Julio Noé Almaguer de la Cerda

Expediente 1222/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1222/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
16/12/2022

Partes del expediente

  • Julio Noé Almaguer de la Cerda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. EXHORTO DILIGENCIADO. Agréguese el oficio y anexo de cuenta. Se tiene al secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, devolviendo diligenciado el exhorto 1289/2022-III-A, del índice de este juzgado federal, enviado a fin de notificar de forma personal a Julio Noé Almaguer De la Cerda, el proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós. Dese de baja el comunicado de referencia en el libro de gobierno. Realícese la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA ESTADO EL AUTO DE DESECHAMIENTO. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de tres de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Toda vez que el expediente físico coincide fiel e íntegramente con el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente, así como el cuaderno de antecedentes, son destruibles...II

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; seis de diciembre de dos mil veintidós. EXHORTOS DILIGENCIADOS. Agréguense los oficios y anexos de cuenta. Se tiene a las secretarias de los Juzgados Segundo y Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, devolviendo diligenciados los exhortos 1156/2022-III-A y 1163/2022-III-A, del índice de este juzgado federal, enviados a fin de notificar de forma personal a ***, los proveídos de tres y siete de noviembre de dos mil veintidós. Dense de baja los comunicados de referencia en el libro de gobierno. Realícese la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE REMITEN CONSTANCIAS POR EXHORTO. Atendiendo a la solitud del quejoso ***, remítasele copia simple del escrito de demanda a través de exhorto; esto es así, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, Noroeste en Tepic, Nayarit; es decir fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito. En consecuencia, envíese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en turno, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario de su adscripción para que se constituya en dicho centro penitenciario, a fin de buscar al quejoso de mérito y entregarle copia simple del escrito de demanda. Hágase del conocimiento del juez que le corresponda desahogar las diligencias antes mencionadas que se le faculta para que, en caso de ser necesario, habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo lo encomendado; lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo...M-III

  3. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de noviembre de dos mil veintidós. SE RECIBE ESCRITO. Agréguese el oficio y anexo de cuenta. Se tiene a la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Monclova remitiendo el original del escrito recibido por el juzgado oficiante el trece de octubre del año en curso a través del cual el quejoso ***, promueve incidente no especificado para resolver actuaciones en proemios de amparo para reparación del daño, dado que por resolución dictada en sesión de siete de octubre del año en curso, en el conflicto de competencial 47/2022, correspondió conocer a este juzgado federal el juicio de amparo indirecto 1222/2022, de este índice. Por otra parte, no ha lugar a proveer de conformidad lo peticionado, debido a que, por proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós se desechó la demanda de amparo por actualizarse la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 77, fracciones I y II, consistente en la imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de una sentencia de amparo, porque la vía constitucional no es idónea para determinar el pago de una compensación económica. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, Noroeste en Tepic, Nayarit; es decir fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito, envíese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en turno, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario de su adscripción para que se constituya en dicho centro penitenciario, a fin de buscar al quejoso de mérito y notificarle personalmente este proveído. Hágase del conocimiento del juez que le corresponda desahogar las diligencias antes mencionadas que se le faculta para que, en caso de ser necesario, habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo lo encomendado; lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo...M-III

  4. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; tres de noviembre de dos mil veintidós. RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO COMPETENCIAL. Agréguese el oficio remitido por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Octavo Circuito, y testimonio. Acúsese de recibo. Hágase saber a las partes la recepción del testimonio de la resolución dictada en sesión de siete de octubre del año en curso, en el conflicto de competencial 47/2022, del índice de la autoridad oficiante; mismo que en su punto primero resolutivo establece: PRIMERO. La Jueza Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, es legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto 1222/2022, de su índice, promovido por ***, por las razones y fundamentos de derecho señalados en el considerando quinto de esta ejecutoria. (.) Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, en acatamiento a lo ordenado por la superioridad, este órgano se avoca al conocimiento de la demanda de amparo signada por ***, por propio derecho, quien reclama de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, así como de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil municipal de Pachuca de Soto, ambas del Estado de Hidalgo, lo siguiente: 1. Se me sea reparado el daño por aber (sic) sufrido actos de tortura de parte de los oy (sic) señalados. 