Julio Flores Maldonado

Expediente 2371/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 67 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2371/2018
Año
2018
Actuaciones
67
Última actuación
12/01/2021

Partes del expediente

  • Julio Flores Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 67.

  1. Principal

    Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa

  2. Principal

    Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que por Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de veintiocho de julio de dos mil veinte, por una parte, se prorrogó la vigencia del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hasta el 2 de agosto de 2020 y, por otra, se determinó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, a partir del tres de agosto de dos mil veinte, con las precisiones que ahí se indican, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Que por Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue modificado el diverso Acuerdo General 21/2020, del mismo cuerpo colegiado citado, prorrogando la vigencia del citado en último término del tres de agosto de dos mil veinte al quince de enero de dos mil veintiuno y del tres de agosto de dos mil veinte al veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Por Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se regresó a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación al esquema de trabajo previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno Mediante la Circular SECNO/1/2021, se determinó el regreso de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación al esquema de trabajo previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, siempre que no se trate de alguno de los previstos en los Circuitos Judiciales incluidos en el apartado I, de la citada circular, como en el caso sucede respecto al Estado de Puebla. Reanudación de plazos procesales. Con fundamento en el artículo 2 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de julio de dos mil veinte, Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, y dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron; el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y tomando en consideración la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no se inconformaron contra el proveído de trece de noviembre de dos mil veinte, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, dentro del plazo legal de quince días, establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción y digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destino. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos tres años, toda vez que se concedió el amparo solicitado por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo invocado, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo. En ese orden, como lo dispone el artículo 35, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documento. Toda vez que en autos obra un documento de los que se ubican dentro de los referidos en el artículo 3, fracción XVIII del Acuerdo General de que se habla, y en cumplimiento a lo dispuesto en el diverso 21 de la misma legislación; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado a recoger el documento que exhibió, previa identificación y constancia que se asiente en autos, apercibida que de no hacerlo dentro del plazo señalado, correrá la suerte del mismo. Ahora bien, para la entrega de los documentos, dígase a la parte quejosa que deberá agendar la cita respectiva a través del sistema "Agenda OJ", que a partir de esta fecha estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, en el micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella ingrese al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que la persona que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó. El acceso podrá restringirse a quien acuda fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. Además, mientras dure la contingencia sanitaria, se deberá practicar la diligencia de entrega recepción de documentos garantizando la sana distancia entre la compareciente y el personal de este órgano jurisdiccional. Por lo que el promovente, deberá informar a este Juzgado Federal el día y la hora que el sistema le asigne a fin de dar cumplimiento, en el plazo de tres días posteriores a que tenga conocimiento de ello. Lo anterior, con la finalidad de programar dicha fecha en la agenda del Juzgado y pueda entregarse el documento que solicita, con el apercibimiento que de no hacerlo así, no obstante, de estar programado su ingreso al edificio no tendrá efecto la entrega del documento que solicita y deberá solicitarlo nuevamente siguiendo el mismo procedimiento. Esto, en términos de lo establecido en los artículos 3 y 25, párrafo cuarto del mencionado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de anexo. Por otra parte, en atención a que obra por separado un tomo de prueba; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver a la autoridad respectiva dicho tomo, por ser de su competencia. En el entendido que el acuse derivado del oficio del presente acuerdo, justifica la entrega de dicho anexo. Por ende es innecesario para la autoridad responsable informar la recepción de éste.

