Julio Israel Ortiz Roman

Expediente 566/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
566/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
08/01/2018

Partes del expediente

  • Julio Israel Ortiz Roman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA V Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el proveído de veintinueve de noviembre pasado (fojas 292 a 294), que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA. V. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que el fedatario judicial adscrito hizo constar su imposibilidad para notificar al quejoso Julio Israel Ortiz Román, el proveído de veintinueve de noviembre del actual (fojas 92 a 94), por las razones que expone; por tanto con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso el citado auto, así como, las subsecuentes determinaciones que sean de carácter personal, mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto designe nuevo domicilio para tal efecto.

  3. Principal

    MESA V Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al que anexa el juicio de amparo 566/2017-V-A, de este índice, promovido por Julio Israel Ortiz Román, asimismo, informa que no acepta avocarse al conocimiento del presente asunto por las razones que expone; acúsese recibo. En ese contexto, este órgano jurisdiccional no insiste en la relación de los juicios de amparo planteada y se avoca de nueva cuenta al conocimiento del juicio en que se actúa. Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Su ejecución. Establecido lo anterior, del contenido de los autos que integran el presente expediente, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del invocado artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Ahora bien, en el caso, se llega al conocimiento que el traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Norte al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, cesó en sus efectos. Lo anterior es así, toda vez que constituye como hecho notorio, en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciséis Julio Israel Ortiz Román, promovió el juicio de amparo 637/2017, ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, en el cual reclamó: La orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México. Su ejecución. Por lo que, seguidos los trámites de ley, el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete se llevó a cabo la audiencia constitucional, luego de la cual, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó el juicio de amparo y por otro, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a Julio Israel Ortiz Román, en contra del oficio SG/SSP/3819/2017 de once de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; resolución que causó ejecutoria el veintisiete de septiembre pasado y se tuvo por cumplida el catorce de noviembre de la presente anualidad. Así pues, mediante razón actuarial de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, la Actuaria de la adscripción hizo manifiesta su imposibilidad de notificar al quejoso en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, toda vez que fue trasladado de forma definitiva al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de esta ciudad, el veintiuno de octubre de dos mil diecisiete, en cumplimiento al diverso juicio de amparo 637/2017 del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México. Lo anterior expuesto, evidencia que han desaparecido los efectos del traslado reclamado en forma inmediata, total incondicional, sin haber dejado huella en la esfera jurídica ni patrimonial de la parte quejosa, pues le fue otorgado la protección constitucional ante dicho acto en diverso juicio de amparo. Por ello, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Razón por la cual, continuar con el trámite del presente juicio biinstancial, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resulta ocioso y atentatorio del principio de prontitud y expeditez en la administración de justicia, acorde a los principios fundamentales establecidos en el artículo 17, Constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, marzo de 2003, foja 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En la inteligencia que el informe y constancias remitidas por la autoridad responsable queda bajo la más estricta responsabilidad de su potestad, a quien se le imputa la violación constitucional. Cobra aplicación por identidad jurídica sustancial la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLIX, Quinta Época, Materia Penal, página 737, de texto y rubro siguientes: "FALSEDAD EN INFORMES JUSTIFICADOS RENDIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si la autoridad responsable, en su informe niega la existencia del acto reclamado y se comprueba aquella, incurre en el delito de falsedad en informes dados a una autoridad, previsto en el artículo 247 del Código Penal; sin que obste en contrario, la alegación de que no se demostró que la negativa hubiera sido de manera dolosa, puesto que el artículo 9o. del citado código, determine que la intención dolosa se presume, salvo prueba en contrario". En virtud de lo expuesto, no ha lugar a señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada encargada del aludido sistema capture la presente resolución, y a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa.

  4. Principal

    MESA V. Agréguese a los autos el oficio con el que se da cuenta mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remite testimonio de la resolución relativa al recurso de queja Q.P. 113/2017; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y acúsese recibo. De la lectura de la resolución emitida por el aludido Tribunal, se advierte que se resolvió el recurso de queja en los siguientes términos: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso Julio Israel Ortiz Román." En ese sentido, SE REANUDA EL PROCEDIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En esas condiciones, se fijan las diez horas con treinta minutos del trece de diciembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

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