Julio Martín Ortega Reyes
Expediente 54/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 1 actuación registrada, la última del 27 de enero de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/01/2020
Partes del expediente
- Julio Martín Ortega Reyes
Actuaciones
- Principal
El veintisiete de enero de dos mil veinte, se da cuenta al Juez con una demanda de amparo promovida por (1) RICHARD HERNANDÉZ ALEMÁN, (2) DIEGO CÉSAR SANTOS LARA, (3) FREDD ALTUZAR CORTES, (4) JULIO MARTÍN ORTEGA REYES, (5) EUSEBIO GÚZMAN AMARO, (6) ANTONIO BERNAL DOMÍNGUEZ, (7) TOMÁS BOJORQUEZ GÓMEZ, (8) EDGAR NAHÚM GARCÍA FLORES, (9) ALEJANDRO SALAS ARENAS, (10) CARLOS RENTERÍA CAMACHO, (11) SOCORRO JARAMILLO MOLINA, (12) JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ AGUILAR, (13) LEONARDO GUERRERO COVARRUBIAS, (14) ADÁN BANDA GRANADOS, (15) GABRIEL FABILA BLANCARTE, (16) VÍCTOR MANUEL PÉREZ RICO, (17) FERNANDO LAZCANO CASTILLO, (18) EDGAR OMAR VILLA GARCÍA, (19) LEODAN FUENTES PINEDA, (20) SERGIO SÁNCHEZ PACHECO, (21) MEINARDO ORTIZ MEJIA, (22) DANIEL GONZALEZ MARTÍNEZ, (23) ÁNGEL GALINDO CORONA, (24) EDUARDO ENRIQUE GÓNZALEZ RIOS, (25) ALEJANDRO CEBALLOS GARCÍA, (26) DAVID MORENO MARTÍNEZ, (27) ELÍAS CUSTODIO ARÍAS, (28) SALVADOR LAGUNA GÓNZALEZ, (29) MIGUEL ÁNGEL MONTOYA AGUILAR, (30) OMAR EUTIQUIO PEÑA RUIZ, (31) SAMUEL CÁRDENAS ONTIVEROS, (32) MARIO CENON ARMAS BADILLO, (33) LUIS ALBERTO BLANCO FLORES, (34) REYNALDO BENITEZ PALACIOS, (35) JOSÉ LUIS VALDOVINOS RODRÍGUEZ, (36) HILARIO LÓPEZ MORALES, (37) MARCO ANTONIO MARES JIMÉNEZ, (38) IGNACIO LÓPEZ VÁZQUEZ, (39) FEDERICO ALVARADO MONROY, (40) FERNANDO HDEZ SANTOYO, (41) JAVIER NOROÑA CACAREZ, (42) SILVESTRE CARRETO GONZÁLEZ, (43) MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARTÍNEZ, (44) RIGOBERTO ESPINOZA MARTÍNEZ, (45) TEODULO ULISES RODRÍGUEZ SARABIA, (46) HUMBERTO ALEJANDRO RUA MTZ, (47) ÁNGEL IBARRA GARDUÑO, (48) JUAN OMAR BORBOLLA FIGUEROA, (49) EDGAR NOÉ NAVARRO ALCALÁ, (50) JUAN SILVA ZÚÑIGA, (51) JOSÉ LUIS MENDOZA GOVEA, (52) JOSÉ BECERRA JIMENEZ, (53) LORENZO TORRES HERNÁNDEZ, (54) EXEQUIEL CORONADO PARTIDA, (55) ÁNGEL PADILLA GÁLVEZ, (56) GERARDO MARROQUIN HERNÁNDEZ, (57) CARLOS MACIP JUÁREZ, (58) JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ, (59) OCTAVIO RODRÍGUEZ RIVERA, (60) ARMANDO AMBRIZ CARDENAS, (61) SERAFÍN SALAS CAMACHO, (62) LUIS ALBERTO CASTRO JUÁREZ, (63) KEVIN HERNÁNDEZ CATALAN, (64) J. TRINIDAD MAGAÑA SOLORIO, (65) FIDEL SANDOVAL MÉNDEZ, (66) GILBERTO ORTÍZ MACIAS, (67) GUSTAVO RENDÓN RODRÍGUEZ, (68) JÉSUS CRUZ VALENCIA, (69) AARON ARMANDO TORRES GUADARRAMA, (70) GUSTAVO ADOLFO MORA, (71) MARIO ALBERTO SALAS RAMÍREZ, (72) JOSÉ ALBERTO GARCÍA GALÁN, (73) PEDRO KARIM SACA SANTOS, (74) JAVIER CHÁVEZ MORA, (75) ALFREDO URBINA GARCÍA, (76) JOSÉ ROBERTO DE LA SANCHA RODRÍGUEZ, (77) DIEGO CÉSAR SANTOS LARA, (78) JOSÉ REYES MONREAL MUÑOZ, (79) FRANCISCO JAVIER MEDINA CRUZ, (80) HUGO RIGOBERTO ARANA CISNEROS, (81) CONRADO VÁZQUEZ MARROQUIN, (82) JOSÉ ALFONSO ARAMBURO CONTRERAS, (83) LEONARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, (84) JOSÉ ANTONIO GODOY HERNÁNDEZ, (85) JOÉL IVAN RODRÍGUEZ GUDIÑO, (86) ADÁN GUERRERO ACEVEDO, (87) JULIO IGNACIO PALACIOS LLAMAS, (88) ABRAHAM CALOCA DE HARO, (89) BERNARDO CRISTOBAL ARELLANO MEXIA, (90) OMAR MACHADO SILLAS, (91) PEDRO KARIM SACA SANTOS, (92) OCTAVIO GÓMEZ GÓMEZ, (93) MARCOS FEDERICO FLORES RAMOS, (94) FORTINO GUTIERREZ ESPARZA, (95) ARMANDO GONZÁLEZ VALERIANO, (96) ÁNGEL GUADALUPE ORAZVI e (97) IGNACIO MAYORGA ARÁGON, contra el acto de las autoridades responsables señaladas en dicho escrito, registrada con el número de control de correspondencia interna 1238. CONSTE. