Julio Moreno Soto
Expediente 15/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 15/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Julio Moreno Soto
Actuaciones
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa * el auto de fecha 27 de enero de 2016, en el que: Visto el escrito presentado por el quejoso licenciado Felipe de Jesús Ayala Orozco en su carácter de acusador coadyuvante de Julio Moreno Soto, mediante el cual se le tiene dando cumplimiento a la prevención de quince de enero de dos mil dieciséis. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que ésta debe desecharse porque deviene notoriamente improcedente de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo en vigor. Dispositivo legal que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)." Del precepto legal trascrito, se desprenden cuatro hipótesis a saber: Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Que conforme a la ley que establece el recurso, los efectos del acto reclamado se suspendan mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal. Que para que se suspendan los efectos del acto reclamado no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. Ahora bien, en la especie el quejoso licenciado Felipe de Jesús Ayala Orozco en su carácter de acusador coadyuvante de Julio Moreno Soto, reclama del Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenido Poniente de Mexicali, Baja California, el incumplimiento de los plazos y términos que establece el procedimiento penal llevado a cabo en el número de NUC 0202-2015-01303, la falta de pronunciamiento con relación a la promoción presentada por el quejoso el treinta de diciembre de dos mil quince y la falta de pronunciamiento con relación al dictamen médico remitido por el Instituto Psiquiátrico relativo a Julio Moreno Soto. En efecto, por lo que ve al supuesto previsto en el inciso a) anterior, se satisface porque dichos actos fueron realizados por la autoridad formalmente administrativa, aunque su omisión se vincule con actos relacionados con la investigación de delitos (de naturaleza penal), como lo es el Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenido Poniente de Mexicali, Baja California, lo que implica que la emisión y ejecución de los actos reclamados se atribuye a una autoridad formalmente administrativa distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Por lo que respecta al requisito marcado como b), atinente a que en contra de dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; también se encuentra cubierto con base en las siguientes consideraciones: El artículo 20, apartado C, fracción, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Art. 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." + Énfasis añadido. Al interpretar de manera relacionada el indicado precepto legal con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna, con el diverso dispositivo de la Ley de Amparo analizado, a que se ha hecho referencia, se colige que la víctima y el ofendido del delito tienen como derecho fundamental, impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Al respecto del citado derecho fundamental de la víctima u ofendido, la legislación procesal del Estado de Baja California, desarrolla su alcance y tiende a garantizar su efectividad. Así, el artículo 119, fracción XIII, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Baja California, dispone: "Artículo 119.- Derechos de la víctima u ofendido.- La víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: . XII. Impugnar ante el Juez de Garantía las decisiones que recaigan a las quejas interpuestas contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos o de su negativa de reabrir la investigación; ." Sumado a lo anterior, los artículos 223 y 226 del mismo ordenamiento procesal estatal, disponen: "Artículo 223.- Queja.- El denunciante, querellante o el imputado, podrá acudir en queja ante el superior del Ministerio Público que estuviere conociendo del asunto, por su inactividad injustificada durante la investigación, o cuando omita tomar una determinación respecto de la misma, a pesar de que cuenta con los antecedentes necesarios para ello. La queja deberá resolverse por escrito en un plazo de setenta y dos horas." "Artículo 226.- Control judicial.