2. Actos de tortura psicológicos, físicos, malos tratos, y degradantes así como incomunicasion (sic). DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del análisis integral de la demanda, esta juzgadora advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable en el juicio de derechos fundamentales respecto de los actos reclamados; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito, de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juez de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que aun cuando se tramite el juicio, subsista la causal de improcedencia, a pesar de las pruebas que se ofrezcan para desvirtuarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, que dice: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso que nos ocupa, la suscrita considera que el juicio de amparo es improcedente porque a pesar de que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que sufrió actos de tortura, malos tratos e incomunicación por parte de las autoridades responsables al momento en que fue detenido en el dos mil once en el Estado de Hidalgo, los efectos de una eventual sentencia de amparo no podrían materializarse, ya que frente al derecho que en esta sede constitucional pretende reclamarse siendo una reparación del daño, en otras palabras, una compensación económica, procede una denuncia de responsabilidad patrimonial del Estado. Esta circunstancia actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 77, fracciones I y II, consistente en la imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios de una sentencia de amparo, porque la vía constitucional no es idónea para determinar el pago de una compensación económica. Los preceptos legales invocados establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De lo anterior se obtiene que las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se ubican dentro de la clasificación de sentencias estimatorias y sentencias de condena. Esto significa que esas resoluciones requieren de una ejecución por parte de la autoridad que las emite, a fin de lograr su materialización y su eficacia. De ahí que, el legislador federal estableció los alcances de la sentencia de amparo, según la clase de actos que se reclamen. Así, si el acto reclamado es de carácter positivo, se debe restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, habida cuenta que las cosas deben reestablecerse al estado que guardaban antes de la violación; por su parte, si el acto reclamado es de carácter negativo o implique una omisión, se deberá obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora bien, aun admitiendo que la reparación integral de las violaciones a derechos humanos es un derecho fundamental que puede hacerse valer frente a las autoridades nacionales, como lo establece el numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el problema que se plantea en este caso es distinto. Esto es así, porque la parte quejosa ***, solicita una reparación del daño con motivo de la detención efectuada en octubre de dos mil once por haber sufrido tortura, malos tratos e incomunicación; sin embargo, hay que determinar si las violaciones a derechos humanos que se analizan en el presente pueden ser reparadas en esta sede. Dicho de otra manera, la pregunta que hay que responder es si los jueces de amparo pueden decretar medidas que vayan más allá de la restitución del quejoso en el derecho violado, como indemnizaciones. La restitución del derecho violado es la medida de reparación asociada históricamente con el juicio de amparo. La Suprema Corte ha sostenido que la sentencia de amparo tiene efectos restitutorios, lo que quiere decir que el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven De esta manera, la restitución también incluiría la nulidad de todas las consecuencias jurídicas derivadas del acto reclamado que se dictó en vulneración de algún derecho fundamental. En otras palabras, la sentencia estimatoria de amparo constituye un fallo de nulidad porque sus efectos consisten en anular el acto reclamado y sus consecuencias, con lo cual se consigue regresar las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. Es decir, si una autoridad vulnera un derecho incumpliendo la obligación de realizar cierta conducta correlativa a un derecho fundamental, bastaría con anular el acto de autoridad para restituir al quejoso en el goce del derecho. De esta manera, cuando se ha violado un derecho que impone a la autoridad la obligación de realizar una conducta positiva, la restitución no puede conseguirse simplemente anulando el acto de autoridad ?efecto que ni siquiera se podría conseguir cuando el acto reclamado es una omisión absoluta?, sino obligando a la autoridad a que realice la conducta que está ordenada por el derecho en cuestión. Por su parte, la Ley de Amparo establece expresamente que la forma de reparar una vulneración a un derecho fundamental es la restitución. En este sentido, el artículo 77 señala que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en los casos en los que el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, la restitución consistirá en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Asimismo, otorga amplios poderes a los jueces de amparo para dictar las medidas necesarias para lograr la restitución del derecho. El citado artículo 77 señala expresamente que el juez de amparo podrá establecer en la sentencia estimatoria las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En este sentido, la fracción V del artículo 74 que establece que la sentencia de amparo debe contener los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, debe relacionarse con lo dispuesto en el citado artículo 77, el cual precisa que la finalidad de esas medidas es lograr la restitución del quejoso en el goce del derecho violado. Por otro lado, la manera de lograr la restitución del derecho violado adopta ciertas particularidades cuando el acto reclamado es una norma general. En estos casos, el artículo 78 señala que cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional, de