Julio Medina Montalvo

Expediente 87/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
87/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • Julio Medina Montalvo

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiere recurrido el auto de treinta y uno de enero del año en curso, a través del cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente expediente; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso artículo 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con apoyo en el artículo 214 de la referida Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con la fracción I, del capítulo relativo a "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en razón que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, toda vez que la parte promovente exhibió con su escrito de demanda documentos en original y copia certificada, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo Primero y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, del citado acuerdo, requiérasele para que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos en el presente expediente, apercibido que, en caso de no hacerlo en el plazo que para ello se le concede, serán destruidos junto con el juicio de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Visto el escrito de demanda signado por Julio Medina Montalvo, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XL, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 87/2019-III. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 112 y 113, en relación con el artículo 62, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de Amparo al advertirse una causa de improcedencia manifiesta e indudable cuya observancia es de oficio, atenta su naturaleza de orden público. En el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado este último a contrario sentido; ambos de la Ley de Amparo. Dispositivos que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "ARTÍCULO 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". Se afirma de esa manera, pues de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa en la presente vía, consiste en el acuerdo emitido dentro de la audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria, celebrada el ocho de enero de dos mil diecinueve, en los autos del juicio agrario número 472/2005, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Cuarenta, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, específicamente en la parte siguiente: ". por lo que respecta a las manifestaciones y escrito presentado por Julio Medina Montalvo, mediante el cual pretende en esta audiencia contestar la incoada en su contra, ofrecer pruebas, oponer excepciones y defensas, formular manifestaciones, objetar pruebas y hacer señalamiento respecto a la demanda formulada por los actores (SIC) Taide, Catalina, Amparo, Guadalupe, Esperanza y Eloísa, todos de apellidos Medina Montalvo, además de formular demanda reconvencional, dígasele que no ha lugar a tener por contestada la incoada en su contra, ni tampoco por formulada la demanda reconvencional (.)." Sentado lo anterior, se precisa que el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, establece que tratándose de actos dentro de un juicio o procedimiento, sólo procederá el amparo cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; así pues, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos del hombre, como lo son la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener un resultado favorable en el proceso jurisdiccional, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. Robustece lo anterior el criterio sustentado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, número 29/89, visible en la página 291, Tomo IV, Primera Parte, de Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Bajo ese contexto, se puede advertir que el acto combatido por la parte quejosa no es procedente en la vía indirecta, puesto que de acuerdo con el referido artículo 107, fracción V, del ordenamiento anotado, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra actos que en el juicio o procedimiento, tengan sobre las personas o cosas una ejecución de imposible reparación; y en la situación particular, el acto reclamado no reúne esa característica, pues se hace consistir en la determinación emitida en la audiencia celebrada el ocho de enero de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio agrario número 472/2005 del índice del Tribunal responsable, en la cual, en lo que interesa, se aprecia que dicha autoridad no admitió la contestación de demanda formulada por el quejoso Julio Medina Montalvo, ni la relativa a su demanda reconvencional. Lo anterior, dado que el Magistrado responsable consideró que existe el diverso juicio de amparo indirecto número 85/2016-I del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Anita Medina Montalvo, en el cual se concedió la protección constitucional a efecto que se dejara insubsistente la resolución definitiva emitida el veintisiete de enero de dos mil seis, así como su aclaración de nueve de marzo de esa propia anualidad, dictadas en el referido juicio agrario número 472/2005, de igual forma, a fin que se ordenara la reposición del procedimiento en dicho asunto y la aludida quejosa fuera llamada al juicio de origen. Asunto en el que dicha concesión única y exclusivamente versó respecto de la señalada persona para deducir los derechos que pudiesen derivar de su parentesco de hija de la finada ejidataria Esperanza Montalvo Cruz, titular del derecho sucesorio que se controvierte; lo que no redundó en una generalizada reposición de procedimiento, sino que únicamente fue acotada para la quejosa en comento, por la que se concedió la protección constitucional en aquél sumario constitucional. De ahí que la responsable consideró que el demandado Julio Medina Montalvo - aquí quejoso - carece de derecho para que hasta ese momento procesal pretenda contestar su demanda, aunado a que previamente fue debidamente emplazado a juicio y, posteriormente se le tuvo por precluido su derecho para contestar la demanda en virtud de no haber comparecido a la audiencia de treinta y uno de octubre de dos mil cinco, celebrada dentro de los autos del expediente laboral número 472/2005, consideraciones que se advierten de las constancias relativas a dicho acto exhibido por el propio quejoso en su demanda. Por lo que se trata de una determinación, que de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, no tiene una ejecución de imposible reparación en