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintisiete de enero de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual remite el escrito de demanda suscrito por (1) RICHARD HERNANDÉZ ALEMÁN, (2) DIEGO CÉSAR SANTOS LARA, (3) FREDD ALTUZAR CORTES, (4) JULIO MARTÍN ORTEGA REYES, (5) EUSEBIO GÚZMAN AMARO, (6) ANTONIO BERNAL DOMÍNGUEZ, (7) TOMÁS BOJORQUEZ GÓMEZ, (8) EDGAR NAHÚM GARCÍA FLORES, (9) ALEJANDRO SALAS ARENAS, (10) CARLOS RENTERÍA CAMACHO, (11) SOCORRO JARAMILLO MOLINA, (12) JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ AGUILAR, (13) LEONARDO GUERRERO COVARRUBIAS, (14) ADÁN BANDA GRANADOS, (15) GABRIEL FABILA BLANCARTE, (16) VÍCTOR MANUEL PÉREZ RICO, (17) FERNANDO LAZCANO CASTILLO, (18) EDGAR OMAR VILLA GARCÍA, (19) LEODAN FUENTES PINEDA, (20) SERGIO SÁNCHEZ PACHECO, (21) MEINARDO ORTIZ MEJIA, (22) DANIEL GONZALEZ MARTÍNEZ, (23) ÁNGEL GALINDO CORONA, (24) EDUARDO ENRIQUE GÓNZALEZ RIOS, (25) ALEJANDRO CEBALLOS GARCÍA, (26) DAVID MORENO MARTÍNEZ, (27) ELÍAS CUSTODIO ARÍAS, (28) SALVADOR LAGUNA GÓNZALEZ, (29) MIGUEL ÁNGEL MONTOYA AGUILAR, (30) OMAR EUTIQUIO PEÑA RUIZ, (31) SAMUEL CÁRDENAS ONTIVEROS, (32) MARIO CENON ARMAS BADILLO, (33) LUIS ALBERTO BLANCO FLORES, (34) REYNALDO BENITEZ PALACIOS, (35) JOSÉ LUIS VALDOVINOS RODRÍGUEZ, (36) HILARIO LÓPEZ MORALES, (37) MARCO ANTONIO MARES JIMÉNEZ, (38) IGNACIO LÓPEZ VÁZQUEZ, (39) FEDERICO ALVARADO MONROY, (40) FERNANDO HDEZ SANTOYO, (41) JAVIER NOROÑA CACAREZ, (42) SILVESTRE CARRETO GONZÁLEZ, (43) MIGUEL ÁNGEL GARCÍA MARTÍNEZ, (44) RIGOBERTO ESPINOZA MARTÍNEZ, (45) TEODULO ULISES RODRÍGUEZ SARABIA, (46) HUMBERTO ALEJANDRO RUA MTZ, (47) ÁNGEL IBARRA GARDUÑO, (48) JUAN OMAR BORBOLLA FIGUEROA, (49) EDGAR NOÉ NAVARRO ALCALÁ, (50) JUAN SILVA ZÚÑIGA, (51) JOSÉ LUIS MENDOZA GOVEA, (52) JOSÉ BECERRA JIMENEZ, (53) LORENZO TORRES HERNÁNDEZ, (54) EXEQUIEL CORONADO PARTIDA, (55) ÁNGEL PADILLA GÁLVEZ, (56) GERARDO MARROQUIN HERNÁNDEZ, (57) CARLOS MACIP JUÁREZ, (58) JOSÉ HERNÁNDEZ LÓPEZ, (59) OCTAVIO RODRÍGUEZ RIVERA, (60) ARMANDO AMBRIZ CARDENAS, (61) SERAFÍN SALAS CAMACHO, (62) LUIS ALBERTO CASTRO JUÁREZ, (63) KEVIN HERNÁNDEZ CATALAN, (64) J. TRINIDAD MAGAÑA SOLORIO, (65) FIDEL SANDOVAL MÉNDEZ, (66) GILBERTO ORTÍZ MACIAS, (67) GUSTAVO RENDÓN RODRÍGUEZ, (68) JÉSUS CRUZ VALENCIA, (69) AARON ARMANDO TORRES GUADARRAMA, (70) GUSTAVO ADOLFO MORA, (71) MARIO ALBERTO SALAS RAMÍREZ, (72) JOSÉ ALBERTO GARCÍA GALÁN, (73) PEDRO KARIM SACA SANTOS, (74) JAVIER CHÁVEZ MORA, (75) ALFREDO URBINA GARCÍA, (76) JOSÉ ROBERTO DE LA SANCHA RODRÍGUEZ, (77) DIEGO CÉSAR SANTOS LARA, (78) JOSÉ REYES MONREAL MUÑOZ, (79) FRANCISCO JAVIER MEDINA CRUZ, (80) HUGO RIGOBERTO ARANA CISNEROS, (81) CONRADO VÁZQUEZ MARROQUIN, (82) JOSÉ ALFONSO ARAMBURO CONTRERAS, (83) LEONARDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ, (84) JOSÉ ANTONIO GODOY HERNÁNDEZ, (85) JOÉL IVAN RODRÍGUEZ GUDIÑO, (86) ADÁN GUERRERO ACEVEDO, (87) JULIO IGNACIO PALACIOS LLAMAS, (88) ABRAHAM CALOCA DE HARO, (89) BERNARDO CRISTOBAL ARELLANO MEXIA, (90) OMAR MACHADO SILLAS, (91) PEDRO KARIM SACA SANTOS, (92) OCTAVIO GÓMEZ GÓMEZ, (93) MARCOS FEDERICO FLORES RAMOS, (94) FORTINO GUTIERREZ ESPARZA, (95) ARMANDO GONZÁLEZ VALERIANO, (96) ÁNGEL GUADALUPE ORAZVI e (97) IGNACIO MAYORGA ARÁGON, en virtud de que el mismo fue remitido directamente a dicho órgano jurisdiccional, como se advierte del sobre que fue recepcionado en la oficialía de partes de dicho tribunal; sin embargo, dicho escrito se encuentra dirigido al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit; por lo anterior, acúsese el recibo de estilo. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 54/2020-VIII. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación del acto reclamado De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado es: ? La falta de ventiladores, sistemas de aire y, colchones en buenas condiciones, dentro del área destinada para el uso de las visitas íntimas, lo que les vulnera su dignidad humana a los quejosos y a sus esposas. Improcedencia Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que el peticionario no agotó el principio de definitividad en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no interponer en contra del acto que reclama, el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio, encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Como ya se adelantó, los quejosos se duelen, en sí, de la falta de ventiladores, sistemas de aire y, colchones en buenas condiciones, dentro del área destinada para el uso de las visitas íntimas, lo que les vulnera su dignidad humana a los quejosos y a sus esposas. Sobre ese tópico, cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: ? a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. ? b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario . ? c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Así, de los precitados regímenes relacionados con la persona internada en un centro de reclusión, es dable afirmar que el acto reclamado consistente sustancialmente en la falta de ventiladores, sistemas de aire y, colchones en buenas condiciones, dentro del área destinada para el uso de las visitas íntimas, lo que les vulnera su dignidad humana a los quejosos y a sus esposas, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en su artículo 30, que se transcribe a continuación: "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas.". Ahora bien, para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos la falta de ventiladores, sistemas de aire y, colchones en buenas condiciones, dentro del área destinada para el uso de las visitas íntimas, lo que les vulnera su dignidad humana a los quejosos y a sus esposas, en términos de lo establecido en los artículos 107 a 110 de la ley en consulta. Sin que obste a lo anterior, que si bien dicha ley hace alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que su artículo 1o., dispone lo siguiente: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.).". Es decir, en tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales del Estado de Nayarit, en cualquier etapa del procedimiento penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, las autoridades penitenciarias deben auxiliar a la persona privada de su libertad para formular el escrito correspondiente, cuando así le sea solicitado; asimismo, en dicho procedimiento, el interesado podrá ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por otra parte, el artículo 114 de la citada ley especial penal, señala que el director del centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en el plazo de cinco días y notificar su determinación en uno no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad que haya solicitado la petición administrativa, ésta podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el Juez de Ejecución; pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Por su parte, el artículo 115 de la ley nacional, establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". Entonces, si las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, las cuales de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, en virtud de que el acto que pretende combatir en esta instancia es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, a