Julio Gonzalez Jeronimo
Expediente 68/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 68/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Julio Gonzalez Jeronimo
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a diecisiete de febrero de dos mil quince. Agréguese el oficio 485, signado por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en la ciudad capital, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 704, con el que se le remitió la demanda de amparo promovida por Julio González Jerónimo y comunica que aceptó la competencia planteada; por lo que con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIA
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual remite acuse de recibo del oficio 1894, por el que se envió la demanda de garantías promovida por el quejoso José Antonio Rojas Robles, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. IIA
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. Vista la demanda de garantías promovida por JULIO GONZÁLEZ JERÓNIMO, contra actos de las autoridades responsables, Síndico Procurador Municipal y Alcalde Municipal del Ayuntamiento de Santiago Xanica, Miahuatlán, Oaxaca, que hace consistir en substancialmente en: "La orden de detención y su ejecución". Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 206/2014. Ahora bien, este órgano jurisdiccional estima que carece legalmente de competencia para conocer de la referida demanda de garantías, por las razones que enseguida se precisan. El artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción del referido artículo, se aprecia que para determinarse la competencia de un Juez de Distrito debe tenerse en cuenta: a) el lugar donde debe tener ejecución el acto reclamado; b) el lugar en el que se trata de ejecutar; c) el lugar donde se está ejecutando; y, d) el lugar donde ya se ejecutó. De lo anterior, se advierte que la competencia para conocer de actos que requieren ejecución material, como lo es la orden de detención, en tal virtud resulta que dicho acto reclamado tendrá ejecución fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, es decir, en la población de Santiago Xanica, Miahuatlán, Oaxaca, lugar donde ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito en el Estado, con sede en la ciudad capital. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 37 y 48, ambos en su fracción I, de la Ley de Amparo, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en turno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; debiéndosele remitir la demanda de garantías; solicítese a la autoridad Federal acuse el recibo correspondiente e informe si aceptó o no la competencia planteada. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA DETERMINAR DEBE ANTENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora" Déjese copia certificada de la demanda de mérito en substitución de la original. En otro aspecto, toda vez que el peticionario no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele este acuerdo, así como los subsecuentes mediante lista que se fije en este Juzgado. Por último, no ha lugar a decretar la suspensión de plano de los actos reclamados, no obstante que el quejoso manifiesta que pretenden aprehenderlo e internarlo en cárcel pública, con peligro que de que se atente contra su vida, en virtud de que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Notifíquese. IIA
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