso a través del usuario "Camello2019", en el entendido que queda obligado a ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a fin de obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31, de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por hecha la notificación. Respecto a la autorización de las personas señaladas, este órgano jurisdiccional se reserva de acordar lo conducente, hasta en tanto sea desahogada la prevención de mérito, dado que involucra cuestiones de personalidad para promover el juicio de garantías. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y vía electrónica al promovente Camilo Constantino... través del usuario... "Camello2019".

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano