Julio Gabriel Tzab Cab

Expediente 679/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
679/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
09/11/2018

Partes del expediente

  • Julio Gabriel Tzab Cab

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    MESA II. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En cumplimiento al punto Décimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización y depuración de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto Décimo, éste debe ser depurable, toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Capítulo Quinto y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y la sentencia respectiva, mismas que deberán digitalizarse en términos del punto Décimo Séptimo del Capítulo Cuarto del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala la fracción IV del punto Vigésimo Primero Capítulo Quinto, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, sí lo tiene el presente juicio de amparo.

  2. Principal

    MESA II. Agréguese a estos autos el oficio CJ/DCLP/OD/465/2018, signado por la Delegada del Gobernador del Estado, así como un anexo; y en atención a su contenido, estese a lo acordado en proveído de ocho de octubre del presente año; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que obra el oficio suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo así como que mediante proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio remitido por la mencionada autoridad para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos conviniera, sin que hayan hecho pronunciamiento alguno; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada el veintitrés de julio del presente año, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos atribuidos al Gobernador Constitucional y al Secretario de Seguridad Pública ambos del Estado. Asimismo, por auto de nueve de agosto del año que transcurre, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento. De manera que las autoridades responsables, estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos indicados en la sentencia de amparo, los cuales fueron los siguientes el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, como auxiliar en la administración de justicia, de inmediato, cumpla con su obligación de autorizar el auxilio de la fuerza pública ordenada por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, mediante oficio 597/2018 de dos de abril del año en curso, deducida del juicio ordinario civil 416/2014, recepcionada por esa autoridad el dieciocho de abril del año que transcurre, a fin de que proceda desalojar a la parte demandada de ese juicio del predio marcado con el número ciento treinta y uno de la calle setenta y dos, de la ciudad de Progreso, Yucatán. Por su parte el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, deberá proporcionar con la misma prontitud, los elementos necesarios a fin de desahogar lo requerido por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, en el juicio ordinario civil 416/2014, en donde es parte actora el aquí quejoso; y para su efectividad, deberá comunicar la hora y fecha que fije a la citada juez civil, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que el Gobernador Constitucional, como se precisó en párrafos precedentes, no debe limitarse a autorizar el auxilio aludido mediante el libramiento de un oficio, sino que queda vinculado a vigilar que su subalterno acate su mandato dentro del límite de su competencia, proporcionándole los datos necesarios (nombre, domicilio, etc todo con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte, que el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de fuerza pública ordenada en autos del Juicio Ordinario Civil 416/2014, del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, otorgándole posesión del predio número ciento treinta y uno, de la calle setenta y dos, de la ciudad de Progreso, Yucatán, al aquí quejoso. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.

  4. Principal

    MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que obra el oficio suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo así como que mediante proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con el oficio remitido por la mencionada autoridad para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a sus derechos conviniera, sin que hayan hecho pronunciamiento alguno; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial determinará si está cumplido o no el fallo de amparo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva dictada el veintitrés de julio del presente año, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto de los actos atribuidos al Gobernador Constitucional y al Secretario de Seguridad Pública ambos del Estado. Asimismo, por auto de nueve de agosto del año que transcurre, se declaró que causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a las autoridades responsables su debido cumplimiento. De manera que las autoridades responsables, estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos indicados en la sentencia de amparo, los cuales fueron los siguientes el Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, como auxiliar en la administración de justicia, de inmediato, cumpla con su obligación de autorizar el auxilio de la fuerza pública ordenada por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, mediante oficio 597/2018 de dos de abril del año en curso, deducida del juicio ordinario civil 416/2014, recepcionada por esa autoridad el dieciocho de abril del año que transcurre, a fin de que proceda desalojar a la parte demandada de ese juicio del predio marcado con el número ciento treinta y uno de la calle setenta y dos, de la ciudad de Progreso, Yucatán. Por su parte el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, deberá proporcionar con la misma prontitud, los elementos necesarios a fin de desahogar lo requerido por la Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, en el juicio ordinario civil 416/2014, en donde es parte actora el aquí quejoso; y para su efectividad, deberá comunicar la hora y fecha que fije a la citada juez civil, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que el Gobernador Constitucional, como se precisó en párrafos precedentes, no debe limitarse a autorizar el auxilio aludido mediante el libramiento de un oficio, sino que queda vinculado a vigilar que su subalterno acate su mandato dentro del límite de su competencia, proporcionándole los datos necesarios (nombre, domicilio, etc todo con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte, que el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de fuerza pública ordenada en autos del Juicio Ordinario Civil 416/2014, del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, Yucatán, otorgándole posesión del predio número ciento treinta y uno, de la calle setenta y dos, de la ciudad de Progreso, Yucatán, al aquí quejoso. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.

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