Julio Lopez Ramirez
Expediente 371/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 371/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Julio Lopez Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL -acta celebrada-
- Principal
la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de quince de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa... se declara que ha causado estado para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito... ténganse por reproducidas las manifestaciones que realiza en vía de alegatos, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno... se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las diez horas con diez minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración.
- Principal
Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, quince de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el quejoso Julio López Ramírez, en atención a su contenido, se tiene como facultados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario Miguel Soto Cristóbal y Enrique Sosa Santiago por contar con el registro de su cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública, según la consulta realizada a la página oficial correspondiente Por otra parte, en relación al ofrecimiento de la prueba testimonial que refiere en su escrito; con fundamento en el artículo 119 párrafos tercero y cuarto de la Ley de Amparo, no ha lugar a admitirla, toda vez que su ofrecimiento resulta extemporáneo. Esto es así, pues el artículo en cita establece que dicha prueba se debe ofrecer a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el de ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; plazo que no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Y sólo en estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tal prueba será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 109/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia constitucional, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 1057, registro: 2012368, de rubro y texto : PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el principio de interpretación más favorable a la persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque éste conlleva que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, pero no implica que al ejercer la función jurisdiccional dejen de observarse las reglas y los plazos procesales aplicables, ya que ello equivaldría a contravenir los diversos principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada, lo que redundaría en perjuicio de las demás partes en el juicio de amparo. En el caso, el quejoso presenta su escrito por el que ofrece la prueba testimonial citada, el catorce de los actuales, y aduce que su presentación es dentro del término de ley, en virtud de que la audiencia constitucional se encuentra fijada para las once horas con diez minutos del veintitrés del mes y año en curso. No obstante, la data que indica corresponde a la señalada con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional del veintiséis de julio del año en curso; de modo que, el término para ofrecer la probanza que pretende debía computarse atendiendo a dicha data. Lo anterior sin que se actualice el supuesto de excepción que señala el citado artículo 119 de la Ley de la materia, esto es, cuando se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas; pues no debe olvidarse que el quejoso es el demandado en el juicio de origen de modo que es parte procesal en el mismo y por ello no desconoce los hechos sobre los cuales sustenta su acción constitucional. Por tanto, el ofrecimiento de la prueba testimonial resulta ser extemporánea. Máxime, que no exhibe los interrogatorios al tenor de los cuales pretendía que fueran examinados los testigos propuestos; tal como lo dispone el quinto párrafo del pluricitado 119. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Registro digital: 2017133, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 15, de rubro y texto: PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas.
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