Julio Manuel Reyes Guerrero
Expediente 226/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Julio Manuel Reyes Guerrero
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto de veintinueve de marzo del año en curso. Por tanto, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, de autos se advierte que las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, en virtud de que el veintinueve de marzo de este año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. Finalmente, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE VEITNINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Número de expediente: 226/2022 Acuerdo: agréguese el informe justificado que rinde la Magistrada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí de esta ciudad. Acuerda sobre informe. Visto el contenido del informe justificado que se agrega en este auto, en la parte en la que manifiesta: "[...] Es cierto el acto reclamado por el quejoso, en virtud de que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo a la que ahora se comparece, esta autoridad responsable no había dictado la sentencia definitiva en el juicio de origen, pero también lo es que el día diez de marzo del presente año, dicte la Sentencia Definitiva, la cual ya fue notificada las partes, como se acredita con las copias certificadas que se acompañan al presente informe. [...]" Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se advierte que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de dictar sentencia en el juicio contencioso administrativo 686/2020/2. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Interpretación en abstracto del marco normativo. En torno a dicha causa de improcedencia, se precisa que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Caso concreto. Del escrito inicial de demanda, así como de las constancias remitidas por la Magistrada de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de esta ciudad, se advierte que: 1. La parte quejosa promovió juicio contencioso administrativo, el cual quedó registrado bajo el consecutivo 686/2020/2, en contra del aquí tercero interesado Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. 2. Seguidos los trámites de Ley en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó fijar las doce horas del veintinueve de junio de ese mismo año, para el desahogo de la audiencia final en el citado juicio, misma que se celebró ese día, citando a las partes para resolver el asunto. 3. A la fecha en que se presentó la demanda -uno de marzo de dos mil veintidós-, aún no se dictaba la sentencia correspondiente en el juicio de origen. 4. Finalmente, la Magistrada de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de esta ciudad, el diez de marzo del presente año, dictó sentencia definitiva en el juicio de nulidad 686/2020/2. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse la sentencia definitiva de diez de marzo del presente año, cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar la resolución en el juicio de nulidad 686/2020/2, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente. "
- Principal
agréguese el informe justificado que rinde la Magistrada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de San Luis Potosí de esta ciudad. Acuerda sobre informe. Visto el contenido del informe justificado que se agrega en este auto, en la parte en la que manifiesta: "[...] Es cierto el acto reclamado por el quejoso, en virtud de que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo a la que ahora se comparece, esta autoridad responsable no había dictado la sentencia definitiva en el juicio de origen, pero también lo es que el día diez de marzo del presente año, dicte la Sentencia Definitiva, la cual ya fue notificada las partes, como se acredita con las copias certificadas que se acompañan al presente informe. [...]" Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se advierte que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de dictar sentencia en el juicio contencioso administrativo 686/2020/2. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Interpretación en abstracto del marco normativo. En torno a dicha causa de improcedencia, se precisa que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Caso concreto. Del escrito inicial de demanda, así como de las constancias remitidas por la Magistrada de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de esta ciudad, se advierte que: 1. La parte quejosa promovió juicio contencioso administrativo, el cual quedó registrado bajo el consecutivo 686/2020/2, en contra del aquí tercero interesado Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. 2. Seguidos los trámites de Ley en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó fijar las doce horas del veintinueve de junio de ese mismo año, para el desahogo de la audiencia final en el citado juicio, misma que se celebró ese día, citando a las partes para resolver el asunto. 3. A la fecha en que se presentó la demanda -uno de marzo de dos mil veintidós-, aún no se dictaba la sentencia correspondiente en el juicio de origen. 4. Finalmente, la Magistrada de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de esta ciudad, el diez de marzo del presente año, dictó sentencia definitiva en el juicio de nulidad 686/2020/2. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse la sentencia definitiva de diez de marzo del presente año, cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar la resolución en el juicio de nulidad 686/2020/2, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las diez horas con veinte minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de tres de febrero de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y que dicha determinación causó estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo.
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