Julio Julio Nájera Hernández

Expediente 397/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 26 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
397/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Julio Julio Nájera Hernández
  • Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Guerrero. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, once de abril de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio signado por la Juez de Primera Instancia en Materia de Justicia para Adolescentes, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del oficio 7745/2023, de veintidós de marzo del año actual, en el que este órgano jurisdiccional le remitió las copias certificadas de las carpetas judiciales JA-39/2021, y siete discos compactos DVD; JA-JO-08/2021, y cuatro discos compactos DVD; toca judicial XII-16/2021 y la carpeta judicial JA-JO-08/2021, de su índice.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vistas las certificaciones secretariales de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio, ha causado ejecutoria; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente o que consideren de su interés, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Respecto a los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, y toda vez que no es necesario seguir conservando las copias certificadas de las carpetas judiciales JA-39/2021 y JA-JO-08/2021, así como los cuatro discos DVD electrónicos, remitidas adjuntas a los informes justificados rendidos por el Juez de control y enjuiciamiento Penal de Adolescentes y la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Unitaria en Materia de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residentes en esta ciudad, se ordena hacer la devolución de los mismos a su lugar de origen, sin que haya lugar a solicitar el acuse de recibo correspondiente, por tratarse de copias y no de sus originales.

  3. Incidental

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha, en el que se ordenó el archivo del juicio como asunto totalmente concluido; por tanto, a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se procede a la valoración de los presentes cuadernos incidentales. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que tanto la suspensión provisional como la definitiva, fue negada, dicho cuaderno es susceptible de ser DESTRUIDO, una vez transcurridos tres años de la notificación del presente acuerdo, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General mencionado; y respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser DESTRUIDO una vez transcurridos seis meses de la notificación de este proveído, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General antes señalado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA RESOLUCIÓN DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado al siguiente día a este Juzgado Séptimo de Distrito, Julio Julio Nájera Hernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra de la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: A.- COMO ORDENADORA SEÑALO: A la Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo; Guerrero, quien en audiencia de 1° de Octubre de dos mil veintiuno, simplemente hizo caso omiso a la petición del suscrito quien pedí que se me hiciera un cambio de medida cautelar, por otra menos gravosa. Situación que resulta ser violatorio de derechos humanos fundamentales de justicia pronta, presunción de inocencia, debido proceso, motivación y fundamentación ACTO RECLAMADO: "Reclamo los actos de omisión por parte de la Juez de. Control y Enjuiciamiento Penal en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Guerrero, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, quien con su conducta omisa transgrede mis derechos humanos de justicia pronta, libertad, presunción de inocencia, debido proceso, motivación y fundamentación." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°, 4°, párrafo noveno, 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero y 20 apartado "A" fracción I, apartado "B" fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y el concepto de violación que se consideró pertinente. TERCERO. Admisión y Trámite. Por auto de once de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el presente asunto y se registró como juicio de amparo indirecto 397/2021; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, se apersonaron a juicio los terceros interesados y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad que actúa dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: A. La omisión de la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, de proveer sobre la petición que le hizo el aquí quejoso, relativo a que se le hiciera un cambio de medida cautelar por otra menos gravosa, en la audiencia celebrada el dos de octubre de dos mil veintiuno (fecha correcta al no haber en autos audiencia de uno de octubre de dos mil veintiuno), dentro de la carpeta judicial JA-39/2021. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". La Jueza de Primera Instancia en Materia de Justicia para Adolescentes, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que le atribuye el quejoso al referir lo que sigue: ".Hago de su conocimiento, que el día veinte de mayo de dos mil veintiuno, decrete la medida cautelar de internamiento preventivo, por el termino de cinco meses, misma que vencería el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, medida que al ser objeto de revisión en términos de artículo 121 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, siempre fueron escuchadas las partes, resolviendo en todo momento atendiendo a las reglas que dispone la ley citada, por lo que no le asiste la razón al quejoso. Así también, le informo que en fecha veinticuatro de junio del presente año, en audiencia de revisión de medida cautelar, el defensor solicitó se modifique la medida cautelar, la cual sea cambiada o sustituida por un brazalete y la familia estaría de acuerdo en adquirirlo y