Julio Gaona Quezada
Expediente 489/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio Gaona Quezada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Uruapan, Michoacán, doce de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede así como el estado de autos, y tomando en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que por resolución de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se negó la suspensión definitiva el presente incidente de suspensión; en esa medida, de conformidad con el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de fecha veinticinco de marzo de dos mil veinte, envíese al archivo definitivo; asimismo, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a) del referido acuerdo, se establece que el original del incidente de suspensión es depurable, por haberse concedido la suspensión provisional en proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es destruible. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece artículo 9 del acuerdo aludido con anterioridad. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, doce de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, y tomando en consideración que ya transcurrió el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del auto de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es depurable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el tercer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su depuración en términos de lo dispuesto en el mismo precepto legal y solicitar su trasferencia a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, conforme al último párrafo del artículo de que se trata. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, infórmese a las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, la Titular de este órgano jurisdiccional es la Jueza Esthela Pedroza Díaz, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de octubre del presente año, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/704/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, sin que haya hecho manifestación al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por las autoridades responsables sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo, pues no es suficiente que las autoridades argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. Cabe recordar que el quejoso Julio Gaona Quezada, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos del Delegado Regional en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Morelia, Michoacán y otras autoridades, que a continuación se transcriben:... Por sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, este órgano jurisdicción determinó sobreseer en el juicio de amparo al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción I del artículo 1° y la primera parte de la fracción II del numeral 5, todos de la Ley de Amparo, toda vez que las autoridades señaladas como responsables no adquieren tal carácter para efectos del juicio de amparo indirecto. Inconforme con tal resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, mismo que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, quien lo registró bajo el número 7/2021, y por resolución de seis de agosto de dos mil veintiuno, determinó resolver de la siguiente manera:... EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Ahora bien, en el considerando noveno de la ejecutoria emitida por la superioridad, se estableció como efectos del fallo protector, los siguientes:... Del examen de las documentales exhibidas por las autoridades responsables, las cuales adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que: ... Por lo anterior, si los efectos de la ejecutoria de amparo se hacían consistir en que se dejara sin efectos el oficio 17/09/0567/9500/2019/3587, de dos de septiembre de dos mil diecinueve -lo cual así ocurrió el uno de diciembre de dos mil veintiuno y se notificó en esa misma al quejoso-; asimismo, que se llamara al citado Gaona Quezada, al procedimiento administrativo respectivo a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, ofreciera pruebas y alegara, para demostrar la existencia de la relación laboral con el patrón Ernesto González Balderas; y, en su oportunidad, las responsables resolvieran lo que conforme a derecho procediera; sin embargo, dado que mediante sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad número 1422/19- 21-01-OT, se declaró la nulidad de los actos impugnados, entre ellos, el oficio que dio origen al acto reclamado en esta instancia constitucional, así como sus consecuencias jurídicas; y, como consecuencia, de ello se restituyó al peticionario de amparo en sus derechos laborales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional determina que existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo indirecto; y, por consiguiente, no hay materia sobre la cual calificar el actuar de las autoridades responsables, para tal efecto. Atento a lo anterior, se ordena notificar a la parte quejosa, haciéndole saber que cuenta con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación; bajo apercibimiento que, de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, conforme lo dispone el numeral 196 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
En razón de que la parte quejosa JULIO GAONA QUEZADA y/o su autorizado, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos, el veintiocho de febrero del año en curso; ni tampoco se puso de acuerdo con el Actuario para que le notificara, ni agotó el procedimiento para ingresar al Juzgado a notificarse, por lo que se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. PROVEIDO QUE DICE: ruapan, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguense los oficios signados por Titular de la Subdelegación y la Jefe de Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social en Uruapan, Michoacán, así como la Titular del Órgano Operativo Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual en atención al requerimiento que se les formuló el ocho de febrero de dos mil veintiuno, la primera autoridad informa que se encuentra imposibilitada jurídica y materialmente, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que el ahora patrón del quejoso promovió demanda de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, misma que quedó radicada bajo el número 1422/19-21-01-OT, derivado de lo anterior en sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, se resolvió decretando la nulidad de los impugnados bajo el supuesto de que el Titular de la Subdelegación Uruapan, no cuenta con competencia material para requerir información relacionada con el procedimiento de baja de aseguramiento, pues refiere también que el quejoso se encuentra reactivo en sus derechos laborales ante ese Instituto, asimismo la diversa autoridad informa que se dejó sin efectos el oficio 1709/0567/9500/2019/3587, de dos de septiembre de dos mil diecinueve; y, que dicha circunstancia se notificó al quejoso Julio Gaona Quezada, lo que este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales subsecuentes. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente, tomando en consideración lo expuesto por la autoridad y el texto íntegro de la sentencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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