Julio Enrique del Valle Rodríguez

Expediente 1081/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1081/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Julio Enrique del Valle Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado de autos del que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio, sin que las partes hayan intentado recurso alguno en contra de la misma; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Consecuentemente, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, así como del conocimiento de las autoridades responsables la circunstancia anterior. DESTINO DEL EXPEDIENTE. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar o promoción pendiente por acordar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido el presente juicio. DESTRUCCIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívense el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14. 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, toda vez que se sobreseyó en el presente asunto....M-IV

  2. Principal

    En la ciudad de Pachuca de soto, Hidalgo, siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 1081/2020-IV-B, Bertha Patricia Orozco Hernández, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa con Sergio Sánchez Mejorada Nájera, sin la asistencia personal de las partes o de persona alguna que las represente; situación que no les depara perjuicio, ya que si bien, de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, establece el uso del método electrónico de videoconferencia para el desahogo de la presente audiencia; a fin de no retardar la pronta impartición de justicia, en cumplimiento a lo estatuido por el artículo 17 constitucional, se considera procedente su celebración de esta manera, toda vez que no fueron ofrecidos medios de prueba que ameriten la presencia de la partes en ella, y de realizarse de manera remota, ocasionaría la dilación en su resolución, se declara abierta la audiencia. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Y PRUEBAS. En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la primera etapa de la audiencia constitucional, en la que el secretario hace relación de autos y da cuenta con las siguientes pruebas: 1. De las autoridades responsables Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, y actuario de su adscripción: 1.1. Las copias certificadas del juicio laboral 1572/2020. A lo que se acuerda: se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de cuenta, por así permitirlo su propia y especial naturaleza y sin que existan probanzas pendientes que desahogar, se cierra el periodo relativo a la relación de constancias y la recepción de pruebas. ETAPA DE ALEGATOS. Posteriormente, se abre la etapa de alegatos, en la que el secretario hace constar que ninguna de las partes, formuló los que le correspondían. A lo que se acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes a formularlos y, se declara cerrado el periodo correspondiente. Sentencia. Relacionadas las constancias y recibidas las pruebas y sin alegatos, se procede a dictar el fallo correspondiente: SENTENCIA. Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 1081/2020-IV-B, promovido por Julio Enrique del Valle Rodríguez, contra actos de la: * Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, y * Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo. De quienes reclama: a) La omisión de radicar la demanda presentada el veinte de octubre de dos mil veinte. b) La omisión de notificar personalmente a las partes el auto de radicación de la demanda presentada el veinte de octubre de dos mil veinte ante la junta responsable. c) La falta de emplazamiento de la parte demandada al juicio de origen. ANTECEDENTES. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Dicho escrito fue recibido en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, el quince de diciembre de dos mil veinte. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. El dieciséis de diciembre siguiente, se radicó bajo el número de expediente 1081/2020-IV-B; se admitió a trámite; se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previa suspensión del procedimiento se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES JURÍDICAS. PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: a) La omisión de radicar la demanda presentada el veinte de octubre de dos mil veinte. b) La omisión de notificar personalmente a las partes el auto de radicación de la demanda presentada el veinte de octubre de dos mil veinte ante la junta responsable. c) La falta de emplazamiento de la parte demandada al juicio de origen. TERCERO. SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, consistentes en la omisión de radicar la demanda presentada el veinte de octubre de dos mil veinte, ya que así lo manifestó en su informe justificado. Además, de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, se advierte que el veintiuno de octubre de dos mil veinte radicó la demanda presentada por el quejoso el veinte de octubre de ese año, por lo que a la fecha de la presentación de la demanda (quince de diciembre siguiente), dicho acto reclamado era inexistente. Por ese motivo, es evidente que no es cierta la omisión que se analiza, en virtud de que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo. Se invoca en apoyo de la determinación asumida, la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 79, Julio de 1994, página 15, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Consecuentemente, al quedar evidenciado que a la fecha de presentación de la demanda no existía la omisión reclamada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio respecto de dicho acto. