Julio Enrique García Mena

Expediente 904/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
904/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Julio Enrique García Mena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. De la certificación a que se refiere la razón de cuenta y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso omitió impugnar el acuerdo de once de octubre de dos mil dieciocho, que tuvo por no presentada la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente

  2. Principal

    De la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda este asunto, se advierte que terminó el plazo de cinco días concedido al quejoso, por acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso, pues fue notificado el dos de octubre de dos mil dieciocho (foja 15) sin que desahogara el requerimiento inmerso en dicho acuerdo. Por tanto, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda que originó este juicio de protección

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda este asunto, se advierte que terminó el plazo de cinco días concedido al quejoso, por acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso, pues fue notificado el dos de octubre de dos mil dieciocho (foja 15) sin que desahogara el requerimiento inmerso en dicho acuerdo. Por tanto, con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda que originó este juicio de protección

  4. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DEL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Se recibe la demanda de protección signada por +++ por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda se advierten irregularidades, en las denominaciones de varias autoridades responsables y sobre el acto reclamado. Para demostrar lo primero, se hace notar que en el capítulo específico de las autoridades responsables, introdujo el quejoso de manera errónea, las siguientes denominaciones: Juez Noveno de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Juez Décimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Juez Décimo Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Juez Décimo Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Comandante General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Tales denominaciones resultan imprecisas porque las reformas que sufrió la estructura del Poder Judicial del Estado de Puebla hace varios años, provocó la desaparición del Juzgado Noveno de lo Penal del Distrito Judicial del Estado de Puebla, y de girar oficio en dicha denominación resultaría inexistente. Ahora, respecto al Juez Décimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, Juez Décimo Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y Juez Décimo Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, nunca han existido. Mientras que el organigrama de la Fiscalía General del Estado de Puebla, refleja la inexistencia de las autoridades relacionadas con las extintas Procuraduría General de Justicia y policía ministerial. Aunado a que las referidas denominaciones resultan inexistentes a la fecha conforme a la estructura actual de la Fiscalía General del Estado. Todo lo cual obliga a declarar la irregularidad de la demanda en las autoridades citadas; y de admitirla en los términos propuestos, se imposibilitaría el emplazamiento de las mismas al grado de generar la posibilidad de sobreseimiento, por la falta de una responsable concreta. Inclusive puede señalarse que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, la cual desde luego debe ser la correcta, completa y actual; cuya carga procesal corresponde al peticionario del amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, III, y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente +++, para que en el plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, efectúe bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: Indique si insiste en señalar como autoridades responsables al Juez Noveno de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; Juez Décimo Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla; Juez Décimo Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Proporcione la denominación correcta y actual de las demás autoridades que se precisaron en este acuerdo; y Se hace saber al promovente que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio para distribuirlas de la siguiente forma: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una para cada autoridad responsable, una para el tercero interesado que exista en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia, y dos para el incidente de suspensión. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Se hace saber al promovente que la prevención anterior, habrá de evitar que se le deje en estado de indefensión (por las autoridades inexistentes) y también asegurará una delimitación correcta de los actos reclamados, para conseguir una pronta y expedita impartición de justicia como lo ordena el artículo 17 constitucional. Por otra parte, se tiene como domicilio del promovente para oír y recibir notificaciones, el señalado en la demanda de amparo (ubicado en la ciudad de Puebla), y quedan autorizados para esos efectos a las personas que señaló, pues omitió conferirles las facultades amplias que contempla el artículo 12 de la Ley de Amparo. También se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, a ésta o las personas autorizadas en la demanda de amparo, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse los autorizados (y la quejosa) al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellos, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, se deja establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA ". En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información

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