tal manera que si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Al respecto, el propio precepto aclara que dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso De acuerdo con lo anterior, en estos casos la restitución del quejoso en el goce del derecho no se consigue anulado la norma general cuya invalidez ha sido declarada en la sentencia de amparo, sino desaplicándola en ese caso concreto al quejoso y extendiendo los efectos de la inconstitucionalidad a los actos cuya validez dependa de la norma en cuestión. En caso de que la sola desaplicación de la norma inconstitucional no sea suficiente para restituir al quejoso en el goce del derecho, como ocurre en muchas situaciones, la propia Ley de Amparo también otorga amplios poderes a los jueces de amparo para decretar otras medidas para logar la restitución. En esta línea, el citado artículo 78 dispone que el órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado. Sin embargo, hay situaciones en las que la constitucionalidad de una norma general puede salvarse realizando una interpretación conforme, en cuyo caso la restitución del quejoso en el goce del derecho requeriría anular el acto de aplicación de la norma impugnada y ordenar a la autoridad responsable utilizar esa interpretación cuando emita un nuevo acto con apoyo en esa norma. Las consideraciones anteriores no sólo muestran que la restitución del derecho es la medida que tradicionalmente se ha asociado a los efectos reparadores de la sentencia de amparo, sino también que la Ley de Amparo sigue manteniendo a la restitución como la medida principal a través de la cual se reparan las violaciones a derechos fundamentales en el marco del juicio de amparo. Una vez establecido lo anterior, procede examinar si la compensación económica reclamada por el quejoso ***, puede ser decretada por los jueces de amparo para reparar violaciones a derechos fundamentales. La compensación económica es una medida de reparación que sirve para indemnizar el daño causado en los casos en los que la violación de un derecho fundamental no ha podido ser reparada a través de la restitución del derecho o cuando ésta ha resultado insuficiente. En este sentido, una compensación económica sólo se puede decretar una vez que se han establecido los presupuestos de los juicios de atribución de responsabilidad: la realización de una acción u omisión que cumpla con algún un factor de atribución (subjetivo u objetivo); la actualización de un daño; y la existencia de una relación causal entre el daño experimentado por la víctima y la acción u omisión del agente dañador. Si se parte de la idea de que el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario que tiene como finalidad exclusiva la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como asume la doctrina clásica, lo lógico es adoptar una posición adversa a la posibilidad de que los jueces de amparo decreten compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable como medidas de reparación. Desde esta perspectiva, una sentencia estimatoria de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad civil de la autoridad por la realización del acto reclamado, además de que un procedimiento sumario como el amparo resultaría inadecuado para establecer los presupuestos de esa responsabilidad, los cuales deberían ser determinados en procesos ordinarios que tengan esa finalidad. Al respecto, la doctrina especializada ha señalado lo inconveniente que sería analizar en el juicio de amparo temas que pueden resultar sumamente complejos, como las cuestiones relacionadas con la prueba del daño, la conexión causal entre éste y la conducta de las autoridades o la cuantificación de la eventual indemnización. En este sentido, cabe destacar que en el derecho comparado el tema de las compensaciones económicas por vulneración de derechos humanos suele analizarse en juicios de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado a través de acciones específicas creadas para ese efecto. La Ley de Amparo no permite a los jueces decretar compensaciones económicas en las sentencias de amparo como medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos. En todo caso, hay que distinguir este tipo de situaciones de aquellas en las que en un juicio de amparo directo se analiza la constitucionalidad de un sentencia definitiva en la que se ha decretado una indemnización como medida para reparar una vulneración a un derecho fundamental, como la salud, integridad personal, honor, intimidad, o la propia imagen, con motivo de asuntos en materia civil, administrativa, penal o laboral. En este tipo de situaciones los tribunales de amparo pueden llegar a pronunciarse sobre la actualización de los elementos que permiten atribuir responsabilidad a alguien por la causación de un daño y, en consecuencia, determinar si es correcto condenar a esa persona al pago de una indemnización o si el monto de ésta fue correctamente calculado en función del tipo de daño causado, de acuerdo con lo que establezca la ley aplicable al litigio. De acuerdo con lo anterior, el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar el derecho a una reparación integral. Así, una vez dictada una sentencia de amparo en un caso concreto que determine la existencia de una violación a un derecho fundamental y establezca las medidas de restitución adecuadas para devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, la señalada víctima se encuentra facultada para acudir ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas para obtener los restantes aspectos de una reparación integral. Es decir, las víctimas de una determinada violación a derechos fundamentales se encuentran en posibilidad de acudir al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, donde podrán solicitar su ingreso al Registro Nacional de Víctimas e iniciar el procedimiento correspondiente para obtener una reparación integral en términos de lo dispuesto por los