través del medio de defensa previsto en la ley en comento, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el Juez de Ejecución, de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Por ello, el acto reclamado que aducen los quejosos, no pueden ser sujeto al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que debieron agotar el multicitado procedimiento administrativo de peticiones, relativo a las solicitudes de las personas privadas de su libertad que consideren vulneradas sus condiciones de internamiento y, en caso de no obtener respuesta favorable, la propia ley especial en comento, los faculta para acudir ante el Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. Máxime que de la demanda de amparo, no se advierte que los quejosos padezcan alguna enfermedad que amerite un tratamiento de urgencia y que el mismo no sea atendido, por lo que se estima que no se colocan en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometida, o bien, cuya falta de atención oportuna los someta a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida. En tales condiciones, se reitera, previo a acudir al juicio de amparo los quejosos debieron agotar el recurso que prevé la ley especial, por el que el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, conforme dicha ley especial; ya que ésta prevé la suspensión de los efectos del acto que en esta vía constitucional se reclama, teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo; sin exigir mayores requisitos que los que ésta considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al juicio de amparo. Merecen invocarse por el tema que analizan, la jurisprudencia y la tesis aislada, siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad.". "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el 17 de junio de 2016, tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, en cuyos artículos 107 a 135, regula un procedimiento de impugnación, mediante "peticiones administrativas" a la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento; petición administrativa que deberá resolverse en un plazo de cinco días a partir de su admisión y, en caso de que la respuesta sea contraria a los intereses del promovente, podrá formular "controversia ante el Juez de Ejecución", quien además conocerá, entre otras hipótesis, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento, el plan de actividades de la persona privada de su libertad, y aquellas relacionadas que impliquen violación a los derechos fundamentales; y la resolución que emita el Juez de Ejecución, en la que dirima las cuestiones debatidas, podrá impugnarse mediante el recurso de revocación o el de apelación, según corresponda. Es así que la ley mencionada prevé un sistema de impugnación idóneo para combatir los actos y omisiones penitenciarios relacionados con las condiciones de internamiento, lo que es acorde con el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, que al ser interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2012 (10a.), de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", determinó que el tema de ejecución de las penas, al haberse judicializado en la materia penal, conlleva que los eventos acaecidos durante el cumplimiento de las sentencias condenatorias, como lo son: los problemas relacionados con el trato que reciben cotidianamente los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la aplicación de penas alternativas, o los traslados de internos, entre otros, deben ser del conocimiento y supervisión de las autoridades jurisdiccionales especializadas en esta materia, esto es, de los