Julio Martín Hernández González

Expediente 1717/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1717/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Julio Martín Hernández González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 1717/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara con el auto de catorce de diciembre de esta anualidad. Al efecto, se acuerda: Por ello, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el auto de referencia, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es destruible al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que la parte quejosa exhibió documentos susceptibles de devolución; se le previene para que a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, acuda a este Juzgado a recoger los mismos; apercibido que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, contados a partir de que se declaró ejecutoriado este juicio, dichos documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se advierte que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara con el auto de catorce de diciembre de esta anualidad. Al efecto, se acuerda: Por ello, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el auto de referencia, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es destruible al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso d), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que la parte quejosa exhibió documentos susceptibles de devolución; se le previene para que a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, acuda a este Juzgado a recoger los mismos; apercibido que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, contados a partir de que se declaró ejecutoriado este juicio, dichos documentos podrán ser destruidos conjuntamente con el presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Visto; el ocurso signado por ***, mediante el cual, en atención a la prevención efectuada en actuación de ocho del actual, ocurre a realizar manifestaciones en torno al acto reclamado en el presente asunto y la autoridad a quien se lo atribuye. Al efecto, se acuerda: I. Desahogo de prevención. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta; y en atención a su contenido se tiene por desahogada la prevención formulada en la actuación de referencia. II.- Causa de improcedencia. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el contexto anterior, del análisis integral a la demanda y ocurso aclaratorio, se advierte que el promovente reclama de la (1) Secretaría de Educación del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La negativa de pago del estímulo por antigüedad (1511), por veinticinco años de servicio, contenida en el oficio de SE/CGAE/DAP/DPDyA/OPDEMyS/TELEB/6415/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, solicitada por Julio Martín Hernández González, en su carácter de Maestro de Telebachillerato Estatal, categoría 323203. En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; es decir, la improcedencia va a impedir que el juzgador federal dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causales que conforman a la misma, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el texto del artículo 62, de la ley en cita. En esa tesitura, esta juzgadora, oficiosamente estima que respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo; por las consideraciones a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 5, fracción II, de la ley reglamentaria, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. En esa tesitura, para determinar si una autoridad puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a ella, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de garantías individuales frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y dichos actos tampoco son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa se hace consistir en la negativa de pago del estímulo por antigüedad (1511), por veinticinco años de servicio, contenida en el oficio de SE/CGAE/DAP/DPDyA/OPDEMyS/TELEB/6415/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, solicitada por Julio Martín Hernández González, en su carácter de Maestro de Telebachillerato Estatal, categoría 323203. Expuesto lo anterior, se estima que el acto anteriormente citado no puede ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, la autoridad señalada como responsable, no se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la relación entre el hoy quejoso con la señalada como responsable no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación, pues el reclamo del impetrante hacia la Secretaría de Educación del Estado, lo hace como servidor subordinado que presta sus servicio como docente adscrito a esa entidad pública, y en el cual piden el cumplimiento de sus obligaciones de pago derivados de esa relación que tiene con la Secretaría. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es aplicable, la tesis P./J. 42/2001, cuyo rubro y texto es: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. III. Desechamiento de la demanda. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. IV. Estado de autos. Atento al estado que guardan los autos, se mantienen incólumes las determinaciones contenidas en los apartados V, VI y VII, del proveído de ocho de diciembre de esta anualidad, relativos a la habilitación de días y horas inhábiles; domicilio, autorizados, acceso al expediente electrónico, uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias y medios de comunicación no procesal, y transparencia y acceso a la información. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 1717/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Visto; el ocurso signado por ***, mediante el cual, en atención a la prevención efectuada en actuación de ocho del actual, ocurre a realizar manifestaciones en torno al acto reclamado en el presente asunto y la autoridad a quien se lo atribuye. Al efecto, se acuerda: I. Desahogo de prevención. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el escrito de cuenta; y en atención a su contenido se tiene por desahogada la prevención formulada en la actuación de referencia. II.- Causa de improcedencia. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. La norma legal invocada pone de manifiesto la facultad del Juez para desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con lo anterior, diversos tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el contexto anterior, del análisis integral a la demanda y ocurso aclaratorio, se advierte que el promovente reclama de la (1) Secretaría de Educación del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La negativa de pago del estímulo por antigüedad (1511), por veinticinco años de servicio, contenida en el oficio de SE/CGAE/DAP/DPDyA/OPDEMyS/TELEB/6415/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, solicitada por Julio Martín Hernández González, en su carácter de Maestro de Telebachillerato Estatal, categoría 323203. En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; es decir, la improcedencia va a impedir que el juzgador federal dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causales que conforman a la misma, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el texto del artículo 62, de la ley en cita. En esa tesitura, esta juzgadora, oficiosamente estima que respecto al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo; por las consideraciones a saber: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición legal. Correlativo con lo anterior, en el artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el diverso 5, fracción II, de la ley reglamentaria, se desprende que el juicio de amparo es procedente tratándose de actos u omisiones de autoridad. Cabe precisar que, para los efectos del juicio de amparo, autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro; para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para entender mejor la actual acepción de autoridad responsable, resulta ilustrativo el criterio sostenido en la tesis del rubro y texto siguiente: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. En esa tesitura, para determinar si una autoridad puede figurar como "responsable" en un juicio de amparo, se debe atender a los actos que realiza frente a los particulares y como toda entidad moral, en ella se registran relaciones internas entre sus componentes y relaciones externas frente a sujetos que no pertenezcan a ella, los primeros actos no son de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues sus componentes no gozan de garantías individuales frente a la autoridad, ya que no tienen el carácter de gobernados; en las relaciones externas, la autoridad se comporta como un particular, realizando actos que carecen de fuerza compulsora, y dichos actos tampoco son considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que este resulta improcedente, en la inteligencia de que, cuando provocan bajo cualquier aspecto la decisión de algún órgano estatal que pueda afectar al gobernado, ésta deberá constituir el acto reclamado en un juicio de amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa se hace consistir en la negativa de pago del estímulo por antigüedad (1511), por veinticinco años de servicio, contenida en el oficio de SE/CGAE/DAP/DPDyA/OPDEMyS/TELEB/6415/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, solicitada por Julio Martín Hernández González, en su carácter de Maestro de Telebachillerato Estatal, categoría 323203. Expuesto lo anterior, se estima que el acto anteriormente citado no puede ser reclamado a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, la autoridad señalada como responsable, no se encuentra en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la relación entre el hoy quejoso con la señalada como responsable no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, de coordinación, pues el reclamo del impetrante hacia la Secretaría de Educación del Estado, lo hace como servidor subordinado que presta sus servicio como docente adscrito a esa entidad pública, y en el cual piden el cumplimiento de sus obligaciones de pago derivados de esa relación que tiene con la Secretaría. Con base en lo anterior, es permisible concluir que el acto reclamado en esta vía, no constituye, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Es aplicable, la tesis P./J. 42/2001, cuyo rubro y texto es: PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. III. Desechamiento de la demanda. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. IV. Estado de autos. Atento al estado que guardan los autos, se mantienen incólumes las determinaciones contenidas en los apartados V, VI y VII, del proveído de ocho de diciembre de esta anualidad, relativos a la habilitación de días y horas inhábiles; domicilio, autorizados, acceso al expediente electrónico, uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias y medios de comunicación no procesal, y transparencia y acceso a la información. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

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