Julio González Rodríguez
Expediente 1220/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1220/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Julio González Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve *************, por propio derecho, contra actos de la Secretaria General de la Secretaría de Educación Pública y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1220/2023-V. Análisis del escrito inicial de demanda (desechamiento). Ahora bien, a efecto de proveer lo correspondiente a la demanda de cuenta, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo En el caso en particular, como se observa del contenido integral de la demanda de amparo, la parte quejosa señala como acto reclamado, el siguiente: Así, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Esto es, en la vida de cualquier Estado o sociedad existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de coordinación, las de supraordinación y las de supra a subordinación. Los dos primeros tipos de relaciones mencionadas, reconocen siempre un vínculo igualitario o de paridad formal entre sujetos (gobernados entre sí o autoridades entre sí). Las relaciones de supra a subordinación, surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos por un lado, y el gobernado, por otro; en éstas, la persona moral estatal y sus órganos desempeñan frente al particular la actividad soberana o de imperio, o sea, actos autoritarios propiamente dichos, que tienen como atributos esenciales la unilateralidad (no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita), la imperatividad (la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes) y la coercitividad (implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado). Consiguientemente, en el juicio de amparo, el acto reclamado debe ser, desde luego, un acto de autoridad en el que concurran los elementos mencionados. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, en virtud de la existencia de una relación de supra a subordinación. Sentado lo precedente, debe destacarse que, en la especie, de lo informado por la parte quejosa en su escrito de demanda, se advierte que existía una relación laboral, en virtud de que laboro para la Escuela Secundaria Oficial 0397 ******S", el cual se ha dedicado a la docencia desde el año dos mil seis, tal y como se acredita con los anexos que remite. En ese orden de ideas, resulta claro que, no es un acto emanado de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente laboral; ya que deriva de la relación de coordinación patrón-trabajador que existía entre el promovente y la Secretaría de Educación Pública, la cual se entabla entre particulares; por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo.
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