Julio Miranda Cruz

Expediente 291/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
291/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Julio Miranda Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    III- Toluca, Estado de México; veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el quejoso no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, atendiendo al estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del cual se evidencia que no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, y que a su vez se fundamenta en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se hace la precisión siguiente: 1. A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de trascendencia o relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en artículo 15 del Acuerdo General de referencia. 2. Asimismo, en términos del diverso artículo 21, inciso a), del referido acuerdo este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En otro contexto, se comunica a las partes que de conformidad en los artículos 8º, fracción I y 9, del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, acorde con el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Ahora, de conformidad con el artículo 20, del aludido acuerdo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días comparezca ante este órgano jurisdiccional, a recoger los documentos que exhibió en autos, apercibida que de no hacerlo así, dentro del plazo otorgado, serán depurados y en su momento destruidos junto con éste. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    III- Toluca, Estado de México; veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su artículo 2º; agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el representante legal del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y su Presidente; mediante el cual rinde informe justificado; señala domicilio procesal físico, proporciona correo electrónico; designa delegados; invoca casusas de improcedencia y sobreseimiento, y proporciona usuarios para realizar la consulta del expediente electrónico. Asimismo, exhibe electrónicamente el original del dictamen de pensión ********************, de trece de mayo de dos mil veintidós, así como la constancia de notificación personal de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, realizada al quejoso ********************. Ahora, del análisis del presente juicio de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama a través del presente juicio de amparo: La omisión de dar contestación a la petición formulada por ********************, mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, con número de folio********************, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; para que emitiera un dictamen de pensión del sistema solidario de reparto. Luego, como se advierte de líneas que preceden, la autoridad responsable al rendir su informe justificado, adjuntó copia dictamen de pensión ********************, de trece de mayo de dos mil veintidós, así como la constancia de notificación personal de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, realizada al quejoso ********************. Por tanto, en la especie se considera actualizada de manera fehaciente e inequívoca la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, bajo las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio firme de que para la actualización de la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, o cuando se trate de omisiones, que actué en consecuencia, sino que es necesario que los efectos que produjo dicho acto u omisión se destruyan de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la propia ley, es restituir al quejoso en el uso y goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que se encontraban antes de la violación, es decir, que la actuación de la autoridad que sobrevino, de algún modo cubra las exigencias que en su momento llevaron al gobernado a promover el juicio de amparo En el caso, la parte quejosa promovió el juicio de amparo por la supuesta omisión de dar contestación a la petición formulada mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, con número de folio********************, ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; para que emitiera un dictamen de pensión del sistema solidario de reparto; sin embargo, como ya se detalló expresamente, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexadas a su informe justificado, se desprende la existencia del dictamen de pensión ********************, de trece de mayo de dos mil veintidós, así como la constancia de notificación personal de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, realizada al quejoso ********************. Así pues, se advierte que el Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, venció la omisión de marras emitiendo el dictamen respectivo y notificándolo al impetrante de amparo. Así pues, si bien es cierto en un momento determinado resultaba viable el planteamiento constitucional con base en la omisión alegada por el quejoso; no menos cierto es que de las constancias de autos ha quedado plenamente demostrado que aquélla ya fue vencida, pues efectivamente se emitió el dictamen de pensión ********************, de trece de mayo de dos mil veintidós, el cual se notificó el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, al impetrante ********************, lo que evidencia que la autoridad responsable se pronunció sobre la petición de la parte quejosa. Luego, tomando en consideración lo anterior, resulta que la omisión reclamada dejó de existir; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando al momento de la presentación de la demanda, podría haber existido una eventual violación a un derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior, en razón de que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para el caso de que a la parte quejosa se le hubiese concedido la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto omisivo, los de obligar a la autoridad responsable a pronunciarse sobre la contestación a la petición formulada ante la Unidad de Atención al Derechohabiente Toluca del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno; lo que indudablemente ya ocurrió. De esta forma, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales por la aludida dilación u omisión, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y Protección de la Justicia Federal. Así pues, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; se estima procedente sobreseer el presente asunto fuera de la audiencia constitucional. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se comisiona a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que haga las anotaciones respectivas tanto en dicho sistema, como en el Libro de Gobierno. Además, comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con quince minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.

  3. Principal

    III.- Toluca, Estado de México; diez de marzo de dos mil veintitrés. agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos y ofrece las siguientes pruebas: 1. Documental consistente en los informes justificados; 2. Presuncional legal y humana, e; 3. Instrumental de actuaciones se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas de referencia dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. se tienen por hechas sus manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de aquéllos al celebrar la audiencia constitucional.

  4. Principal

    III- Toluca, Estado de México; dos de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°; agréguese a los autos la razón de cuenta, mediante la cual, el Actuario de la adscripción manifiesta su imposibilidad para notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de veintisiete de febrero del año en curso, por los motivos que expone, esto es, toda vez que al constituirse en el domicilio y una vez cerciorado de que se trata del correcto, se le informó por parte de un vecino del lugar que el despacho buscado se encuentra desocupado desde hace un año aproximadamente, y que se desconoce dónde pueda ser localizado. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; se ordena notificar a la parte quejosa el presente auto, el diverso de veintisiete de febrero del año en curso, así como los subsecuentes que se emitan en el presente sumario constitucional, a través de la lista que se publica en este Juzgado de Distrito. Notifíquese; y mediante lista a la parte quejosa el presente proveído, así como el diverso de veintisiete de febrero del año en curso. III.- Toluca, Estado de México; veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se evidencia que con motivo de la contingencia sanitaria derivada de los efectos de la pandemia por el virus SARS-COV-2 (Covid-19); el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, así como la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente, emitieron diversos Acuerdos y Circulares por los cuales se suspendieron plazos y actuaciones procesales durante los periodos comprendidos entre el dieciocho de marzo y el tres de agosto de dos mil veinte, y entre el diecinueve de diciembre de dos mil veinte y el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. En ese sentido, se evidencia que por regla general, durante aproximadamente ocho meses se suspendieron los plazos y actuaciones procesales, por ende, con el fin de no incurrir en violaciones que pudieran dejar en estado de indefensión a la parte quejosa; con fundamento en lo establecido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se estima pertinente considerar un plazo de ocho meses cerrados, que resulta adicional a los dos años que prevé el precepto 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, para la prescripción de los certificados de depósito en favor del erario federal; plazo que a la fecha feneció como se advierte de la certificación de cuenta. En ese tenor, de la certificación de referencia se advierte que concluyó el plazo de dos años establecido en el artículo 50 de la Ley Tesorería de la Federación, aplicable al caso con concreto, en términos de lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio, de la Ley de Tesorería de la Federación. En consecuencia, con apoyo en el artículo precitado y los diversos 37, 45 y 48 de dicha legislación y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 31 del Acuerdo General número 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se Regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, se decreta que ha operado en favor del fisco federal la prescripción del billete depósito ********************, que ampara la cantidad de ********************, el cual se encuentra guardado en la caja de seguridad bajo el número de registro 73/2019.

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