Julio Hernández Gutiérrez
Expediente 1426/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1426/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio Hernández Gutiérrez
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán y Otros.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ********************; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo X-1426/20******************** promovido por Julio Hernández Gutiérrez, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con el informe justificado rendido en autos. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del expediente paraprocesal 57/20********************. EL JUEZ: Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que las partes no formularon alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número X-1426/20********************, promovido por Julio Hernández Gutiérrez, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el veinte de diciembre de dos mil veintidós, y remitido a este juzgado el mismo día, por razón de turno, Julio Hernández Gutiérrez, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra actos -omisivos- del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. El quejoso precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente X-1426/20********************; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos que anteceden, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por territorio, materia y grado para resolver el presente juicio de amparo, porque la parte quejosa reclama diversos actos -omisivos- de una autoridad en materia laboral con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La dilación procesal en que ha incurrido la Junta responsable en la prosecución del juicio paraprocesal 57/20********************, en específico, la omisión de emitir el acuerdo correspondiente a efecto de dar trámite a su escrito de solicitud de declaración de beneficiarios de los derechos laborales que en vida generó su extinta esposa, el cual presentó desde el tres de junio de dos mil veintidós. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable, negó el acto que en el ámbito de su competencia se le atribuyó. Sin embargo, de las constancias adjuntas se advierte la existencia de la omisión reclamada; mismas que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia de contenido literal siguiente: "Época: Octava Época Registro: ********************7634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Para ello se precisa que si bien la autoridad responsable emitió un acuerdo el veinte de diciembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo promoviendo diligencias paraprocesales de declaración de beneficiarios, también lo es que a la fecha de la presentación de la demandada, esto es, el propio veinte de diciembre de dos mil veintidós, aún no se le había notificado al quejoso tal determinación, por lo que resulta evidente que, al menos, hasta ese momento existía la omisión de la autoridad responsable de atender el escrito presentado por el aquí quejoso, por el cual solicitó la declaración de beneficiarios de los derechos laborales que en vida generó su extinta esposa. CUARTO. Improcedencia del juicio. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, el que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Esto es, dicho numeral establece que es improcedente el juicio de amparo cuando hubieran cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el asunto. El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél. Por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, de las constancias que integran los presentes autos, en específico de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de dictar el acuerdo correspondiente a efecto de dar trámite a su escrito de solicitud de declaración de beneficiarios de los derechos laborales que en vida generó su extinta esposa, el cual presentó desde el tres de junio de dos mil veintidós. Y, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que dentro del proceso paraprocesal 57/20********************: ( En auto de veinte de diciembre de dos mil veintidós, el Tribunal responsable, tuvo por recibido el escrito presentado por Julio Hernández Gutiérrez -aquí quejoso- en el que por propio derecho y en su carácter de cónyuge de la extinga trabajadora, Huitzilihutl Eugenia Reyes Arias, promovió diligencias de designación de beneficiarios sobre los derechos laborales de la de cujus citada. También reconoció su personalidad, tuvo al promovente exhibiendo diversas documentales, y lo requirió para que en el plazo de tres días hábiles presentara diversa documentación a fin de dar continuidad al trámite solicitado. En ese contexto, se advierte que con la emisión del citado proveído cesaron los efectos de la omisión reclamada, pues se cumplió el propósito que perseguía el solicitante del amparo al acudir a esta instancia constitucional, esto es, que la autoridad diera el trámite necesario a su solicitud de designación de beneficiarios presentada el tres de junio de dos mil veintidós, lo que así aconteció y para ello le requirió diversos documentos a fin de continuar con el trámite correspondiente. De modo que al haber cesado los efectos del acto reclamado que se analiza, se hace innecesario el análisis de la constitucionalidad de la omisión reclamada, pues la posible afectación causada al solicitante de amparo ha desaparecido como si se le hubiera concedido el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, no siendo factible que esa actuación judicial reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. Ello es así, toda vez que los alcances por los que se podía otorgar la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a que el veinte de diciembre de dos mil veintidós, se subsanó la omisión reclamada, es evidente que la afectación quedó sin efectos y, por ende, también la lesión alegada a la esfera jurídica del solicitante de amparo. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo interpretada, con los numerales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia número 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4 , cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En ese sentido, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en las omisiones referidas ante la autoridad responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Finalmente, en virtud de la actualización de una causal de improcedencia, es inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis del fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional no está en aptitud legal para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que dice: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época ********************6555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. ********************-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". Por lo expuesto y con fundamento legal, además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Julio Hernández Gutiérrez, en relación al acto -omisivo- atribuido a la autoridad que quedó precisado, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe
- Principal
Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Parte quejosa realiza manifestaciones. Visto el escrito de cuenta que suscribe ********************, apoderado de los quejosos ********************, mediante el comparece a realizar diversas manifestaciones, las que se atienden de la siguiente forma: 1. En torno a la manifestación que realiza en el sentido de que este juzgado se ha negado a iniciar el incidente de inejecución de sentencia e imponer multa a las responsable, dígasele que en diversos proveídos se le han expuesto los motivos y fundamentos por los cuales, se ha estimado inconducente abrir dicha incidencia (por advertirse la existencia de un cumplimiento parcial y trascedente a lo exigido y dado que no se ha advertido un desacato total a la ejecutoria ni que sea inexcusable), siendo el último de esos acuerdos el de diez de noviembre de este año, por lo cual deberá de estarse a lo acordado en el mismo. 2. En relación a la solicitud que formula el apoderado de la parte quejosa, en torno a que se imponga una multa al Presidente Municipal y Tesorero del Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, dígasele nuevamente que en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se expusieron los antecedentes del presente asunto que llevaron a desechar la demanda por los actos reclamados al Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán (autoridad demandada en el juicio laboral de origen), al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II del artículo 5 de la aludida legislación; y también, se señalaron los motivos y fundamentos, por los cuales, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, resultaba improcedente vincular al procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo al Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, su Presidente y al Tesorero; por lo cual, no es factible que este juzgado les imponga una multa a las autoridades demandadas y la parte quejosa, se deberá de estarse a lo acordado en auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. 3. Respecto a la manifestación que realiza para que se ordene a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que requiera al Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, que incluya en el presupuesto de ingreso y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés, el pago de los ahora quejosos, es necesario reiterar a la parte quejosa, que en su carácter de actora en el juicio de origen, se encuentra en aptitud de elevar esa petición a la autoridad laboral que conoce del expediente natural y que lleva la ejecución del laudo, para que acuerde lo que en derecho corresponda, pues esta instancia no puede llegar al extremo de sustituir la intervención del ejecutante para la prosecución de la etapa ejecutiva en el juicio de origen, ni sustituir las facultades de la responsable para acordar lo que en derecho corresponda en torno de las peticiones que se le formulen para la ejecución del laudo. Motivo por el cual, queda expedito el derecho de la parte quejosa, para que inste o actúe en el juicio laboral de origen y en caso de que la responsable sea omisa, se estará en aptitud de requerirla sobre el particular. Orienta a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 16/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772 Tipo: Jurisprudencia "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Requerimiento a las responsables No obstante, se estima necesario requerir a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1) Informe las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen; 2) Si ha hecho efectivos los apercibimientos formulados a la parte demandada; y, 3) Exhibir las constancias donde se acrediten esas actuaciones (en el concepto de que deberá exhibir el requerimiento, su notificación y en su caso, el auto donde haya hecho efectivos apercibimientos formulados) Subsisten apercibimientos En el entendido de que subsisten los apercibimientos que les fueron formulados en auto de veintitrés de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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