Julio Jesús Gómez Chávez

Expediente 64/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
64/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Julio Jesús Gómez Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 156/2023, firmado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta Ciudad; por el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos (veinte de enero de dos mil veintitrés), remite copia certificada del oficio 84/2023, dirigido al Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, del que se advierte acuse de recibido de dicha dependencia; al efecto, agréguense a los presentes autos el oficio y anexo para que obren como en derecho corresponda. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa reclamó la omisión del cierre de instrucción a efecto de que se dicte el proyecto de laudo y laudo dentro de los autos del juicio laboral de origen; sin embargo, del análisis de las constancias que allegó la junta responsable, se observa que a la fecha en que fue presentada la demanda de amparo, aún quedan pruebas pendientes por desahogar, tal y como lo aseveró la responsable al rendir su informe con justificación, aduciendo que existe pendiente el informe de autoridad, remitiendo para tal efecto copia certificada del oficio 84/2023, de trece de enero de dos mil veintitrés, dirigido al Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente; en relación con los diversos preceptos 1, fracción I, y 75 de la propia ley, los cuales establecen: En efecto, los artículos y fracciones en comento textualmente establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.". El artículo 1, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la constitución, es decir, se refiere a actos existentes, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la ley de la materia, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en armonía con los diversos 1, fracción I, y 75, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos que se reclamen por la parte quejosa deben analizarse atendiendo a la fecha en que presentó la demanda de amparo. Ahora bien, del análisis de las documentales públicas que en copia certificada allegó la autoridad responsable, a las que se otorga pleno valor demostrativo, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal citado en último término, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, aún existen pruebas pendientes por desahogar, tal y como lo acreditó la responsable al rendir su informe con justificación, en el sentido de que existe pendiente el informe de autoridad, remitiendo para tal efecto, copia certificada del oficio 84/2023, dirigido al Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, constancia a la que se le ha dado el valor correspondiente. Por tanto, es claro que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable no se estaba en condiciones de decretar el cierre de instrucción, dentro del juicio laboral de origen, y poner los autos en estado de dictar laudo. Circunstancia que implica por lógica consecuencia, que para cuando se promovió este juicio de amparo no existía el acto reclamado (omisión de cierre de instrucción), surtiéndose la hipótesis contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la ley reglamentaria del juicio constitucional, por lo que, como se dijo, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA respecto del señalado acto reclamado atribuido a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta Ciudad, POR SER INEXISTENTE. Es aplicable, por similitud de razón jurídica, la jurisprudencia 12, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Octava Época, Tomo VI, parte SCJN, Materia Común, visible en la página 10, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, cancélese la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en auto de diez de enero de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se DECLARA LA FIRMEZA del presente proveído. En consecuencia, ARCHÍVENSE las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de Trato. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante el Secretario Julio César Cruz García, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 128/2023, procedente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta Ciudad, por el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, remite copia certificada de la constancia solicitada. No obstante lo anterior, no ha lugar a tener por desahogado dicho requerimiento, ni por allegada tal documental, toda vez que el oficio con el que se da cuenta (registrado con el folio 1465), carece de firmas autógrafas y del sello oficial de dicha autoridad; por tanto, devuélvase a su lugar de origen, previa copia simple que se deje para que obre como en derecho corresponda, quedando incólume el apercibimiento con que se le conminó. Notifíquese. ...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a veinte de enero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rindiendo su informe justificado a la autoridad señalada como responsable Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta Ciudad; con lo anterior dese vista a las partes a efecto de que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que acompaña al informe justificado la citada autoridad responsable; consistente en copia certificada del oficio 84/2023, dirigido al Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, que obra en el juicio laboral de origen 327/4/2014; la cual será tomada en consideración al resolver el presente asunto. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo y numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, REQUIÉRASE a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, posterior al de la notificación del oficio que derive del presente proveído, remita copia certificada del oficio 84/2023, dirigido al Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la que se advierta el acuse de recibido de la dependencia que fue requerida; lo anterior, toda vez que resulta necesaria para estar en posibilidad de resolver el presente juicio de amparo. ... Notifíquese. ...

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a diez de enero de dos mil veintitrés.Visto lo de cuenta, Téngase por recibido el oficio, enviado por la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, y para tal efecto remite copia certificada del acuerdo de nueve de enero de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral ******************** de su índice; al respecto, tómese nota de su contenido. ********************Ahora, toda vez que nos encontramos en el cumplimiento de una sentencia de amparo, de conformidad con el numeral 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en esta ciudad, remita copia certificada del oficio girado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y acredite la forma en que se envíe el mismo y recepción. ********************Con el apercibimiento, que de no cumplir con el requerimiento formulado, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, párrafo segundo, 238 y 258 de la Ley de Amparo.********************De igual forma, hágase del conocimiento a la responsable que conforme al artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.********************Cabe precisar que no es el caso requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a diversa autoridad, toda vez que la Junta responsable no tiene superior jerárquico.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J36/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, libro IV, enero de 2012, Tomo IV, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO."********************Lo anterior, con el objeto de que este órgano de control constitucional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento con relación al cumplimiento o no de la ejecutoria de amparo, previa vista que con tales constancias se dé a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga.********************Notifíquese.

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