la medida en que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos que protegen las normas constitucionales, sino que en todo caso se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal. De ahí que, en el contexto de la Ley de Amparo, el acto reclamado que únicamente afecta a la parte quejosa dentro de un procedimiento jurisdiccional, en el que figura como parte demandada dentro de los autos del juicio agrario número 472/2005, no puede estimarse de imposible reparación, pues no tiene como consecuencia la afectación a "derechos sustantivos", y ni la lesión que produce es de tipo "material", tal como lo exige la nueva disposición legal de la materia en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por tanto, se puede concluir que cuando los actos que se reclaman en un juicio de amparo no tienen una ejecución de imposible reparación, el juicio de amparo es improcedente de conformidad con la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la citada fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, interpretado éste último a contrario sentido. Tiene aplicación en lo concerniente, la jurisprudencia, número 244, consultable en la página 164, del Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, cuyo rubro y texto dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual forma, por el espíritu que la motiva, la jurisprudencia 1a./J. 54/2011, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, página 772, Libro I, Octubre de 2011, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA). El proveído que tiene por contestada en sentido negativo la demanda civil instaurada en el juicio original en contra del quejoso no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, pues se considera que la naturaleza del citado proveído es eminentemente procesal y no tiene por vocación afectar directa e inmediatamente algún derecho sustantivo de aquellos que se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo se concluye que tampoco se suele ocasionar afectación predominante o superior al demandado, pues el perjuicio únicamente se refiere a la imposibilidad de oponer excepciones, defensas, y en su caso reconvenir, pero no impide la participación procesal del sujeto demandado, ni implica que necesariamente dentro de ese juicio original se emitirá una sentencia contraria a los intereses del demandado. Sin embargo, pueden presentarse casos especiales en los cuales si bien se contesta la demanda, le recae el acuerdo de tenerla contestada en sentido negativo -generalmente por no haberse cubierto alguna carga o requisito procesal-. Si en dicha contestación se formuló una excepción respecto de la cual este Alto Tribunal ha dejado sentado que procede el amparo indirecto, entonces deberá atenderse a la naturaleza de la excepción hecha valer y, por lo tanto, sí será procedente el amparo indirecto." Así como también, por su esencia la tesis VII.2 o.T.43 L (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 2786, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dice: "DEMANDA EN EL JUICIO LABORAL. EL AUTO QUE DESECHA SU CONTESTACIÓN Y LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO AFIRMATIVO, NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE, EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 107, fracción V, 170 y 172 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, al ser esa afectación susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado la violación al derecho fundamental de que se trate, en términos de la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno del Más Alto Tribunal, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).".* Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, en el juicio laboral el auto que desecha la contestación de demanda y la tiene por contestada en sentido afirmativo (de conformidad con el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo) no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que dicho acuerdo sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene laudo favorable, máxime que el hecho de tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, no entraña necesariamente un laudo condenatorio, porque las Juntas, al igual que cualquier otro tribunal, tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuraron o no sus elementos. En tal virtud, la resolución dictada en esos términos constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, como concepto de violación, si es que se dicta laudo adverso al afectado, pues es innegable que tal violación, en el supuesto de ser ilegal, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo." Por tanto, el acto que reclama la parte quejosa no presenta para los efectos de la procedencia de este amparo una ejecución irreparable, pues como se dijo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo sólo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo sería improcedente cuando no exista el elemento perjuicio, y de existir éste, no tenga el carácter de irreparable. Sirve de apoyo la jurisprudencia 175, visible en la página 144, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En las relatadas condiciones, es evidente que en el caso a estudio se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113, en relación con el último párrafo del numeral 62, todos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Julio Medina Montalvo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el precepto 27 fracción III inciso a) de la multicitada ley; y, como autorizados de su parte en términos de la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Bonifacio Coto Marthen y Franco Ixtepan Acua, por no contar con cédula registrada en el sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana que los acredite para ejercer legalmente la profesión de licenciados en Derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como por los numerales 2, fracción II, y 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley de referencia, emitido por los Plenos del citado alto Tribunal y de dicho Consejo, aprobado en sesión de treinta de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, infórmese a las partes, que el presente asunto está clasificado como no reservado. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. Notifíquese personalmente al promovente.Así lo proveyó y firma Vicente Salazar López, Juez Sexto de Distrito en el Estado, ante Virginia Martina Sánchez Rendón, Secretaria que autoriza y da fe.

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