Julio Manuel Rivas Santos
Expediente 988/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Julio Manuel Rivas Santos
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero, a ocho de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de oficio y de plano, con excepción de la demanda de amparo y auto donde se concedió la medida cautelar, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
ABVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero; trece de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la diligencia de ratificación de demanda de amparo de cuenta signada por la licenciada Ma. Guadalupe García Ávila, actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se desprende que el directo quejoso Julio Manuel Rivas Santos, ratificó la demanda de amparo, promovida a su favor por Genoveva Jacobo Santos. Luego, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se deriva que una vez ratificada la demanda por el directo quejoso, se proveerá sobre su admisión; sin embargo, tal expresión debe ponderarse en armonía con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia. En ese sentido, se tiene presente que en el juicio de amparo en que se actúa el directo quejoso por conducto de Genoveva Jacobo Hernández, reclamó su detención fuera de procedimiento judicial, así como el eventual estado de incomunicación, y que atribuyó a las autoridades policiales que designó como responsables, aduciendo que dicha detención aconteció el veinticuatro de noviembre pasado. Luego, de lo informado por las autoridades responsables respecto a la suspensión de plano otorgada, se advierte que efectivamente el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciocho, Julio Manuel Rivas Santos fue detenido por los motivos señalados en el parte informativo relativo, y que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial federal, quien refirió que el quejoso se encontraba sujeto a una carpeta judicial respecto de un hecho acontecido con antelación a la referida detención de veinticuatro de noviembre pasado. Así, con motivo de las medidas adoptadas para conocer el paradero del directo quejoso, la Asistente de Despacho Judicial adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, informó que dentro de la carpeta judicial 409/2018, en audiencia de veintisiete de noviembre pasado, previa consignación de un día anterior -veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho- se impuso a Julio Manuel Rivas Santos la medida cautelar de prisión preventiva, quedando recluido desde entonces en el centro regional de reinserción social en esta ciudad, mientras que el dos de diciembre siguiente se le dictó auto de vinculación por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área, confirmándose la medida cautelar de prisión preventiva justificada, decretándose un plazo de cierre de investigación de dos meses, el cual fenece el dos de febrero de dos mil diecinueve. En tales condiciones, del contraste de la razón actuarial de cuenta con lo informado por la autoridad judicial sobre la situación jurídica del quejoso, queda de relieve que desde el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho Julio Manuel Rivas Santos quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el centro regional de reinserción social en esta ciudad decretada en la carpeta judicial 409/2018, tan es así que su localización se obtuvo en dicho centro penitenciario. En concatenación con lo anterior, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevé como causal de improcedencia del juicio de amparo cuando se inste contra actos consumados de modo irreparable. Dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable"; [...] Conforme al Diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, un "hecho consumado" lo constituye la acción que se ha llevado a cabo (que ha concluido), adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla. Así, la interpretación gramatical del precepto transcrito permite colegir que los "actos consumados" son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, actos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Por su parte, el vocablo "irreparable" constituye el adjetivo que se aplica para denominar aquello "que no se puede reparar"; es decir, que no es susceptible de enmendar, corregir o remediar. Así, es factible concluir que por actos consumados de modo irreparable, debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que se estima transgredido, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Así se sostiene, dado que para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable; y, b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo); de ahí, el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas; razón por la cual, resulta improcedente el juicio de amparo en términos de la fracción XVI del artículo 61 de la ley de la materia. Pues ningún efecto práctico conduciría analizarse la constitucionalidad de los actos reclamados, en razón que, de otorgársele la protección constitucional sería imposible restituirle el derecho humano violado. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, pero esto ocurre sólo cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento (actos consumados de modo reparable). Sin embargo, tratándose de los actos consumados de modo irreparable resulta improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Sobre esas bases, cabe concluir que la naturaleza de los actos consumados, para efectos del juicio de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar nuevamente del derecho que alega tener tutelado y que aduce le fue transgredido, igual que antes de las violaciones que afirma se le cometieron. Sentado lo anterior, tenemos que en el caso en estudio la detención realizada el veinticuatro de noviembre pasado por elementos de la Policía Estatal pertenecientes al "Grupo Centauro"; quedó consumada de modo irreparable, pues el veintiséis de noviembre siguiente fue consignado ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, quien en audiencia de veintisiete de noviembre siguiente dentro de la carpeta judicial 409/2018, le decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y que en diversa audiencia de dos de diciembre actual se le decretó auto de vinculación a proceso y confirmó dicha medida cautelar, quedando desde entonces recluido en el centro de reinserción social de esta ciudad. De ahí, que la captura del citado quejoso ocurrida el veinticuatro de noviembre pasado, jurídica y materialmente produjo todos sus efectos y consecuencias, de tal manera que, ni física ni materialmente, podría restituírsele en el goce de los derechos humanos violados, en tanto que respecto al pretendido estado de incomunicación debe ponderarse el hecho de que al substanciarse la carpeta judicial 409/2018, deben observarse los principios del sistema penal acusatorio, entre los cuales está el de inmediación que exige la presencia del imputado en cada una de las audiencias que se verifiquen, de ahí que ni siquiera ese aspecto requiera objetivamente que se constate la existencia o no de dicho acto reclamado. Consecuentemente, al haber quedado consumado de un modo irreparable el acto reclamado en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XVI de la ley de la materia, en tanto que la libertad del quejoso se encuentra sujeta a la determinación de una autoridad judicial y que conforme a los principios que rigen el sistema penal acusatorio bajo el cual habrá de substanciarse el proceso al que se encuentra sujeto el quejoso anula la posibilidad de que se encuentra en estado de incomunicación; es inconcuso que no es factible dar trámite a la demanda que nos ocupa no obstante haber sido ratificada. Por tanto, déjense sin efectos las providencias adoptadas en auto admisorio de veinticuatro de noviembre pasado. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio signado por el Asistente de Despacho Judicial, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en acuerdo de seis de diciembre de dos mil dieciocho, informa que el quejoso ********************, se encuentra recluido en el Centro Regional de Reinserción Social en esta ciudad, con motivo del proceso que se instruye en su contra por el Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Área dentro de la causa penal ********************. En razón a lo anterior, se comisiona a la actuaria judicial adscrita a este juzgado federal para que se constituya en las instalaciones que ocupa el referido centro de reclusión, y una vez que localice al directo quejoso, con fundamento en el numeral 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, lo requiera para que en el acto de la diligencia, o en el plazo de tres días siguientes a su notificación, ratifique por escrito la demanda promovida a su favor por sí o por medio de su representante; y lo aperciba que en caso de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efectos las providencias decretadas. Asimismo, de fe del estado físico exterior que presente el directo quejoso, levantando acta pormenorizada al respecto, a efecto de garantizar la efectividad de la suspensión de plano aquí concedida. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.
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