Julio Noe Almaguer de la Cerda

Expediente 1245/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1245/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
17/08/2021

Partes del expediente

  • Julio Noe Almaguer de la Cerda
  • JULIO NOE ALMAGUER DE LA CERDA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, a través del cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada, avocándose al conocimiento del presente asunto. Se ordena archivo En mérito de lo antes expuesto, y tomando en consideración que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena archivar el presente asunto, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Mediante Circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, emitida en atención a la sesión celebrada de manera extraordinaria ese día, se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; en la que los integrantes de esa Comisión determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, en la que entre otros puntos, destaca que se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En consecuencia, se debe dar trámite al presente asunto de conformidad con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, téngase por recibido el escrito de demanda promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", de quien reclaman la omisión de proporcionar la atención médica. Registro de la demanda Al respecto, fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1245/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. De la Suspensión de Oficio y de Plano Ahora bien, los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente: "Artículo. 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. --- Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. --- Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." "Artículo. 4o. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." De las normas constitucionales reproducidas se advierte que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, debiendo todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Dentro de los derechos humanos se encuentra el derecho a la salud, previsto en su artículo 4, conforme al cual, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos se afirma que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". El derecho a la salud, como ha afirmado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, comprende un conjunto de derechos y libertades dirigidos a posibilitar que cada persona pueda disfrutar del nivel más alto de salud. El nivel más alto posible variará según la persona, pues depende tanto de las circunstancias biológicas, sociales y económicas de cada individuo, como de la situación y los recursos de los que dispone cada Estado. La salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud de la manera siguiente: "es un derecho fundamental y el logro del grado más alto posible de la misma es un objeto social importantísimo en el mundo". De acuerdo con diversos tratados suscritos por el Estado mexicano el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social y que el derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden las disponibilidades garantizadas de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita al derecho a estar sano. Asimismo, conforme al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce pleno constituye una condición para el ejercicio de todos los derechos. La integridad personal es esencial para el disfrute de la vida humana. A su vez, los derechos a la vida y a la integridad personal se hallan directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud humana. El derecho a la vida impone al Estado una obligación compleja, en tanto que no sólo prohíbe la privación de la vida (que se traduce en una obligación negativa: que no se prive de la vida), sino que también exige que, a la luz de la obligación de garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos como el relativo a la salud, adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo. En ese sentido, existe transgresión al derecho a la vida por parte del Estado no sólo cuando una persona es privada de la vida por un agente del Estado, sino también cuando éste no adopta las medidas razonables y necesarias aludidas, como son las tendientes a preservarla, a minimizar el riesgo de que se pierda en manos del Estado o de otros particulares, y las necesarias para investigar efectivamente los actos de privación de la vida. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Registro: 163169. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. LXI/2010. Página: 24m de rubro y texto: "DERECHO A LA VIDA. SUPUESTOS EN QUE SE ACTUALIZA SU TRANSGRESIÓN POR PARTE DEL ESTADO. El derecho a la vida impone al Estado una obligación compleja, en tanto que no sólo prohíbe la privación de la vida (que se traduce en una obligación negativa: que no se prive de la vida), sino que también exige que, a la luz de la obligación de garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo. En ese sentido, existe transgresión al derecho a la vida por parte del Estado no sólo cuando una persona es privada de la vida por un agente del Estado, sino también cuando éste no adopta las medidas razonables y necesarias aludidas, como son las tendientes a preservarla, a minimizar el riesgo de que se pierda en manos del Estado o de otros particulares, y las necesarias para investigar efectivamente los actos de privación de la vida." Así, los Estados son responsables de regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva protección de los derechos a la vida y la integridad personal, inclusive de las personas que con motivo de índole penal, se encuentran privadas de su libertad personal. Para todo ello, se requiere de la formación de un orden normativo que respete y garantice efectivamente el ejercicio de sus derechos humanos, y la supervisión eficaz y constante sobre la prestación de los servicios de los que dependen la vida y la integridad de las personas. De igual forma, se estableció que la ley reglamentaria del artículo 4º constitucional, Ley General de Salud, establece que el derecho a la protección de la salud tiene entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; que los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social; son servicios básicos de salud, los consistentes en: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Por ello, el Alto Tribunal definió que conforme a la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4º constitucional, el mismo comprende la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, que en su actividad curativa significa el proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los medicamentos básicos correspondientes. Lo anterior se advierte de las tesis aisladas LXVIII/2009 y P. XIX/2000, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación. En ese orden de ideas, el artículo 126 de la Ley de la Materia a la letra dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal". Como ha quedado establecido, la parte quejosa en el escrito de demanda refiere que la autoridad señaladas como responsable, les niegan la atención médica no obstante de que sufren diversos padecimientos; por tanto, es dable concluir que dicho acto reclamado deriva del derecho humano a la salud el cual se encuentra estrechamente relacionado con el disfrute de los demás derechos fundamentales; entre ellos, los derechos humanos