  3. Principal

    Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo concedido a las partes para desahogar la vista que se le otorgó mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, respecto de las constancias exhibidas por la autoridad responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, y al ser éste una cuestión de orden público, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se procede a verificar si se encuentra o no cumplida. Cumplimiento de la autoridad. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, realizó lo siguiente: 1.- Por auto de dos de julio de dos mil diecinueve, se tuvo al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, informando las gestiones a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 2.- Por auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, remitiendo constancias de notificación a las partes de la diligencia de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, desahogada en el juicio laboral **** y se le requirió para que remitiera las constancias relativas a la planilla de liquidación requerida a la parte demandada. 3. Continuando con diversos requerimientos, por acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, remitiendo copias certificadas de la diligencia de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, de la que se desprendía que se había llevado a cabo la reinstalación del quejoso a su última fuente de empleo. Derivado de lo anterior y dado que se encontraba pendiente que la responsable dictara la resolución correspondiente al incidente de liquidación de laudo, este Juzgado Federal requirió al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que remitiera las constancias correspondientes a la liquidación de laudo en el juicio laboral ****. 4. Por acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, se tuvo al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, remitiendo las constancias correspondientes a la liquidación de laudo, en el cual se condenó a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, al pago de la cantidad de****. 5. Mediante acuerdo de nueve de enero de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable para que informara la fecha y hora señalada para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago y embargo; asimismo, se conminó a la [1] Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y al [2] Director General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, para que gestionaran y pagaran al quejoso Julio Flores Maldonado la cantidad de ***, determinada en la sentencia interlocutoria de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en los autos del juicio laboral ****. 6. Previo a realizar múltiples requerimientos, mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil veinte se tuvieron por recibidas las constancias remitidas por el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Puebla, de las que se desprende que con fecha uno de septiembre de dos mil diecinueve, le fue entregado al quejoso un cheque por la cantidad de ***, correspondiente al pago de la cantidad líquida condenada en ejecución de laudo, la cual, aduce la autoridad vinculada al cumplimiento, cuenta con las retenciones legales correspondientes. 7. Mediante auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se requirió al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla para que informara si ya se había realizado pago al quejoso de la cantidad a la que fue condenada la parte demandada en los autos del juicio de origen, a fin de constatar que se cumplió el laudo definitivo. 8. En atención a dicho requerimiento, previas gestiones de la autoridad para dar cumplimiento, mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se tuvo al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de quienes la representan, informando el contenido del acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral D-275/2013, en el que se ordenó tener dicho expediente como totalmente concluido, por carecer de materia para su prosecución, al haberse cumplido las prestaciones condenadas en el laudo. Con lo anterior se mandó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, término que transcurrió conforme a la certificación secretarial de cuenta. Manifestaciones de la parte quejosa Mediante auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa desahogando la vista que le fue otorgada en proveído de veintinueve de octubre del año en curso y para tal efecto, manifestó en esencia, que el laudo no se encontraba cumplido en virtud de que no le había sido pagada la cantidad total condenada de ****, sino únicamente la cantidad de ***** y, que no obstante que lo anterior resulta así por las retenciones de impuestos correspondientes, dicha determinación no es ajustada a Derecho al no haberse condenado así en el laudo definitivo. Al respecto, debe decirse a la parte quejosa que el efecto de la protección constitucional fue para lo siguiente: "(.) el efecto del fallo protector debe quedar precisado en los términos siguientes: EFECTOS DE LA SENTENCIA Se concede el amparo solicitado por el quejoso Julio Flores Maldonado, para el efecto de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla: ( Provea respecto del escrito presentado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual se solicitó se señalara día y hora para que tuviera verificativo la reinstalación de la actora, así como el requerimiento de pago a la parte demandada; ( Sin embargo, en términos de los artículos 107 y 108 de la ley burocrática del Estado de Puebla, el tribunal deberá dictara todas las medidas necesarias que estime procedentes, para despachar el auto de ejecución (sobre la condena líquida), comisionando de inmediato al actuario para que asociado de la parte que obtuvo resolución favorable, se constituyan en el domicilio de la demandada y, la requiera para que cumpla con el laudo definitivo, con el apercibimiento de multa en caso de no hacerlo." Lo anterior se traduce en el cumplimiento de dos aspectos: 1. Que el tribunal responsable proveyera sobre el escrito del aquí quejoso en el que solicitó su reinstalación. 2. Que se requiriera de pago a la demandada, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría una multa. Debiendo para lo anterior, llevar a cabo todas las medidas necesarias. En el caso concreto, como ya se indicó, mediante diligencia de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la reinstalación del quejoso a su última fuente de empleo. Posteriormente, con fecha uno de septiembre de dos mil diecinueve, le fue entregado al quejoso un cheque por la cantidad de $487,086.59 (cuatrocientos ochenta y siete mil ochenta y seis pesos cincuenta y nueve centavos moneda nacional), correspondiente al pago de la cantidad líquida condenada en ejecución de laudo. En relación a lo anterior, mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio laboral *****, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla analizó el cumplimiento del laudo emitido y determinó que el pago realizado a la parte actora -menos las correspondientes deducciones- se encontraba ajustado a Derecho, por ende, declaró el mencionado expediente como totalmente concluido, por carecer de materia para su prosecución, al haberse cumplido las prestaciones condenadas en el laudo. Sobre el tópico, debe indicarse a la parte quejosa que esta autoridad de ninguna forma puede suplantar las funciones jurisdiccionales de la autoridad responsable y suplirla para realizar determinaciones jurídicas en el juicio de origen, lo que se traduce en que, ante la omisión reclamada, la protección constitucional se circunscribe a que se dé total cumplimiento a la ejecución del laudo, sin que ello implique prejuzgar sobre su validez, legalidad y alcance; esto es, el acatamiento del fallo protector es formal -una conducta de hacer impuesta a la autoridad-y no de fondo -el sentido en que emite sus determinaciones la autoridad responsable-. Por lo anterior, si la parte quejosa se siente agraviada por la determinación del Tribunal responsable respecto al cumplimiento dado al laudo emitido en el juicio de origen, tiene a su disposición los medios ordinarios de defensa para impugnar esa determinación o inclusive el juicio de amparo; pues cabe agregar que es un hecho notorio para este juzgador la existencia del juicio de amparo 1059/2020-I del índice de este órgano de control constitucional, en el cual, el aquí quejoso reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veinte, emitida en el expediente ***** del índice del tribunal responsable, por medio de la cual se ordena el archivo de dicho asunto. Declaración de cumplimiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la autoridad responsable dio total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, restituyendo así al impetrante del amparo en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, toda vez que se dictaron todas las medidas necesarias que culminaron con el cumplimiento total del laudo del juicio de origen. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado CUMPLIDO. Ahora bien, por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de la parte quejosa de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo está en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal.

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