- Las decisiones de abstenerse de investigar, de no ejercicio de la acción penal, así como la negativa de reabrir la investigación en caso de archivo temporal, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Garantía. De igual manera, la víctima u ofendido del delito, o el imputado, según corresponda, podrán impugnar ante el Juez de Garantía, lo resuelto o el silencio del superior jerárquico del Ministerio Público respecto a la queja interpuesta por alguno de ellos en contra de la inactividad injustificada durante la investigación o cuando omita tomar una determinación sobre la misma. En ambos supuestos, la impugnación deberá presentarse dentro de los diez días naturales siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acto impugnado, o bien, de aquel en que fenezca el plazo para emitir la resolución de la queja, para el caso de silencio de la autoridad. En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el Juez convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto al promovente de la impugnación, así como a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso al imputado y a su defensor, según corresponda, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga respecto de la misma. La incomparecencia de la parte promovente, de la víctima u ofendido o del imputado y su defensor no impedirá la celebración de dicha audiencia y del dictado de la resolución. El Juez podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle iniciar o reabrir la investigación o continuar con la persecución penal, en el evento de que la resolución del Ministerio Público o su superior jerárquico no se ajuste a las disposiciones legales correspondientes. Asimismo, el Juez podrá confirmar o revocar lo resuelto por el superior jerárquico del Ministerio Público respecto a la queja interpuesta en términos del artículo 223 del presente Código, en contra de la inactividad injustificada durante la investigación o cuando omita tomar una determinación sobre la misma, y en caso de silencio, le ordenará se emita la resolución respectiva. En los casos de los dos párrafos anteriores, si la decisión del Ministerio Público o del Superior jerárquico del Ministerio Público carece de fundamentación o motivación, el Juez deberá ordenarle a quien corresponda, funde o motive la misma, quedando a salvo los derechos de la víctima u ofendido o del imputado para impugnar la resolución que se dicte como consecuencia de lo anterior." De los citados preceptos legales se advierte el reconocimiento del derecho fundamental del ofendido y de la víctima del delito de impugnar en queja ante el superior jerárquico del Ministerio Público que estuviere conociendo del asunto, por su inactividad injustificada durante la investigación o cuando omita tomar una determinación respecto de la misma, a pesar de que cuenta con los antecedentes necesarios para ello. Asimismo, podrá impugnar ante la autoridad jurisdiccional el silencio del superior jerárquico del Ministerio Público respecto a la queja interpuesta en contra de la inactividad injustificada durante la investigación o cuando omita tomar una determinación sobre la misma, es decir, la legislación procesal penal de la entidad dispone el mecanismo jurisdiccional para controlar la actividad investigadora del fiscal investigador, cuando ésta se relacione con su pasividad en la investigación en detrimento de los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, y con la omisión de proveer medidas para la restitución de sus derechos, en cuyo caso éstas últimas, previamente a acudir al juicio de amparo, deberán hacerlo ante el superior del Ministerio Público que estuviere conociendo del asunto y posteriormente en contra de lo resuelto o del silencio de dicho superior jerárquico del Ministerio Público respecto a la queja interpuesta en contra de la inactividad injustificada durante la investigación o cuando se omita tomar una determinación sobre la misma podrá impugnar ante el Juez de Garantía a efecto de solicitar audiencia, con la asistencia de las partes que atendiendo a la naturaleza que en cada caso corresponda, en la que se discuta con el fiscal investigador lo relativo a la omisión de investigación de los delitos y de adoptar las providencias precautorias o medidas de restitución que solicite; de tal forma que el Juez de Garantía podrá confirmar o revocar lo resuelto por el superior jerárquico del Ministerio Público respecto a la queja interpuesta en términos del artículo 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, en contra de la inactividad injustificada durante la investigación o cuando omita tomar una determinación sobre la misma, y en caso de silencio, le ordenará se emita la resolución respectiva, obligando al Ministerio Público a actuar en consecuencia y a adoptar las medidas legales conducentes a la protección y respeto de los derechos de la víctima u ofendido. De ahí que el juicio de amparo intentado en contra de las omisiones reclamadas del citado fiscal investigador es improcedente, en razón de que previamente a su interposición, la parte quejosa debió impugnar tales omisiones ante el superior jerárquico del Ministerio Público que estuviere conociendo del asunto, de modo que al no agotar la instancia ordinaria, la parte quejosa incumplió con el principio de definitividad en que se sustenta el juicio constitucional. Por tanto, el supuesto previsto en el inciso b) a que se ha hecho referencia también se encuentra satisfecho, dado que contra los actos reclamados en estudio, por sí, procede la solicitud respectiva que haga la víctima u ofendido del delito a efecto de que el superior jerárquico del Ministerio Público que estuviere conociendo