Julio Manuel Santos Rojas
Expediente 104/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 104/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julio Manuel Santos Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos, únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, sin que haya lugar a proveer al respecto, en virtud a que no acompañó la diligencia de veintiocho de junio del año en curso que refiere. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO CITATORIO, NOTIFICO A LA PARTE TERCERA INTERESADA (SISTEMA DIF OAXACA), LOS AUTOS DE VEINTICUATRO DE MAYO Y DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, Y LO EMPLAZO A JUICIO; ENSEGUIDA SE INSERTAN LOS AUTOS DE REFERENCIA: - - - - - - - - INSERCIÓN AUTO VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO: - - - - - - - - - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, le resulta el carácter de tercero interesado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca (Sistema DIF Oaxaca); en tal circunstancia, se ordena al Actuario de la adscripción, con copia simple de la demanda de amparo la emplace a juicio por conducto de quien la represente legalmente, en el domicilio señalado en autos, debiendo requerirla para que en el acto el emplazamiento, o bien, dentro del término de tres días siguientes a éste, señale domicilio en esta ciudad de Oaxaca, o zona conurbada para oír y recibir notificaciones, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes, aun aquéllas de carácter personal, se le harán mediante lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsane tal omisión. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. Por otra parte, advirtiéndose que por auto de uno de marzo del año en curso, se reservó acordar lo relativo al escrito signado por María Ángela Baez Trejo, mediante el cual se apersonó al presente juicio con el carácter de tercera interesada, hasta en tanto obraran los informes justificados de las responsables, situación que ya aconteció; en tal circunstancia, y dado que de las constancias de autos relativas al juicio laboral 837/2012(4) BIS, no le resulta carácter alguno, por tanto, no ha lugar a acordar de conformidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. INSERCIÓN AUTO ADMISORIO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de garantías que promueve Julio Manuel Santos Rojas, contra actos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca (SISTEMA DIF OAXACA), y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese bajo el número 104/2019. Ahora bien, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, pues en el caso se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales el 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; ." "Artículo 5º.- Son partes en el juicio de amparo: . II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." De los preceptos transcritos se advierte el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de autoridades por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los tratados internacionales en que sea parte el Estado Mexicano sea parte. En el caso, el promovente reclama del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca (SISTEMA DIF OAXACA), la omisión de cumplir con las prestaciones a que fue condenado en el laudo de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, pronunciado en el juicio laboral 837/2012 (4) BIS. Lo que pone de manifiesto que los actos de molestia que señala como reclamados el quejoso, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Efectivamente, entre las autoridades responsables y el quejoso existe un vínculo empleado-patrón, y no gobierno-gobernado, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional. Sus relaciones se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; por lo que en el caso, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca (SISTEMA DIF OAXACA), demandado en el juicio laboral, no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular. Motivo por el que al emanar los actos reclamados de una relación jurídica empleado - patrón, resulta evidente que esos actos no son de autoridad para efectos del amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, que aparece publicada en la página 699 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." Así como la jurisprudencia 2a./J. 31/2014 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, visible en la página 966 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona. Además, el hecho de que señale en sus conceptos de violación que se violan en su perjuicio el contenido de los artículos 1º, 5, 17, y 123, apartado A de la Constitución Federal, no cambia la naturaleza de los actos reclamados, los cuales no emergen del imperio que les corresponde; esto es, los reclamados no son actos emitidos en función del ejercicio público, que afecten por sí y ante sí, de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado, por ello no puede estimarse como actos de autoridad para efectos del amparo. En consecuencia, este juicio de garantías se torna notoriamente improcedente, por lo que respecta a los actos reclamados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca (SISTEMA DIF OAXACA), conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación a los diversos 1, fracción I, y 5º, fracción II, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo cual se impone desechar de plano la demanda de garantías. Por otra parte, respecto de los actos reclamados al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número 4 Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, y Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través de la Consejería Jurídica; con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías, promovida por Julio Manuel Santos Rojas, contra actos de las mencionadas autoridades, con registro de este Juzgado 104/2019. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado; pídase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, y acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de garantías; apercibidas que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se les impondrá multa al dictar sentencia en este juicio de amparo por cantidades comprendidas en su orden, entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberá informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos del precepto 251 de la ley de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que al momento de rendir su informe justificado, manifiesten si se ha promovido diverso juicio de garantías en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señalen ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá una multa entre cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA CINCO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que anexa a su demanda, misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional respectiva y se tenga por recibida en ese acto. Por lo que hace a la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, que ofrece, al no tener vida propia, llegado el momento procesal oportuno, este resolutor tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Apoya la consideración anterior, la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 291 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, que dice: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." Resérvese acordar lo relativo al emplazamiento a la parte tercera interesada, hasta en tanto obren en autos los informes justificados de las responsables. Dése al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como por autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a la persona que señala en su escrito de demanda. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada por auto de dos de mayo del año en curso, con las constancias remitas por la responsable; en tal circunstancia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan nuevamente las TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE.
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