artículos 61, 62, 64, 73 y 74 de la Ley General de Víctimas. Ahora bien, una vez aclarado que los jueces de amparo no pueden decretar en las sentencias de amparo compensaciones económicas como medidas de reparación de violaciones a derechos humanos, esta juzgadora también entiende que existe un procedimiento en la Ley de Amparo a través del cual de manera extraordinaria se pueden establecer indemnizaciones económicas únicamente en los casos excepcionales en los que sea imposible restituir al quejoso en el derecho violado, siendo el incidente de cumplimiento sustituto. La regulación del incidente de cumplimiento sustituto fue desarrollada en el texto de la vigente Ley de Amparo. El artículo 204 establece expresamente que el incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. Mientras que el artículo 205 desarrolla los supuestos de procedencia del incidente y algunos aspectos del trámite que le corresponde. En este sentido, el citado precepto establece lo siguiente: Artículo 205. El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que: I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia. El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta Ley. Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma y cuantía de la restitución. Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente. Como puede advertirse de la lectura del precepto, la Ley de Amparo regula la tramitación del cumplimiento sustituto a través de un incidente, dentro del cual se determinarán la forma y cuantía de la indemnización. Al respecto, cabe destacar que la ley establece que en caso de que el cumplimiento se logre mediante un convenio entre las partes únicamente deberá darse aviso del mismo al órgano judicial, el cual limitará su intervención a velar por el cumplimiento de los términos del convenio, sin pronunciarse sobre su contenido. Así, se desprende que el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo consiste en el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Si bien la Ley de Amparo califica a la indemnización como restitución, lo cierto es que se trata de una medida de reparación consistente en una compensación económica que sólo se puede decretar de manera excepcional en los casos en los que no es posible llevar a cabo la restitución. En este orden de ideas, puede sostenerse que la compensación económica es una medida de reparación que opera en el juicio de amparo de manera subsidiaria, toda vez que el pago de la indemnización se encuentra condicionado a que se actualice la imposibilidad de restituir al quejoso en el goce del derecho violado. En otras palabras, el diseño constitucional del juicio de amparo permite que en el marco del incidente de cumplimiento sustituto se dicten medidas de compensación económica, en el entendido de que éstas sólo procederán de manera subsidiaria en supuestos muy específicos. En conclusión, la compensación económica es una medida de reparación subsidiaria que en el juicio de amparo sólo puede decretarse en el marco del incidente de cumplimiento sustituto una vez que se ha establecido la imposibilidad de restituir el derecho violado. Sin embargo, aun ante la imposibilidad de restituir en el goce de un derecho violado, el pago de la indemnización está condicionado a que dentro del incidente de cumplimiento sustituto se aporten elementos para probar tanto la existencia de los daños que se reclaman como la conexión causal entre la actuación de la autoridad responsable y esos daños, además de que en su caso también se deberán aportar elementos para la cuantificación del monto del daño a reparar. Como se ve, el juicio de amparo es improcedente porque los efectos de una eventual sentencia de amparo no podrían materializarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. LIII/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 469, Decima Época, con registro digital 2014342, que establece: MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. POR REGLA GENERAL NO ES POSIBLE DECRETAR EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO MEDIDAS NO PECUNIARIAS DE SATISFACCIÓN O GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN PARA REPARAR AQUÉLLAS. Las medidas de reparación no pecuniarias desarrolladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen el aspecto más innovador de su doctrina sobre reparaciones, las cuales han sido dictadas en la gran mayoría de los casos que involucran violaciones graves o sistemáticas a derechos humanos cometidas en los países de la región. Partiendo de esta premisa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entiende que las violaciones a derechos humanos de las que conocen los tribunales del Poder Judicial de la Federación con motivo de los juicios de amparo, en términos generales, no guardan similitud con los casos analizados por la Corte Interamericana que dieron lugar a medidas de reparación de carácter excepcional. De acuerdo con lo anterior, la Primera Sala del alto tribunal considera que ese tipo de medidas de reparación no pueden dictarse en el juicio de amparo, no sólo por las diferencias señaladas entre el tipo de violaciones analizadas en sede internacional e interna, sino también porque no existe fundamento legal para decretarlas. Al respecto, cabe recordar que las "medidas" que pueden dictar los Jueces, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, sólo pueden tener como finalidad restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, aunque bajo un entendimiento amplio del concepto de restitución y admitiendo la procedencia subsidiaria y extraordinaria de medidas compensatorias bajo la figura del cumplimiento sustituto. Así, no existe disposición alguna en la ley de la materia que permita a los Jueces decretar medidas de satisfacción tales como: disculpas públicas a cargo de las autoridades responsables; publicación de las sentencias; celebración de actos públicos en los que se reconozca la responsabilidad de las autoridades; realización