del asunto emitiera una resolución controlando los actos reclamados del Ministerio Público en contra de la inactividad injustificada durante la investigación o de las omisiones sobre la misma, por medio del cual puede obligarse al fiscal a actuar en consecuencia y a adoptar las providencias precautorias o medidas legales conducentes para salvaguardar los derechos de la quejosa. Por lo anterior, en relación con los supuestos contenidos en los incisos c) y d), referentes a que conforme a la ley que establece el medio de defensa legal, los efectos del acto reclamado se suspendan mediante la interposición del medio de defensa correspondiente y que para que se suspendan los efectos del acto reclamado no se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, en la especie, tales requisitos se acreditan respecto de los actos reclamados en análisis. Es así porque, como se ha visto, acorde con lo establecido por el citado artículo 223 del Código de Procedimientos Penales, el superior jerárquico del Ministerio Público resolverá la queja interpuesta en un plazo de setenta y dos horas, y en el caso conducente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del código procesal indicado el Juez de Garantía puede adoptar las medidas legales necesarias que el fiscal provea lo relativo al respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos, de tal forma que se vean restituidos y respetados en sus derechos durante el lapso de la investigación ministerial, lo anterior, acorde, además, con la obligación de garantía de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1° de la Constitución. A las consideraciones anteriores, resulta aplicable por su sentido jurídico y por no ser incompatible con los postulados de la actual Ley de Amparo, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Circuito, publicada en la página 3030 del Tomo XXXII, Octubre de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ADMITIR UN MEDIO PROBATORIO EN LA PRIMERA ETAPA O FASE PRELIMINAR DEL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL ANTE EL JUEZ DE GARANTÍA, SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).". Además, el hecho que la legislación procesal penal de la entidad establezca como medio legal para controlar jurisdiccionalmente la inactividad del fiscal investigador o cuando omita tomar una determinación respecto de la misma, la interposición de una queja, no contraviene el derecho de acceso a la justicia inmerso en el de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, y reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que conlleva el deber de garantizar que los recursos legales sean sencillos, rápidos y efectivos. Es así, porque en tratándose de dicho medio legal, genera la obligación para la víctima u ofendido de agotar ese medio legal antes de acudir al juicio de amparo, lo cual es acorde a los derechos fundamentales reconocidos nacional e internacionalmente a los sujetos pasivos del delito en cuanto al sistema de impugnación previsto en las normas procesales. De esta forma, al legitimar la ley adjetiva a la víctima u ofendido del delito para interponer el citado medio legal ante el superior jerárquico del Ministerio Público que conozca del asunto, le es exigible agotar el principio de definitividad antes de promover el juicio de amparo, sin que ello represente la imposición de una exigencia excesiva y carente de razonabilidad, al estar legitimado para acudir ante el superior jerárquico del Ministerio Público que conozca del asunto a exponer su reclamo correspondiente, así como porque de esa forma se garantiza su derecho fundamental de acceso a la justicia que implica el promover un recurso efectivo, sencillo y de fácil acceso. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo en vigor, desechar de plano la demanda que dio lugar a este expediente, pues de acuerdo a lo antes expuesto, existe un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia, ya que se actualiza la causa que deriva del artículo 61, fracción XX, de la invocada ley. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo que dispone el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, para los casos en los que en el presente juicio de garantías se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, así como en el incidente de suspensión relativo o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegaré a derivar de este expediente a cualesquiera de las partes que intervienen en los mismos y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de lo dispuesto por los artículos 26 y 27, fracción I de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuar las mismas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicaran sin la supresión de sus datos personales, salvo lo dispuesto por los artículo 8° de la ley y reglamento aludidos. ..., lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 27 fracción I inciso c, de la Ley de Amparo.
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