Julio Mejia Camacho
Expediente 141/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Julio Mejia Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; catorce de julio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en los presentes autos; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del precepto 2º de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; comuníquese lo anterior a las partes. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
En la Ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, quien actúa en unión de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, secretaria quien da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, el Secretario da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y su anexo; con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación mediante el cual ofrece la prueba instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata, asimismo, atento a las pruebas ofrecidas acuérdese lo correspondiente en la etapa respectiva. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior se da por terminada la presente audiencia pública. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el ocho de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, turnada el día siguiente a este Juzgado Federal, Julio Mejía Camacho, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra la autoridad y los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES Tienen ese carácter tanto el Delegado en Durango como el Subdelegado de Prestaciones Económicas en Durango, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)". "IV. ACTO RECLAMADO La omisión de las autoridades responsables de dar cumplimiento tanto a la sentencia definitiva de cinco de febrero de dos mil veintiuno como a la sentencia interlocutoria de queja de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitidas por la Primera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio contencioso administrativo 4104/19-05-01-9. Así mismo, bajo protesta de decir verdad, señalo los hechos o abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado". En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, señalando los derechos humanos que, en su concepto, se violaron es el contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós, fue admitida en sus términos y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 141/2022-IV motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente; y se dio vista al Ministerio Público de la Federación. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013, en relación con el diverso 1/2019, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues, aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, en el caso se reclaman actos de una autoridad con residencia en la circunscripción territorial en que este jugado ejerce su jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son los siguientes: i. La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de cinco de febrero de dos mil veintiuno, así como a la sentencia interlocutoria de queja de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitidas por la Primera Sala Regional del Norte-Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio contencioso administrativo 4104/19-05-01-9. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Lo anterior se encuentra corroborada con las constancias, que fueron allegadas a este contradictorio federal por el Delegado Estatal en Durango del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a las que por tener la calidad de documento público, se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A ese respecto, se cita la tesis de jurisprudencia doscientos veintiséis, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, cuyo rubro dice así: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia de los actos atacados por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos que se trata, por lo cual, lo conducente, ahora, es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, que precisa lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Pues bien, este órgano de control constitucional no entrará al estudio de la inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.).". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por acto de autoridad se entiende aquel acto unilateral a través del cual un órgano del Estado, en un plano de supra a subordinación y en ejercicio de una facultad decisoria, con fundamento en una norma legal crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, acorde con lo dispuesto en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. Para clarificar el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, a través de la cual éstos actúan en un mismo plano; así, para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por propia mano, se establecieron en la ley los procedimientos ordinarios, necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, precisamente, porque esas partes se encuentran en el mismo nivel; es decir, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, y por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho particular, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera del particular. d) Para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, Novena Época, Registro 161133, de la Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado.". El acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de cinco de febrero de dos mil veintiuno, así como a la sentencia interlocutoria de queja de veinte de octubre de dos mil veintiuno, por parte del Subdelegado de Prestaciones Económicas, del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, no es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. El artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. De los artículos reproducidos deriva, en lo que interesa en este asunto, lo siguiente: 1. Las resoluciones dictadas por el la Sala Regional deberán ser cumplidas, desde luego, por las autoridades correspondientes. 2. La Sala Regional podrá imponer multas de trescientas hasta mil de salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado para hacer cumplir sus determinaciones, previniendo a la autoridad responsable sobre nuevas multas de apremio e informará al superior jerárquico de la demandada. 3. Si persiste la renuencia de la demandada (responsable) a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional podrá requerir al superior jerárquico para que la obligue a cumplir sin demora y en caso de incumplimiento, podrá imponer una multa de apremio al superior jerárquico. 4. Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. 5. Transcurridos los plazos ahí indicados, la Sala regional que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Como puede constatarse, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo desarrolla el procedimiento que deberá seguir la Sala Regional para lograr la ejecución de sus resoluciones. En el procedimiento para conseguir la ejecución de las sentencias, conforme a lo previsto en la legislación en cita, sobresale la facultad que se otorga a la Sala regional para imponer multas; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de las resoluciones; el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las sentencias; y la obligación de comisionar a un funcionario judicial para que requiera a la parte demandada el cumplimiento de la sentencia cuando la naturaleza del acto lo permita, además de informar al superior jerárquico para que obligue a la demandada a cumplir la sentencia, e imponerle a éste, multas e informar también a la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Conforme a la legislación citada, se concluye que la Primera Sala Regional, con sede en esta ciudad, cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y ejecución de sus sentencias y no únicamente la multa. Al ser ésta la lógica de la normativa, resulta inconcuso que el plano de coordinación que caracteriza las relaciones de los particulares y la igualdad procesal que subyace en ellas, se extiende también al ámbito de la ejecución de las resoluciones, en el cual, en el caso, como sucede con cualquier particular, su incumplimiento por parte de la autoridad demandada puede ser vencido a través de la amplia gama de instrumentos legales con que cuentan para lograr el cumplimiento de las sentencias que emite. En otras palabras, desde ese modelo, la autoridad demandada no actúa en un esquema de supra a subordinación -como condición para la categorización de un acto de autoridad-, sino en todo momento dentro de una relación laboral con el particular actor. Por tanto, el incumplimiento por parte del Subdelegado de Prestaciones Económicas, del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a las resoluciones dictadas en su contra, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o, fracción II de la Ley de Amparo. No escapa a consideración el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 85/2011, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)". En ese criterio jurisprudencial, el Alto Tribunal del país determinó que el incumplimiento por parte de los organismos de la administración pública de la Federación y de las entidades federativas a una sentencia dictada en un juicio, en el que hubieren figurado como parte, involucra un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se explicó que ello era así, porque si bien la obligación a su cargo derivaba de una sentencia dictada en un juicio en el que habían intervenido en una relación de coordinación y no de supra a subordinación, la imposibilidad de ser sujetos de ejecución forzosa, bajo el beneficio dispuesto en el artículo 4 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los colocaba en un plano de desigualdad que afectaba la esfera jurídica del particular al impedírsele obtener por vía de apremio la de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en su favor. No obstante ello, debe señalarse que el citado criterio jurisprudencial en forma alguna es aplicable al caso en específico, pues la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé un procedimiento específico para dar pleno cumplimiento a las sentencias dictadas por las salas regionales, en los cuales, incluso, puede llegarse a su forzoso acatamiento; circunstancia que, conlleva, en sí mismo, el sostenimiento del plano de igualdad generado a propósito del vínculo de coordinación laboral de origen. Por consiguiente, la falta de cumplimiento de las resoluciones por parte de la parte demandada - Subdelegado de Prestaciones Económicas, del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)- no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esas condiciones, conforme lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 5, fracción II de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en que se actúa, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable, agregado en proveído de veintitrés de mayo en curso. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que habría de celebrarse el día de hoy y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, para su celebración. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia setecientos cincuenta y siete, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta y ocho del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, que es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Informe. Visto lo de cuenta, se recibe el informe justificado remitido por la autoridad responsable, y agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe que se trata, con el cual, se da vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Domicilio. Téngase como domicilios para oír y recibir notificaciones el que indica, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la legislación aplicable, se tienen como delegados a las personas señaladas para ello en el oficio que se provee. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo la prueba documental que anexa a su informe justificado; la cual se admite, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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