Julio Francisco Sánchez Posadas
Expediente 356/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Julio Francisco Sánchez Posadas
Actuaciones
- Principal
....se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido.
- Principal
... . Agréguese a los autos sin mayor acuerdo el oficio signado por el Director del Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", con residencia en esta ciudad... toda vez que en proveído de ocho de abril del año en curso, se tuvo por recibida la copia de la nota médica de referencia y se proveyó lo conducente... toda vez que a la fecha el Director del General del Centro Penitenciario Federal Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano jurisdiccional en el citado acuerdo de ocho de abril de dos mil diecinueve, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contado a partir de que sea notificado del presente acuerdo, cumpla con lo siguiente...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa Enríquez, Veracruz, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Julio Francisco Sánchez Posadas, por propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 356/2019/III-B. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo , se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente reclama en sede constitucional: el acuerdo pronunciado dentro de los autos del expediente mercantil número 24/2008 de veinte de febrero de dos mil diecinueve, por el cual se le requiere el pago al cual fue condenado. Asimismo, del capítulo de hechos de la demanda, el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "4. Con fecha 1 de diciembre del año 2008, la autoridad señalada como responsable dictó la resolución condenando al suscrito al cumplimiento del pago requerido. el suscrito promovió el recurso de apelación, mismo que fue radicado en el Segundo Tribunal Unitario radicándose el número de toca 108/2008, autoridad que en fecha 26 de Febrero del año 2009, confirmó la sentencia del inferior en grado. 5. Inconforme con la resolución del Segundo Tribunal Unitario, el suscrito promovió demanda de amparo en contra de la resolución del toca 108/2008. tocando conocer de la demanda de amparo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, quien radicó el amparo número 220/2009. negándome la protección constitucional." Expresiones las anteriores, que para este órgano jurisdiccional adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, de las que se obtiene que el quejoso compareció al procedimiento de origen, por lo que no le reviste el carácter de tercero extraño, además de que el juicio se encuentra en etapa de ejecución. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por otra parte, respecto al acto reclamado por el quejoso consistente en el acuerdo de veinte de febrero de dos mil diecinueve, dictado en los autos del expediente mercantil citado, por medio del cual se le requiere al pago de la condena, este juzgado estima que el juicio de amparo que intenta también resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracción IV , de la ley de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que es evidente que la resolución que combate la parte quejosa se dictó en la etapa de ejecución dentro del expediente mercantil 24/2008 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, lo que origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, toda vez que cuando se trata de violaciones cometidas en este periodo procesal, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que pueden reclamarse en esa misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, incluidas las actuaciones intermedias que se pronuncien para tal efecto. De esta manera, la resolución que reclama la parte quejosa no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio que se lleva ante la autoridad responsable, ni tampoco se trata de un acto independiente que pudiera causarle perjuicio de un modo irreparable o que lesione algún derecho sustantivo, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la resolución definitiva entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo 107 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis I.3o.C.765 C , de rubro y contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." De igual forma, por sus consideraciones se invoca como sustento la tesis II. 2º. C. 389 C , de título y contenido: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última." Así, en el caso no se reúnen las características para la procedencia del juicio de amparo, pues el acto combatido al Juez responsable consistente en el requerimiento de pago de la condena, es de aquellas dentro del procedimiento de ejecución, tendente a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada, razón por la cual, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la ley en cita; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número 749 , con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Sin que obste lo anterior, su manifestación de que ha prescrito la ejecución; sin embargo, dichas manifestaciones podrá hacerlas valer ante la autoridad responsable. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como autorizados con las restricciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pablo Aguilar Ruiz, Omar Flores Delfín y María Martínez Martínez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tienen registrada su respectiva cédula profesional en el Sistema Computarizado que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). Los quejosos no realizaron petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Bernardo Arbea Pérez, Secretario encargado del despacho adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado en términos del primer párrafo, del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia otorgada a la titular, ante el Secretario de Juzgado Ismael Arroniz Palacios, que autoriza y da fe...
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