Jueces de Ejecución de sentencias. En estas condiciones, se concluye que el medio de impugnación previsto en la ley referida, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, en acatamiento al principio de definitividad que rige a este medio de control constitucional pues, de no agotarse, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.". En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Improcedencia de la suspensión de plano No se soslaya que la parte quejosa, al solicitar la suspensión del acto reclamado, invocó el artículo 126 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el precepto en cita establece que la suspensión de oficio procederá cuando los actos reclamados descritos en el párrafo primero del artículo 22 Constitucional, se están llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por dicho precepto constitucional; por tanto, no procede decretar la suspensión de plano. Domicilio de los quejosos Se tiene como domicilio de los quejosos el lugar de su reclusión. Designación de representante común Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de los quejosos a (16) VÍCTOR MANUEL PÉREZ RICO, por así haberlo solicitado. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notificación a los quejosos Por otra parte, del escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos de manera unánime expresaron su libre voluntad de designar como representante común a (16) VÍCTOR MANUEL PÉREZ RICO, así como que la misma se encuentra signada de manera personal por cada uno de los quejosos, es que se establece que entre dichos quejosos internos cuentan con comunicación entre ellos, por lo que de ninguna manera se vulnera la seguridad del centro federal ni existe amenaza o peligro en su integridad física o para la población interna; de ahí que la notificación condigna del presente asunto pueda verificarse a través del aludido representante común nombrado en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. Por tanto envíese oficio de excarcelación al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número cuatro "Noroeste", con sede en esta localidad, para que ordene el traslado del interno (16) VÍCTOR MANUEL PÉREZ RICO, a las nueve horas del veintiocho de enero de dos mil veinte. Interno que deberá comparecer con fotografía que obre en su Sistema de Administración de Información Penitenciaria que permita su identificación, evitando así se presente en dicha área a diversa persona; lo anterior, con las seguridades debidas y bajo su más estricta responsabilidad. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado o de no informar el impedimento legal que tuviera para ello, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, conforme al Decreto por el que se declara reformados y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; debe mencionarse que conforme a los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el año dos mil diecinueve, la unidad de Medida y Actualización equivale a ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos 49/100 moneda nacional ($84.49); por lo que de la operación aritmética respectiva se determina que el monto de la multa con la que se le apercibe asciende a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos 70/100 moneda nacional), el cual resulta de multiplicar el valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) por cincuenta veces. Notifíquese y personalmente al quejoso (16) VÍCTOR MANUEL PÉREZ RICO. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, ante Ángel Daniel Ávila Saldaña, Secretario que autoriza y da fe.
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