de medidas o actos en conmemoración de las víctimas; y realización de obras de infraestructura con efecto comunitario o monumentos. En la misma línea, tampoco existe fundamento legal para que los Jueces puedan decretar garantías de no repetición similares a las que se encuentran en la doctrina interamericana, tales como la orden de realizar reformas legislativas o constitucionales; tipificar delitos o su adecuación a estándares internacionales; adoptar medidas administrativas como el establecimiento de programas de formación y/o capacitación de funcionarios; campañas de concientización y sensibilización dirigidas al público en general; o la elaboración de políticas públicas. Lo anterior, sin ignorar el efecto de no repetición que buscan algunas de las medidas expresamente previstas en la Ley de Amparo. De igual manera, la tesis 1a. LII/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 472, Decima Época, con registro digital 2014345, que establece: REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. LOS JUECES DE AMPARO NO PUEDEN DECRETAR COMPENSACIONES ECONÓMICAS PARA REPARARLAS, SALVO QUE PROCEDA EL CUMPLIMIENTO SUSTITUTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que la compensación económica es una medida de reparación que sirve para indemnizar el daño causado en los casos en los que la violación de un derecho fundamental no ha podido ser reparada a través de la restitución del derecho o cuando ésta ha resultado insuficiente. En este sentido, una compensación económica sólo puede decretarse una vez establecidos los presupuestos de los juicios de atribución de responsabilidad: la realización de una acción u omisión que cumpla con algún factor de atribución (subjetivo u objetivo); la actualización de un daño; y la existencia de una relación causal entre el daño experimentado por la víctima y la acción u omisión del agente dañador. De ahí que si se parte de la idea de que el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario cuya finalidad exclusiva es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo lógico es adoptar una posición adversa a la posibilidad de que los Jueces decreten compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable como medidas de reparación. Desde esta perspectiva, una sentencia estimatoria de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad civil o administrativa de la autoridad por la realización del acto reclamado, además de que un procedimiento sumario, como el amparo, resultaría inadecuado para establecer los presupuestos de esa responsabilidad, los cuales deberían determinarse en procesos ordinarios que tengan esa finalidad. Al respecto, la doctrina especializada ha señalado lo inconveniente que sería analizar en el juicio de amparo temas que pueden resultar sumamente complejos, como las cuestiones relacionadas con la prueba del daño, la conexión causal entre éste y la conducta de las autoridades o la cuantificación de la eventual indemnización. En este sentido, cabe destacar que en el derecho comparado, el tema de las compensaciones económicas, por vulneración de derechos humanos, suele analizarse en los juicios de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado a través de acciones específicas creadas para ese efecto (constitutional torts o human rights torts). Ahora bien, no existen disposiciones en la Ley de Amparo que permitan a los jueces decretar compensaciones económicas en las sentencias de amparo como medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos declaradas en esas resoluciones. Sin embargo, no debe soslayarse que el Estado Mexicano se encuentra obligado a garantizar el derecho a una reparación integral; de ahí que sea posible el dictado de medidas compensatorias únicamente bajo la figura del incidente de cumplimiento sustituto. Por otro lado, una vez dictada una sentencia de amparo en un caso concreto que determine la existencia de una violación a un derecho fundamental y establezca las medidas de restitución adecuadas para devolver a la víctima a la situación anterior a la violación, ésta se encuentra facultada para acudir ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas, para obtener los restantes aspectos de una reparación integral. Por ejemplo, las víctimas de una determinada violación a derechos fundamentales se encuentran en posibilidad de acudir al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, donde podrán solicitar su ingreso al Registro Nacional de Víctimas e iniciar el procedimiento correspondiente para obtener una reparación integral en términos de los artículos 61, 62, 64, 73 y 74 de la Ley General de Víctimas. Por lo anterior, ha quedado acreditada de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, , fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo, de ahí que procede desechar de plano la demanda presentada por *** NOTIFICACIÓN POR EXHORTO. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 4, Noroeste en Tepic, Nayarit; es decir fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, en relación con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a los límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, de los Tribunales Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito, envíese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en turno, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario de su adscripción para que se constituya en dicho centro penitenciario, a fin de buscar al quejoso de mérito y notifique personalmente este proveído. Hágase del conocimiento del juez que le corresponda desahogar las diligencias antes mencionadas que se le faculta para que, en caso de ser necesario, habilite al actuario de su adscripción para que en días y horas inhábiles lleve a cabo lo encomendado; lo anterior, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el nombre de usuario que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo...M-III

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