Julio Ortega Chávez

Expediente 1425/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1425/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Julio Ortega Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, en su calidad de apoderado legal del directo quejoso ******************** con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. En diverso orden de ideas, como no existe más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir el expediente en que se actúa al archivo de este juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1) El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido (desechamiento) (artículo 20, fracción II, del acuerdo en cita). 2) A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años, y posteriormente, con base en lo establecido en el párrafo primero del artículo 20 del Acuerdo en comento, serán destruidos. Una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, el expediente en que se actúa se enviará físicamente al archivo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********, en su carácter de apoderado legal del directo quejoso Julio Ortega Chávez, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1425/2023-III. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La resolución interlocutoria de trece de julio de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de julio del mismo año, dentro del expediente 1042/2021-P-I del índice del Juzgado responsable. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, de lo narrado por la parte quejosa, destacan por su importancia los antecedentes siguientes: 1.- Patricia Nolasco Nervis, promovió juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria, en contra de Julio Ortega Chávez, del cual correspondió conocer al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, el cual quedó registrado bajo el número 1042/2021-P-I, de su índice. 2.- Una vez contestada la demanda por el ahora quejoso, se aperturó el periodo probatorio, en el que la actora ofreció la prueba pericial en materia de agrimensura, designando cada una de las partes a su perito, los cuales al emitir su dictamen, resultaron contradictorios, por lo que fue necesario designar un perito tercero en discordia, así mediante proveído de nueve de mayo del año en curso, el citado experto, al momento de protestar el cargo conferido, señaló el costo de sus servicios, imponiendo el juez responsable la obligación a las partes se pagar sus honorarios por partes iguales. 3.- Posteriormente, por autos de veintisiete de junio y seis de julio del año en curso, se requirió al quejoso, el pago de la parte proporcional de los honorarios del tercer perito. 4.- Consecuentemente, el diez de julio de la presente anualidad, el apoderado legal del quejoso, manifestó que su representado se encontraba en estado de vulnerabilidad, por lo que no podía pagar los honorarios requeridos del perito tercero en discordia; sin embargo, dichas manifestaciones fueron declaradas inatendibles por la responsable, lo que motivó que interpusieran recurso de revocación. 5.- El referido recurso de revocación, fue resuelto por la autoridad señalada como responsable el catorce de agosto del año en curso, declarándolo parcialmente fundado únicamente en lo relativo al análisis de la situación de vulnerabilidad del recurrente, confirmando la obligación del quejoso de sufragar la parte proporcional de los honorarios del perito tercero en discordia. Determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia. Ahora bien, este juzgador, estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 217 ambos de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." La causa de improcedencia invocada, refiere que tratándose de actos que derivan de otros consentidos, deviene improcedente el juicio de amparo, en atención a que si bien es cierto ninguna de las fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo contempla dicha causa de improcedencia, la fracción XXXIII de dicho artículo en relación con el artículo 217 del citado ordenamiento, sí la regula. Es aplicable la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada a página cincuenta y dos del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época, registro 230859, que establece: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." Ahora bien, es necesario señalar que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. En el presente asunto, se advierte la actualización de dicha causa de improcedencia, en atención a que de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, y que fueron reseñados en los párrafos que anteceden, se advierte que la resolución interlocutoria de trece de julio de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de once de julio del mismo año, dentro del expediente 1042/2021-P-I, es una consecuencia directa de la determinación en la que al protestar el cargo el perito tercero en discordia, hizo del conocimiento sus honorarios y se impuso a las partes la obligación de pagar por partes iguales sus honorarios, sin que haya impugnado en su oportunidad dicha determinación, a través de algún recurso o medio de defensa. Sin que pase inadvertido para este juzgador que el quejoso interpuso recurso de revocación en contra de la determinación que declaró inatendibles las manifestaciones del estado de vulnerabilidad en que aduce se encuentra, y que la resolución de dicho recurso es el acto que reclama en la presente instancia; sin embargo, como ya se indicó en los párrafos que anteceden, la parte quejosa tenía pleno conocimiento de la determinación que precedió al acto reclamado, en el que se estableció que ambas partes pagarían en partes iguales los honorarios del perito tercero en discordia, tan es así que los autos contra los cuales interpuso el recurso de revocación fueron los diversos por los cuales se requirió el pago, de ahí que evidentemente estuvo en posibilidad de haber controvertido dicha determinación a través del recurso correspondiente (auto por el cual se determinó la forma en que se cubrirían los honorarios del perito tercero en discordia), y al no haberlo realizado, evidentemente el acto que pretende controvertir en la presente instancia, es uno derivado de otro consentido. Por tanto, es evidente que respecto del acto que ahora reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 217 del mismo ordenamiento y la jurisprudencia 17, publicada en la página 12, del tomo VI, materia común, del Apéndice de 1917-1995, registro 393973, cuyo texto establece: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Asimismo, en lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada a página 515, del tomo IX, Abril de 1992, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CAUSALES DE. LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO SON LIMITATIVAS SINO ENUNCIATIVAS. Las causales de improcedencia en cuanto a su configuración no se limitan a las XVII hipótesis referidas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, dado que de la fracción XVIII de ese numeral aparece que esas causales no sólo dimanan de la ley, cuanto a la vez de la Constitución y de la jurisprudencia. Tal es el caso en que se impugna la ejecución de una orden de reaprehensión (no por vicios propios) por parte de un Juez de Distrito, pero omitiendo combatir en sí mismo el mandato de recaptura emitido en realidad por el Tribunal Unitario. Así planteada la cuestión, al reclamarse un acto que es consecuencia legal necesaria de otro no combatido, resultaría improcedente el juicio de garantías en términos de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 74, fracción III, de la ley de la materia y el criterio jurisprudencial sostenido por el Máximo Tribunal bajo la voz "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." (jurisprudencia número 70, página 116, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988)." Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda, consistente en el usuario que proporcionó, el cual fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Respecto al correo electrónico, el mismo no puede tenerse como tal ya que no está previsto en la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados a César Elpidio Hernández Guzmán******************** en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas restantes por así haberlo solicitado el promovente HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. Se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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