Julio Iván Zea Serrano

Expediente 1255/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1255/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Julio Iván Zea Serrano

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. I. Informes justificados. Agréguense a los autos los oficios mediante los que rinden informe justificado las autoridades responsables siguientes: Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. Juez Tercero Familiar de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Con su contenido, dese vista a las partes para los efectos a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. II. Pruebas Asimismo, téngase a las citadas autoridades, exhibiendo las pruebas documental que anexan, mismas que con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las cuales serán tomadas en consideración en el momento de la celebración de la audiencia constitucional. III. Formación de Tomo Debido a su voluminosidad se ordena formar seis tomos por separado identificado como TOMO I con las constancias remitidas por la sala civil y el TOMO II, III, IV, V, y VI, con las remitidas por el Juez familiar, los cuales quedan en la Secretaría de este Juzgado, a disposición de las partes, para su consulta. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, el oficio por el que se remitió las citadas constancias será debidamente digitalizado para su consulta a través del expediente electrónico; sin embargo, de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al tratarse de una excepción, debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, estas quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, para su consulta.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de octubre de dos mil veintitrés. Cumple prevención Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso Julio Iván Zea Serrano, atento a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la prevención al tenor de las documentales que adjunta; y al efecto se provee: II. Protección a menores de edad. Toda vez que en el presente juicio se encuentra involucrada una menor de edad, con la finalidad de brindarle la protección a su intimidad y privacidad durante la substanciación del presente, en los casos en que se tenga que hacer referencia a aquella, hágase a través de sus iniciales de nombres y apellidos ***********; ello con fundamento en los artículos 1 y 4 Constitucionales; 3.1 y 19.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5°, párrafo primero, 7, 13, fracción XVII, 76, párrafos primero y segundo, 79 y 86, fracción IV, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como punto 9 y 10 del "Capítulo III. Reglas de actuación generales" del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes (Suprema Corte de Justicia de la Nación). III. No ha lugar a designación de representante especial de los menores. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la Jurisprudencia P./J. 3/2019 (10a.), con registro digital 2019198, de rubro "REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO)", estableció, entre otras cosas, que tratándose de procedimientos jurisdiccionales donde se involucren derechos de menores, los juzgadores tienen la obligación de garantizar que en el juicio estén adecuadamente representados sus derechos, al margen del carácter que ostenten dentro de éste; sin embargo, tal cuestión no puede entenderse ilimitada o irrestricta, sino que se actualiza, precisamente, cuando el propio juzgador considere que existe una posibilidad fundada de que la normativa procesal resulte un mecanismo abiertamente inadecuado para la tutela del interés superior del menor, lo que implicaría realizar un análisis pormenorizado del caso concreto para determinar si es absolutamente necesario nombrar un representante especial. Por lo anterior, es pertinente analizar si dadas las particularidades de este asunto resulta necesario nombrar a un representante especial para el menor quejoso, a efecto de que sus derechos puedan encontrar una tutela adecuada y que sus intereses no se vean supeditados al de sus legítimos representantes si éstos entran en abierto conflicto con los de los menores. En el caso, el quejoso -padre de la citada menor- señala como acto reclamado la resolución de uno de septiembre de dos mil veintitrés, que resolvió los recursos de apelación interpuestos por dicha parte procesal y declaró improcedentes la medida precautoria urgente solicitada por aquél consistente en la custodia y domicilio de depósito de su hija, así como la orden de restricción respecto de la madre de la menor y su entonces pareja sentimental; y la diversa en que solicitó la salida del Ernesto Javier Bernardino del domicilio de depósito de su menor hija. Lo que advierte que la intención del promovente no riñe con los intereses de la menor que representa, sino que, por el contrario, es tendente a salvaguardar su bienestar, lo que, de momento, hace innecesaria la designación de un representante especial para la infante apuntada. IV. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; SE ADMITE la demanda promovida por Julio Iván Zea Serrano, por propio derecho y en representación de la menor J.M.Z.M., personalidad que acredita con base en el acta de nacimiento que exhibe y de conformidad con el numeral 10 de la Ley de Amparo. V. Tercero interesado. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, con copia autorizada del presente proveído y del de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, copia simple de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, emplácese al presente juicio de amparo al tercero interesado Dulce Ivonne Mendoza García, quien tiene su domicilio en: Granadillo 639, Fraccionamiento Del Bosque, San José el Alto, Querétaro. Asimismo, el actuario judicial adscrito les deberá hacer saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto y además indicarles que las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que si es así su deseo, durante la tramitación del presente asunto designen domicilio dentro de esta ciudad, o en zona conurbada para tal efecto. VI. Audiencia constitucional. Se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. En el entendido de que dicha audiencia se llevará a cabo sin público, al margen de que subsista la posibilidad de ofrecer pruebas de conformidad con lo que establece el numeral 119 de la Ley de Amparo, mediante escrito presentado electrónicamente, y de forma física sólo en casos urgentes, además de que de acuerdo al artículo 124 de la misma ley, los alegatos pueden formularse de la manera antes indicada, todo ello con la oportunidad debida a la fecha señalada; máxime que en el supuesto de las objeciones respectivas, ello daría lugar a la suspensión del procedimiento. VII. Diferimiento de audiencia constitucional. Se entera a las partes que el señalamiento de una nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se realizará por lista, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista, en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para la autoridad responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, toda vez que mediante la notificación personal es informada en su domicilio o en el que señaló para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, y si entre ellos no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. VIII. Incidente de suspensión. No es necesaria la apertura del incidente de suspensión al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. IX. Informes justificados. Con fundamento en el artículo 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, mismas que deberán rendirlo DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS siguientes a aquél en que reciban el oficio por el que se les pide dicho informe, en el entendido que en de dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndole saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. X. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. XI. Forma de recepción de informes provenientes exclusivamente de autoridades responsables. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, PARA QUE HAGAN LLEGAR -DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y FIRMADOS- LOS INFORMES O CONSTANCIAS QUE SEAN SOLICITADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a las autoridades responsables que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. XII. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XIII. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XIV. Requiere por constancias sobre la actualización de causal de improcedencia. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XV. Intervención al agente del ministerio público de la adscripción. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. XVI. Pruebas. Con apoyo en lo establecido por el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, téngase como prueba de la parte quejosa: la documental que anexó a su demanda de amparo, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional. XVII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XVIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos, el escrito aclaratorio signado por la parte quejosa, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención realizada, al tenor de las copias simples que anexa a su escrito aclaratorio. Empero, no ha lugar a dar cumplimiento a la prevención realizada con las copias simples que anexa. Lo anterior, no obstante que refiera ha solicitado las copias certificadas a la autoridad responsable y que las allegará al presente juicio una vez que le sean entregadas y remita copia del acuse de recibo, toda vez que en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 114 fracción III, es la parte promovente quien debe acreditar su representación con las constancias correspondientes, pues considerar lo contrario sería tanto como dejar al arbitrio de las partes el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley de Amparo. Por tanto, subsiste en sus términos la prevención inserta en auto inicial, así como el término concedido para desahogarla; en el entendido que el plazo otorgado para su cumplimiento seguirá transcurriendo una vez que se notifique de manera personal el presente proveído, pues el mismo se ha visto interrumpido por causa de la presentación del escrito aclaratorio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. I. Análisis de cumplimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa y tercero interesada para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tanto, resulta procedente que este juzgado federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia dictada el[...] Que mediante resolución de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se dejó insubsistente la resolución de diez de noviembre de dos mil veintidós, emitida dentro del Toca Familiar ********************; y emitió una nueva resolución, en la que se pronunció de la siguiente manera:[....] Consecuentemente, confirmó la sentencia interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictada por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, dentro del expediente ********************. Documental, que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículo 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, por su artículo 2º, en virtud de que se trata de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con la documental allegada se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, cuyo rubro dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" II. Archivo y destino del expediente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el inciso a), fracción III, del artículo 17, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de conservación, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración, que ninguna de las partes allegó al juicio principal, algún documento original que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo dispuesto con la fracción XVIII del artículo 3, del referido Acuerdo General.

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