a la vida e integridad personal. En mérito de lo anterior, ante el aparente riesgo en la salud de la parte quejosa, se concede la suspensión de plano para el siguiente efecto: Para que los quejosos Julio Noé Almaguer de la Cerda, Jonathan Edgar Hernández Guevara, Edgar Noé Navarro Alcalá, Luis Alberto Blanco Flores, Juan Carlos Mendoza Bahena, Omar Machado Sillas, Francisco Ramírez Guerrero, Carlos Ernesto Lopez Llanos, Mario Alberto Hernández Maldonado y Daniel Hernández González, reciban el tratamiento médico y se les proporcionen los medicamentos adecuados a sus padecimientos, en el centro penitenciario donde se encuentran recluidos, esto es, en la Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, o bien, en caso de ser ordenado por el personal médico de dicho centro penitenciario, por un especialista que deberá ser solicitado por el mismo centro para que sean atendidos al interior de ese centro de reclusión, asimismo, deberán tomar todas la medidas necesarias para resguardar la salud e integridad de los quejosos y, en su caso, deberán acatar los protocolos de seguridad sanitaria que sean aplicables con relación al virus denominado COVID-19, debiéndose obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas en la demanda como responsables Con relación a lo anterior, gírese sendo oficio a la autoridad señalada como responsables, para que informen de inmediato sobre el cumplimiento dado a esta medida, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en la fracción l, del artículo 237, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida de actualización; aunado a que podrán incurrir en la hipótesis que establece el inciso III), del artículo 262 de la propia ley. Del representante común En términos del numeral 13 de la ley de la materia, se tiene como representante común de los quejosos a Julio Noé Almaguer de la Cerda, para que por su conducto sean notificadas las determinaciones dictadas en el presente expediente; lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, sea designado diverso quejoso. Incompetencia Una vez decretado lo anterior, esta sede constitucional estima necesario señalar que la cuestión de competencia de toda autoridad jurisdiccional es de oficioso pronunciamiento, y por consiguiente una cuestión de orden público, debe ser analizada oficiosamente por este órgano jurisdiccional, para legitimarse en el momento de decidir el fondo de un litigio al dictar la sentencia respectiva, por lo que es de precisarse que es el acto y las autoridades los que determinan dicha incompetencia. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo promovida, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos arriba a la conclusión de que carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por los consideraciones que a continuación se vierten. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En ese sentido, para determinar la competencia para conocer del presente juicio de amparo, debe primero precisarse donde tiene ejecución el acto reclamado, para lo cual resulta necesario el siguiente estudio. La parte quejosa reclama la omisión de proporcionar la atención médica, al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", asimismo, de la demanda de amparo se desprende que los impetrantes del amparo actualmente se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit. En ese sentido, y al advertirse que el acto reclamado es de carácter omisivo con efectos positivos sobre las cuestiones de internamiento de los mismos quejosos, dado que los beneficios alcanzados en el caso de ser procedente la demanda de amparo, surtirán efectos en el lugar donde se encuentren recluidos; por tanto, resulta competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, en turno. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1ª./J.86/2019 (10ª.) Décima Época, visible en el Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Materia Común, Registro 2021191, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 254, cuyo rubro: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Asimismo, sirve de apoyo por analogía jurídica a la anterior determinación, la Tesis II.2o.P.16 K (10a.), Décima Época, visible en el Libro 32, Julio de 2016, Tomo III, Materia Común, Registro 2012019, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 2093, cuyo rubro texto reza: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." Asimismo, sirve de apoyo la diversa jurisprudencia número 2a./J. 13/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Junio de 1995, en la página 107, Materia (s) Común, que por rubro y texto dice: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCION ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades". En tales circunstancias, de acuerdo con lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, determina carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver en el presente juicio de amparo; en consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase las actuaciones correspondientes al citado órgano jurisdiccional, quien se estima competente para conocer del asunto. Asimismo, se solicita al Juez que corresponda conocer del mismo, comunique a este órgano jurisdiccional, la determinación que considere respecto a la incompetencia planteada. De la notificación a la parte quejosa En ese sentido, toda vez que el domicilio para llevar a cabo la notificación del presente auto a la parte quejosa, se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos; con fundamento en el segundo párrafo del arábigo 116 de la Ley Reglamentaria, en relación con el dispositivo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto urgente a través de los medios legales y tecnológicos correspondientes, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, tenga a bien comisionar a uno de los actuarios adscritos al Juzgado a su digno cargo, para que se constituya en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste", les notifique el contenido del presente auto al representante común de los quejosos Julio Noé Almaguer de la Cerda, y le corra traslado con copia autorizada del mismo que al efecto se acompaña; habilitándolo para que realice tal formalidad procesal, inclusive, en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de amparo. En ese sentido, este juzgado federal otorga plenitud de jurisdicción al Juez de Distrito exhortado para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo de la comunicación oficial de referencia. Se solicita al homologo encargado de la presente diligencia, para que una vez realizada la notificación de mérito y de no existir inconveniente legal alguno devuelva la comunicación oficial ÚNICAMENTE por la misma vía remitida, es decir, vía SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), lo anterior con la finalidad de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones, con fundamento en el artículo 82 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. De la Compensación. Finalmente, gírese oficio al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, instruyéndole para que haga los movimientos, registros y/o cambios correspondientes en el sistema computarizado, para efectos estadísticos y cargas de trabajo, por lo que deberá informar el movimiento correspondiente de manera oportuna. Notifíquese; y personalmente por medio de exhorto a la parte quejosa.

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