Julio Gustavo Merino Rivera
Expediente 363/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 363/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/06/2015
Partes del expediente
- Julio Gustavo Merino Rivera
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil quince. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cinco de junio de dos mil quince; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), glósense los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, así como los cuadernos del incidente de suspensión, serán susceptibles de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el Acuerdo de referencia. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de junio de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el oficio 2111 signado por el Juez Primero de lo Penal de Tehuacán, Puebla con el que manifiesta que no cuenta con los autos del proceso penal 492/2003, toda vez que fue remitido al archivo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por lo que remite copia de las anotaciones del libro de gobierno con que cuenta. En diverso aspecto, vista la certificación de cuenta, y toda vez que dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, se recibió el informe previo rendido por el Primer Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Tehuacán, Puebla lo cual se trae como hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, en tal virtud, se ordena agregar copia certificada de dicho informe al juicio de amparo en que se actúa, para que surta los efectos legales procedentes. De igual manera se cita en apoyo a lo anterior, lo dispuesto por la tesis IV.2º.16 K, visible en la página 2349, tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Tribunales Colegiados de Circuito, de la novena época, publicada bajo el rubro: "HECHO NOTORIO INVOCADO POR UN ÓRGANO DE AMPARO NO TERMINAL. SI SE HACE CONSISTIR EN LAS CONSTANCIAS DE UN EXPEDIENTE ANTERIOR, ANTE ÉL TRAMITADO, DEBE ADJUNTARLAS AL JUICIO OBJETO DE REVISIÓN". En tales condiciones, agréguese a los autos el oficio signado por el Primer Comandante de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Tehuacán, Puebla con el que rinde su informe justificado, para los efectos legales a que haya lugar. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la parte quejosa Julio Gustavo Merino Rivera, ocurre ante esta instancia de control constitucional; a reclamar de las autoridades señaladas como responsables: Las órdenes de aprehensión emitidas en su contra y su ejecución. Ahora, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez de Control del Distrito Judicial Sur-Oriente, con residencia en Tehuacán, Puebla, Jueces Primero y Segundo de lo Penal de Tehuacán, Puebla, Jueces Municipales de Tehuacán, Ajalpan y Altepexi, Puebla, Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla, Comandante de la Policía Ministerial del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla y Comandante de la Primera Comandancia de la Policía Ministerial del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla (fojas 13, 11, 17, 26, 25, 28, 23, 14 y 48), a los que se les concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo al artículo 2° de la Ley de Amparo, se desprende que las órdenes de aprehensión que reclama la parte quejosa a las autoridades señaladas como responsables no existen, por lo cual procede sobreseer en el juicio de garantías en estudio fuera de la audiencia constitucional. Cabe precisar que aun cuando el Juez Primero de lo Penal de Tehuacán, Puebla reconoció que en su estadística existe el proceso 492/2003; sin embargo, destacó que en aquél se dictó sentencia absolutoria a favor del quejoso y se mandó al archivo, por lo que, debe determinarse que no existe alguna orden de aprehensión dictada contra el peticionario. Tiene aplicación por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, Octava Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Asimismo, no es obstáculo a la anterior determinación, el hecho de que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Comandante de la Segunda Comandancia de la Policía Ministerial del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, toda vez que dicha autoridad fue señalada con el carácter de ejecutora y dichos actos de ejecución son dependientes de los mandatos que hayan emitido las autoridades responsables ordenadoras, mismas que en el presente juicio negaron la existencia de los actos que se le reclaman, por lo cual, se reitera, que al no existir prueba en contrario que desvirtúe la negativa de los actos por parte de las citadas autoridades responsables, con fundamento en el normativo párrafo primero de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este sumario. Ahora, el párrafo primero de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, al respecto establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en el párrafo primero de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Julio Gustavo Merino Rivera, respecto del acto y autoridades responsables referidas en los párrafos que anteceden, consistente en las órdenes de aprehensión emitidas en su contra y su correspondiente ejecución. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número de tesis 284, en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cabe aclarar que en este caso, la causal de sobreseimiento (inexistencia de acto), resulta preferente a cualquier causal de improcedencia (artículo 61 de la Ley de Amparo), pues la hipótesis prevista en la fracción IV, del diverso 63 de la Ley de Amparo, que prevé la inexistencia de los actos reclamados, evidencia que el amparo únicamente puede sustanciarse contra los existentes y concretos, no probables o eventuales, pues el análisis es jurídicamente imposible ante la ausencia de ellos. En este sentido, aun cuando por regla general se puede afirmar que, la inexistencia del acto no se considera motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal circunstancia debe atenderse primordialmente para el sobreseimiento del juicio de garantías, en razón de que no se puede establecer a priori la certeza o no de tales actos con la sola presentación de la demanda de garantías. Sin embargo, una vez que las responsables rindan su informe justificado, el juzgador puede determinar si existe o no el acto reclamado y si éste vulnera las garantías consagradas en la Constitución Federal, a favor de los gobernados. En tal virtud, si el Tribunal más alto de la Nación ha determinado que si durante el trámite del juicio, el juzgador conoce de la existencia de una causal de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; y, estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que transgrede al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal razón, a juicio de este juzgado federal, resulta aplicable en tratándose de una causa directa de sobreseimiento. De tal manera que si la parte impetrante se duele de la ejecución de las órdenes de aprehensión emitidas por las autoridades señaladas como responsables y éstas al rendir sus informes justificados negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, por tanto, es por demás claro que la parte quejosa, aun cuando ofreciera pruebas, no podrá probar tal circunstancia, por lo que continuar innecesariamente con la tramitación del presente juicio, en nada cambiaría el sentido del fallo (sobreseimiento por inexistencia de acto). Por tanto, se dejan sin efecto las diez horas con treinta y cinco minutos del diez de junio de dos mil quince, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Sin que sea necesario tomar esta determinación de sobreseimiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, puesto que en este caso en particular, la causal de sobreseimiento (al igual que las de improcedencia), es una cuestión de orden público, por lo que su examen es oficioso y preferente, en cualquier estado e instancia del juicio de garantías. Además porque en este caso no se priva de defensa a la parte quejosa, con la determinación de este juzgado federal de sobreseer fuera de la audiencia constitucional, ello, en el supuesto de no brindarle la oportunidad a que se ofrezcan pruebas, pues como ya se dijo, no puede probar la existencia de un acto inexistente, por ende, el resultado del fallo, siempre será en el mismo sentido, por lo que de continuar con la substanciación de este juicio, únicamente se trastocaría el principio de justicia pronta establecido en el artículo 17 Constitucional. Es aplicable por identidad de razones jurídicas la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, a partir del uno de junio de igual año, la actual denominación de este órgano constitucional es Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y el presente expediente, el cual se encontraba radicado bajo el número 731/2015-II, ahora se identificara con el número de expediente 363/2015 -II, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Incidental
ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Julio Gustavo Merino Rivera.
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