costear todos los gastos que se requiera para eso; por su lado, el adolescente y su progenitora no manifestaron nada al respecto, se cerró el debate, reiterando la suscrita el internamiento preventivo, el cual se seguirá cumpliendo en el interior del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, en virtud de que no existen las condiciones para alternar el cumplimiento de una medida cautelar distinta al internamiento preventivo. Asimismo, le informo que con fecha tres de septiembre se le dio el uso de la voz al adolescente solicitando se le beneficiara con la aplicación de la medida cautelar consistente en garantia económica, además, hizo la promesa de no sustraerse de la acción de la justicia y no residir en el domicilio ubicado en Paso Morelos, Guerrero. Por su parte, el defensor, la persona de confianza y la progenitora del joven adulto, reiteraron la solicitud de éste. A su vez, la fiscal, la asesora jurídica y la ofendida, insistieron que se reiterara el internamiento preventivo, se cerró el debate, al considerar esta juzgadora cumplidos los extremos del artículo 18 Párrafo Sexto Constitucional y tomando en cuenta que no hay algún dato de prueba que bajo la apariencia del buen derecho haga posible la modificación de la medida de internamiento, reiteré el internamiento preventivo impuesto inicialmente a Julio Julio Nájera Hernández, ordenando girar la boleta respectiva a la directora del centro de detención para su conocimiento, quedando notificados los intervinientes, por lo que en esa ocasión se fundamentó y motivo mi decisión. Por otro lado, atendiendo a que en dicho asunto no obra algún antecedente de alguna audiencia desarrollada el día uno de octubre de dos mil veintiuno, si bien es cierto que se llevó a cabo una audiencia intermedia misma que tuvo verificativo el día dos de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que se dictó auto de apertura a juicio oral, asimismo, con fecha cinco de octubre de dos mil veintiuno, se remitió mediante oficio el auto de apertura a juicio oral a la administración de este juzgado, a fin de que el presente asunto fuera turnado al juez de Enjuiciamiento Penal en turno, poniéndose el adolescente en mención a disposición del juez de juicio oral, bajo la medida cautelar de internamiento preventivo, medida que fenecería el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, tomando en consideración que la misma fue impuesta el veinte de mayo del año en curso, por otro lado, hago de su conocimiento que de acuerdo al rol de turnos de este juzgado le correspondió conocer del presente asunto al licenciado Ever Nathanael Rodríguez Martínez, Juez de Control y Enjuiciamiento Penal en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Guerrero, en etapa de juicio oral; autoridad a la que podría requerir información, toda vez que desconozco si a la fecha se dictó sentencia definitiva. Asimismo, se le hace saber que la naturaleza del delito por el que se procesó al adolecente es de forma dolosa, toda vez que la conducta es de acción consistente en que el sujeto privo de su libertad al sujeto pasivo, con la finalidad de obtener para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio, la modalidad es a título de coautor material, el bien jurídico protegido por la norma es la libertad de las personas, así como la vida de esta, resultado del delito es de formal material y de peligro concreto, la antijuridicidad es material, por la violación a las normas prohibitivas, en sus modalidades acción permanente, siendo las características retener a la víctima en cautiverio con fines lucrativos. Dado que el delito que se le imputa al mencionado adolescente es secuestro agravado, previsto y sancionado en el artículo 9, fracción I, inciso a), 10 fracción 1, inciso b), y e) fracción II inciso b) y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, la fecha de la conducta reclamada es el dos de octubre de dos mil veintiuno, fecha en que se llevó a cabo la audiencia intermedia; por lo anterior, solicito se niegue el amparo interpuesto por el quejoso, toda vez que los datos de prueba fueron ponderados y se consideraron pertinentes para acreditar la medida cautelar decretada; así como, la intervención que se atribuye al adolescente como coautor material, del delito de secuestro agravado, por lo que, por estas razones se debe negar el amparo y protección de la justicia federal. Así también, hago de su conocimiento que no existe otro amparo indirecto en trámite en el presente asunto, hasta este momento ésta juzgadora no tiene conocimiento de algún otro que no sea el citado al rubro. Por otro lado, remito a usted, copias certificadas de la carpeta judicial JA-39/2021, mismas que se encuentran en orden, completas y legibles; así como, el índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, que indique el orden de intervención de cada una de las partes y copia autorizada de los discos compacto DVD'S, que contengan videograbadas de todas y cada una de las audiencias desahogadas dentro de la carpeta judicial en cita, comprendidos en (7) siete discos compactos DVD'S, anexo copia del oficio recibido en este juzgado. (.)" Ahora bien, del auto de apertura de juicio oral de dos de octubre de dos mil veintiuno, no se aprecia que la Juez de Control responsable hubiere hecho pronunciamiento alguno en relación a lo que le solicitó el quejoso, es decir, lo relativo a que se le hiciera un cambio de medida cautelar por otra menos gravosa, dentro de la carpeta judicial JA-39/2021. Mientras que en su informe pretende justificar dicha omisión, señalando que la carpeta de investigación ya fue turnada a un juez de enjuiciamiento, y que por la naturaleza del delito (secuestro agravado) no se pronunció al respecto. Circunstancias por las cuales, se tiene cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, mismo que ha quedado identificado en el considerando segundo de este fallo, pues no obstante que al rendir su informe justificado la Juez de Primera Instancia en Materia de Justicia para Adolescentes, en funciones de Juez de Control, con sede en esta ciudad, negó que se estuvieran violando los derechos fundamentales que refiere el quejoso en su demanda; sin embargo, hizo manifestaciones posteriores que dejan ver la existencia del acto que le atribuye el peticionario de amparo. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Lo que se corrobora, con los siete discos versátiles digitales en formato DVD, remitidos con su informe con justificación, dichos discos contienen registros de audio y video derivados de la carpeta judicial JA-39/2021, de su índice, además, de las constancias físicas de la referida carpeta. Así como las remitidas en digital (4 dvd´s) y físicas por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal para Adolescentes y la Magistrada de la Primera Sala Unitaria en Materia de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, ambos residentes en esta ciudad, mediante las cuales, el primero, informó que dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso, en la carpeta judicial de que se trata el presente asunto, y la segunda, hace del conocimiento que dictó resolución respecto al recurso de apelación promovido por el quejoso contra la mencionada sentencia, mismo que confirmó en sus términos. Elementos de convicción, a los cuales se les reconoce plena eficacia probatoria, de conformidad con lo que dispone los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.43/2013 (10a.)1 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Bajo este contexto, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de la Jueza de Control y Enjuiciamiento Penal en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, de proveer sobre la petición que le hizo el aquí quejoso, relativo a que se le hiciera un cambio de medida cautelar por otra menos gravosa, en la audiencia celebrada el dos de octubre de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial JA-39/2021, a efecto de explicar este aserto, es necesario trascribir el precepto citado cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requiere: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o bien, de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. En el caso, de las constancias de autos se advierte: - El dos de octubre de dos mil veintiuno, la Juez de Control responsable dictó auto de apertura de juicio oral y remitió los autos de la carpeta judicial JA-39/2021, al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de Adolescentes, con sede en esta ciudad (Paginas 4 a 28 del tomo II de pruebas), sin que se aprecie que hubiere hecho pronunciamiento alguno en relación a lo que le solicitó el quejoso, es decir, lo relativo a que se le hiciera un cambio de medida cautelar (prisión preventiva) por otra menos gravosa, dentro de la carpeta judicial JA-39/2021. - El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de Adolescentes, con sede en esta ciudad, dictó sentencia condenatoria al adolescente Julio Julio Nájera Hernández, a quien le impuso una sanción de internamiento definitivo por el término de tres años, dos meses, a cumplir en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes. (Páginas 189 a 268 del tomo II de pruebas). - Inconforme con ello, el aquí quejoso, promovió recurso de apelación, del cual conoció la Primera Sala Unitaria en Materia de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, bajo el toca judicial XII-16/2021, y que en resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, determinó confirmar en sus términos la sentencia condenatoria impugnada. (Fojas 117 a 202 del sumario) Bajo esas circunstancias, se evidencia un cambio de situación jurídica, pues por virtud de que se emitió sentencia condenatoria contra el quejoso, cambiando su situación jurídica de imputado a sentenciado, por lo que si se decidiere sobre la constitucionalidad de los actos reclamados en este asunto -omisión de pronunciarse sobre una medida cautelar diversa a la de prisión preventiva-, que dio origen al presente juicio, se afectaría la nueva situación jurídica que rige la situación del quejoso; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente por virtud del cambio de situación que impera. En efecto, se estima que se configura la causa de improcedencia enunciada, ya que, se reclamó la omisión de pronunciarse sobre el cambio de medida cautelar por una menos gravosa en la carpeta judicial JA-39/2021; y como ya se mencionó, el Juez de Enjuiciamiento Penal competente, dictó sentencia condenatoria, con la que dejó sin efectos la prisión preventiva (sobre la que el quejoso solicitó su cambio por otra menos gravosa), al tratarse de una prisión definitiva por el plazo de tres años, dos meses, a cumplir en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes; sentencia que, además, ha quedado firme, al haberse confirmado por la Primera Sala Unitaria antes mencionada; poniendo de manifiesto el cambio de situación jurídica que impera sobre el quejoso. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia 1a./J.95/2007, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR." Así también, al tratarse de un caso análogo, la tesis: "Registro digital: 2022025 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: X.2o.1 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 5981 Tipo: Aislada CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." En las apuntadas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." QUINTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de once de octubre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista de Estrados publicada el trece de octubre de dos mil veintiuno, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVII, y 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Julio Julio Nájera Hernández, por propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando CUARTO de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando QUINTO de esta sentencia.

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