Julio Ramón Álvarez Díaz
Expediente 561/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 18 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 561/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 22/09/2016
Partes del expediente
- Julio Ramón Álvarez Díaz
- Procurador General de la República
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación secretarial que supracitada, se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia dictada en el sumario en que se actúa, mediante la cual sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Julio Ramón Álvarez Díaz; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales conducentes. Conclusión a la que se arriba, sin que obste que no se encuentran notificadas de la sentencia dictada en el presente juicio, la totalidad de las autoridades, pues atendiendo al sentido de la misma, las autoridades responsables carecen de legitimación para promover el recurso de revisión en su contra. Apoyan a lo anterior, los criterios que a continuación se identifican y transcriben: "Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaXXIV, Septiembre de 2006Página: 308Tesis: 2a./J. 127/2006JurisprudenciaMateria(s): Común REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. La legitimación para que las autoridades responsables interpongan el recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, sólo se genera cuando la resolución que decida sobre la suspensión definitiva del acto reclamado pueda causar una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones; pero tal perjuicio no debe ser meramente hipotético, sino un hecho real, cuya demostración incumbe a las autoridades que invoquen su presencia, como uno de los presupuestos necesarios para interponer el recurso. Ahora bien, si al rendir informe previo las autoridades recurrentes negaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, y a pesar de tal negativa, sin prueba en contrario, el Juez de Distrito o superior de la autoridad responsable, en su caso, concede la suspensión definitiva, esa resolución no puede ocasionar perjuicio a las autoridades recurrentes, porque ante la inexistencia de los actos reclamados, según su informe, la suspensión otorgada no les priva del derecho a ejecutar acto alguno, ni restringe su libertad de acción; circunstancia que implica una falta de interés jurídico para que el Tribunal Colegiado que conozca del recurso confirme, modifique o revoque la resolución impugnada; de ahí que, siendo la posible afectación al interés jurídico un presupuesto indispensable para la legitimación del recurrente en el juicio de garantías, el recurso de revisión que se interponga en esas condiciones resulta improcedente conforme al artículo 87 de la Ley citada." "Octava ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación83, Noviembre de 1994Página: 84Tesis: XX. J/74JurisprudenciaMateria(s): Común AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Atento a lo anterior, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del juicio en que se actúa, glósese únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente sumario. De conformidad con lo establecido en la certificación de que se trata, con apoyo en el Acuerdo General De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada. d) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. f) Empero el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito el duplicado del cuaderno incidental, hasta en tanto se proceda a su destrucción material, de conformidad con lo establecido en el referido acuerdo.
- Principal
Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 561/2016, promovido por Julio Ramón Álvarez Díaz; por lo que, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad de Toluca, remitido el mismo día a este Juzgado Federal, Julio Ramón Álvarez Díaz, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y actos que a continuación se precisan: III. Autoridades Responsables. Procurador General de la República. Subprocurador de la SEIDO de la Procuraduría General de la República. Subprocurador General de la República adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada. Señalo como autoridades responsables ejecutoras. a).- Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República. b) Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, por sí o por cada uno de sus elementos. c) Comandante adscrito a la base mixta de la Secretaría DE Seguridad Ciudadana con base en Tenango del Valle, Estado de México. IV. Acto Reclamado: La orden de aprehensión y detención dictada en autos de la averiguación previa A.P.PGR/SEIDO/UEIDO/179/2014 y su ejecución. SEGUNDO. Por auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se registró la demanda de garantías bajo el número 521/2016, se admitió a trámite, se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, después de diferirse, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es competente para resolver el presente juicio de garantías de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se coligen del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia P. /J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, página 32, registro 192097, del epígrafe siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda de garantías, se concluye que el peticionario de amparo reclama: La orden de aprehensión o detención, emitida en su contra en la averiguación previa A.P.PGR/SEIDO/UEIDO/179/2014, y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados.En ausencia del Subprocurador Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Dirección General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada, Dependiente de la Procuraduría General de la Republica, con residencia en la Ciudad de México y el el Director de Amparo, en suplencia por ausencia del Director General de Control de Juicios de Amparo, por suplencia de la Procuradora General de la Republica; al rendir sus informes justificado (fojas 32 a 33 y 29 a 30) negaron la existencia del acto que a cada una se le reclama. Concerniente a la negativa que hacen las autoridades responsables, en relación al acto reclamado, la misma no quedó desvirtuada por el quejoso ya que no ofreció prueba alguna para tal efecto, ni objetó los informes rendidos por las responsables, por lo tanto, es de establecerse que éste surte efectos plenos, en virtud de ello, el solicitante de amparo estuvo obligado en todo caso a desvirtuar su contenido. En efecto, es de señalarse, que las autoridades responsables se constituyen en parte dentro del juicio de amparo, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el informe con justificación que es rendido por la autoridad responsable reviste el carácter de documento público, como lo dispone el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo anterior se afirma dado que se trata de un documento cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública. Consideraciones por las cuales se arriba a la convicción, de que al no objetar la parte quejosa el informe correspondiente, entonces se produce el efecto de que como documento público, surta sus efectos legales. Motivo por el cual, la carga de la prueba de la existencia de los actos reclamados, estuvo a cargo de la parte quejosa; es decir existió la obligación del solicitante de amparo de aportar elementos de convicción para acreditar la existencia del acto reclamado. Más aún, y dada la naturaleza del acto reclamado, la obligación del quejoso no solamente debe de circunscribirse a demostrar su existencia, sino que la misma debe de acreditarse respecto de la fecha de presentación de la demanda de amparo y no a una posterior. Lo cual en la especie no aconteció. En ese sentido, lo procedente es sobreseer en el juicio de garantías al tenor de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 63, fracción IV, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Julio Ramón Álvarez Díaz, por cuanto hace a los actos y por las autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016, de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, se agrega a los autos sin mayor proveer el escrito de cuenta, a través del cual el Administrador Postal Módulo de Servicios Postales Palacio de Justicia Federal, comunica que el original de la pieza postal referente al oficio 3885, fue entregado a la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintisiete de julio del año en curso. Lo anterior es así, toda vez que mediante proveído de dos de agosto de la anualidad, se acordó lo conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, agréguense a los autos las piezas postales devueltas por el Administrador de Correos de esta ciudad, que contienen los oficios 3885 y 3884 de veintiséis de abril del presente año, dirigido a la autoridad que la parte quejosa denominó Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República y Subprocurador General de la República adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada, con las leyendas AUTORIDADES MEZCLADAS y NO EXISTE EN EL ORGANIGRAMA DE PGR. Atento a lo precisado, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiséis de abril del presente año y se dejan de tener como responsables a las autoridades enunciadas, para los efectos del presente cuaderno; por tanto, suspéndase toda comunicación con las mismas. En apoyo de la determinación aquí asumida, se cita la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y datos de localización siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. [Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 9ª Época; Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve] Así como la tesis aislada, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que es del epígrafe y datos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. [Semanario Judicial de la Federación, 9ª Época; Tomo XII, Septiembre de mil novecientos noventa y tres]. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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