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, y actuario de su adscripción, consistentes en la omisión de notificar a las partes el auto de radicación de la demanda presentada el veinte de octubre de dos mil veinte ante la junta responsable, y c) la falta de emplazamiento de la parte demandada al juicio de origen, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado la junta responsable. Circunstancia que se corrobora con el contenido de las constancias que adjuntara a su informe la autoridad responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que a la data de presentación de la demanda no se había notificado la radicación de la diversa presentada en el juicio laboral de origen, ni llevado a cabo la diligencia de notificación a la parte demandada QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del asunto, la juzgadora de amparo tiene la obligación de analizar las causas de improcedencia que las partes hagan valer o aquellas que advierta de oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este criterio es acorde con la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, Octava Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Expuesto lo anterior, se considera innecesario analizar el fondo de las cuestiones planteadas, porque el presente juicio resulta improcedente y, por lo tanto, debe sobreseerse. Esto, porque en el caso que nos ocupa, los efectos del acto reclamado han cesado. En efecto, los artículos 61, fracción XXI, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.). De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se derogue o revoque el acto reclamado; b) Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; c) Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, d) Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el mismo. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, Julio Enrique del Valle Rodríguez, por propio derecho, reclamó la omisión de notificar personalmente a las partes el auto de radicación, y la falta de emplazamiento de la parte demandada al juicio de origen. Ahora bien, de las constancias que obran en autos y que fueron remitidas por la junta responsable en apoyo a su informe con justificación, se observa que el veintiuno de octubre de dos mil veinte se radicó la demanda presentada por el quejoso Julio Enrique del Valle Rodríguez, y que el actuario de su adscripción el veinte de enero de dos mil veintiuno notificó a la parte actora aquí quejosa la radicación de dicha demanda, tal y como se advierte de la certificación de actuaciones que obra agregada en el juicio laboral 1572/2020. Por su parte, respecto de la falta de emplazamiento de la parte demandada al juicio de origen, si bien no se había realizado diligencia alguna tendente a ello, el veintiséis de marzo del presente año el actuario adscrito a la junta responsable asentó una razón actuarial en la que hizo constar que no le fue posible emplazar a la parte demandada a dicho juicio, toda vez que el domicilio es impreciso y no pudo localizar a los enjuiciados. De lo antes reseñado se colige que el impetrante, al incoar el juicio constitucional, lo hizo por considerar que la omisión motivo de los actos reclamados era violatoria en su agravio de derechos fundamentales; sin embargo, tal circunstancia dejó de existir, toda vez que ya se le notificó el auto de radicación de la demanda presentada ante la junta responsable el veinte de octubre de dos mil veinte, y se realizó la diligencia tendente a lograr el emplazamiento a la parte demanda en el domicilio proporcionado por la parte actora, lo cual, si bien o se logró, fue por cuestiones relativas a que no fueron localizados los demandados en el domicilio que se señaló para tal efecto. Lo que trae como consecuencia que se destruyeran los efectos de los actos reclamados en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que guardaban antes del acto que en esta vía constitucional se reclama, como si se hubiese otorgado el amparo, lo cual constituye un obstáculo legal para que se emita pronunciamiento alguno respecto de la no notificación de la radicación del juicio y realizar la diligencia de emplazamiento de la demanda. Dicho de otro modo, es evidente que ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que se persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus consecuencias jurídicas; de ahí que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado dado que ya no está surtiendo sus efectos y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior las jurisprudencias números 2a./J. 59/99 y 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles, respectivamente, en las páginas 38 y 210, de las Gacetas de Junio de 1999 y Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. De ahí que se considere actualizada la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, razón por la cual se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en la fracción V del diverso 63 del cuerpo de leyes en mención, por las razones expuestas en este considerando. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Julio Enrique del Valle Rodríguez de conformidad con lo plasmado en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución..M-IV

  3. Principal

    CUMPLE REQUERMIENTO. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el oficio y anexo de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado en auto de veintiuno de abril pasado, y remite copias certificadas del juicio laboral 1572/2020, mismas que serán tomadas en consideración al dictarse la sentencia correspondiente....M-IV

  4. Principal

    SE REQUIEREN CONSTANCIAS. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que por auto de catorce de abril de este año, se tuvo al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo, rindiendo su informe con justificación; sin embargo, del mismo se advierte que omitió remitir la totalidad de constancias del expediente laboral 1572/2020, de su índice, mismo que es indispensable para una debida integración del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad de referencia para que, dentro del término de tres días siguientes a la notificación de este proveído, remita copias certificadas del expediente laboral 1572/2020, documentales que deberán ser legibles, estar completas y ordenadas. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al momento de incumplir con dicho requerimiento, en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo...M-IV

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