Julio Emilio Gómez Tut
Expediente 882/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 882/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Julio Emilio Gómez Tut
- Juez Cívico Municipal
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CUENTA Y CERTIFICACIÓN SECRETARIAL QUE ANTECEDE, SE DECLARA QUE EL PROVEÍDO MEDIANTE EL CUAL SE TUVO POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS, HA CAUSADO ESTADO. . . ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO. . . SE DECRETA QUE EL EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.-NOTIFÍQUESE.-
- Principal
VISTA LA COMPARECENCIA DE CUENTA...SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO...NOTIFÍQUESE.-
- Principal
Cancún, Quintana Roo; veinticinco de julio de dos mil diecinueve. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rudy Gómez en nombre de Julio Emilio Gómez Tut; contra actos del Juez Cívico Municipal de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y otras autoridades; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15, 107 y 108 de la Ley de Amparo, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 882/2019. III. Requerimiento de ratificación de la demanda. De la lectura integral de la demanda de cuenta, se advierte que se reclama el arresto administrativo que se encuentra ejecutándose contra el directo quejoso, quien se encuentra detenida en las instalaciones del Centro de Retención Municipal y Sanciones Administrativas, con sede en esta ciudad; por tanto, ya que en este momento, con los elementos de la demanda, no se tiene conocimiento si la detención fue realizada dentro de un procedimiento, una vez que se recaben mayores datos, se resolverá sobre la legitimación del promovente para promover en nombre del quejoso, en cuanto a dicho acto se refiere. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, comisiónese al actuario de la adscripción, para que se constituya en el lugar donde se encuentra arrestado Julio Emilio Gómez Tut y le requiera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, si es su voluntad, comparezca a ratificar el contenido de la demanda de amparo, que en su nombre promueve Rudy Gómez. Esto con el apercibimiento, que en caso de ser omiso, se tendrá por no presentada la demanda quedando sin efectos las providencias dictadas. Con independencia de lo anterior, para el caso de que al momento de la notificación, haga manifestación expresa en el sentido de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y entonces las providencias dictadas en este proveído quedarán automáticamente sin efectos. En el entendido que si el directamente quejoso en el acto de la diligencia actuarial, no ratifica la demanda, tendrá que cumplir con la medida de arresto impuesta por la autoridad responsable. IV. Suspensión del acto reclamado. a. De oficio y de plano. Al tener en cuenta que señala como acto reclamado el arresto fuera de procedimiento; con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión contra el arresto ejecutado contra Julio Emilio Gómez Tut para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad por la autoridad que se encuentre ejecutando la orden de arresto que en esta vía se reclama, así como para que cesen de inmediato todos aquellos actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, en su caso. Sirve de apoyo, la tesis siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Se hace extensiva la medida cautelar a cualquier autoridad que haya, pretenda o esté llevando al cabo el acto privativo de libertad. En el entendido que la puesta en libertad del quejoso, será siempre y cuando haya sido privado de ella con motivo del arresto reclamado en la presente demanda y derivado de la aplicación del Bando de Gobierno y Policía del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, o en su caso, del Reglamento de Tránsito Municipal, y no sea consecuencia de un procedimiento de carácter penal ni con motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por la comisión de un delito o haya sido aprehendido en flagrancia o urgencia. En mérito de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de este juzgado, para que se constituya en el Centro de Retención Municipal, que se ubica en avenida Tules, Región 247, Villas Otoch, Tercera Etapa "El Torito", en esta ciudad y notifique a su Titular o, en su defecto, a la autoridad que en ese momento represente o se substituya en sus funciones, la suspensión que se ha concedido, con el objeto que se ponga en libertad inmediata a Julio Emilio Gómez Tut. Para el debido cumplimiento de esta suspensión, prevénganse a las autoridades señaladas como responsables para que de inmediato se abstengan de continuar ejecutando el arresto reclamado, apercibidas que de no hacerlo, serán sancionadas en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, este juzgado hace la precisión que la suspensión de plano no se decreta en cuanto a la desposesión del vehículo, toda vez que el pronunciamiento sobre dicho acto será al momento de la admisión de la demanda de garantías. b. Informe sobre el cumplimiento de la suspensión. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas informen del cumplimiento dado a la suspensión de oficio y de plano otorgada en el presente proveído. Se apercibe a las autoridades responsables que de no cumplir con lo ordenado anteriormente, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que proceda a incoar la averiguación previa correspondiente, ya que la violación a esta medida suspensional entraña la comisión de un delito conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracciones III y V de la Ley de Amparo y se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo previsto en el citado artículo. Asimismo, apercíbase a las autoridades responsables que si se niegan a recibir los oficios librados en el presente juicio, se les impondrá multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. c. Reserva de apertura de oficio del incidente de suspensión. Por otro lado, en relación con el arresto que se reclama, lo que implica la detención y privación de libertad del quejos, no es el caso de abrir por el momento de oficio el incidente de suspensión como lo prevé el artículo 127, fracción II, de la Ley de Amparo, atendiendo a que no se tiene la certeza de que haya sido emitido dentro o fuera de algún procedimiento; por tanto, se reserva de acordar lo relativo a la apertura de dicha incidencia hasta en tanto se admita la demanda de garantías, en su caso, ya que aún no se cuentan con datos suficientes que acrediten la legitimación de la persona que promueve la demanda de amparo a nombre del quejoso. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. Quejoso: Julio Emilio Gómez Tut. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tales efectos en el escrito de demanda. VI. Respuesta a las peticiones formuladas en la demanda. Solicitud de copias. En relación con las copias certificadas solicitadas, el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone la obligación para el órgano jurisdiccional de expedir a las partes, en cualquier tiempo, copia de las constancias o documentos que obren en autos, sin que se advierta que el promovente haya justificado la necesidad de que se le expida por duplicado el presente acuerdo, por lo cual expídase a su costa una copia certificada de este proveído. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." Solicitud de certificación. En relación a su solicitud de certificación hágase saber que corre a cargo de la autoridad responsable que en su momento acredite la hora de presentación y admisión del quejoso, en tanto que el actuario hará constar la hora de su liberación en la razón que para tales efectos levante. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para realizar todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal, dada la carga de trabajo que prevalece en este Órgano Jurisdiccional, a fin de no retardar la tramitación del presente asunto. VIII. Apercibimiento de autoridades inexistentes. Se apercibe a la promovente que en el supuesto de que alguna de las autoridades que señaló como responsables resulten inexistentes o de denominación incorrecta, ello implicará que se deje de tener como autoridad responsable para los efectos de este juicio de garantías; y, por consiguiente, se suspenderá de inmediato toda comunicación con dicha autoridad, puesto que es obligación de la promovente proporcionar a este juzgado federal el nombre correcto de la autoridad a quien le imputa el acto reclamado, tal como lo dispone el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que la suplencia de la queja a que alude el dispositivo 79 de la ley de la materia, faculte a este juzgador cambiar los sujetos de la relación procesal que necesariamente debe fijarla el quejoso; sin perjuicio de que el quejoso señale posteriormente la denominación correcta de las autoridades que se sitúen en dicha hipótesis, ya que en ese supuesto se procederá a su emplazamiento. Es aplicable en la especie, la tesis siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." IX. Autorización para firmar oficios y agregar acuses. Se autoriza a cualquier secretario adscrito a este Juzgado de Distrito a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente asunto. Además, con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza agregar a los autos diversos acuses que se remitan al presente expediente, únicamente en los que no amerite dar cuenta para la emisión de una resolución. X. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se informa que en términos del artículo transitorio sexto del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, están en aptitud de consultar el expediente electrónico, presentar demandas y promociones vía electrónica, así como también podrán solicitar que la notificación de las resoluciones se les hagan por esa vía, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para lo cual deberán al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y efectuar el procedimiento relativo al registro; hecho lo cual realizar la solicitud expresa a este órgano (tanto para consulta, como para realizar notificaciones). XI. Transparencia. En cumplimiento al artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que los sujetos obligados, entre otros el Poder Judicial, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimiento y responsabilidades establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor del artículo 68 de esta última legislación; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Además, que de conformidad con el artículo 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de los artículo 97 a 109 de la mencionada Ley. Finalmente, que el derecho a oponerse a la publicación o difusión de sus datos personales, específicamente en las listas de notificación por estrados y/o medios electrónicos, será procedente hasta el momento en que el juicio se encuentre concluido; pues mientras esté en trámite, el tratamiento de los datos personales que aparecen en esas listas, tiene como finalidad facilitar el seguimiento del juicio y evitar que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes que intervienen en el mismo, por lo que su difusión no requiere el consentimiento expreso del titular a quien pertenece. A lo anterior resulta ilustrativo el criterio 1/2014 emitido por el Comité de Acceso y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, que dice: "DERECHO AL OLVIDO. A PETICIÓN DE PARTE INTERESADA ES PROCEDENTE BORRAR, BLOQUEAR O SUPRIMIR LOS DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS Y/O MEDIOS ELECTRÓNICOS, EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN CONCLUIDOS. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionado con el numeral 22, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, regula el derecho que tienen los particulares de oponerse a la publicación o difusión de sus datos personales, estableciendo como excepción el que sean recabados para el ejercicio de las funciones encomendadas a las unidades administrativas y órganos jurisdiccionales, supuesto en el que no es necesario contar con el consentimiento del titular de dichos datos para su publicidad. Al respecto, la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los ordinales 28, fracción III y 29, fracción III, dispone la realización de una lista que deberá publicarse en un lugar visible y de fácil acceso en el juzgado o tribunal que se trate, conteniendo el número de juicio o del incidente de suspensión correspondiente; el nombre del quejoso y de la autoridad o autoridades responsables; así como una síntesis de la resolución motivo de la notificación; de ahí que, el tratamiento de los datos personales que aparecen en esas listas, tenga como finalidad facilitar el seguimiento del juicio y evitar que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes que intervienen en el mismo, por lo que su difusión no requiere del consentimiento expreso del titular a quien pertenecen. Ahora bien, tomando en consideración que el objetivo de la notificación realizada por estrados y/o por medios electrónicos, es comunicar a las partes interesadas en un proceso la emisión de alguna resolución judicial, proveído, acuerdo, auto o cualquier otra actuación que ocurra dentro del procedimiento correspondiente; en tratándose de juicios concluidos, dicho objetivo ha quedado plenamente satisfecho, pues es inconcuso que al ser cosa juzgada no existe posibilidad de que se lleven a cabo mayores actuaciones que requieran hacerse del conocimiento de quienes intervinieron en el juicio y, por tanto, se desprende que la necesidad de que los datos de los particulares se encuentren publicados en éstas se ha extinguido, pues se han cumplido los fines para los que fueron recabados. Tal razonamiento encuentra fundamento en el derecho al olvido, definido por la doctrina en la materia, como aquel que le asiste a las personas para borrar, bloquear o suprimir información de carácter personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo. Por lo que, ante la solicitud expresa de los particulares, los órganos jurisdiccionales deberán cancelar los datos personales en las listas de notificación referidas, cuando ya no exista motivo para la publicación de éstos." XI. Notifíquese personalmente al directo quejoso. Así lo acordó y firma Gerardo Vázquez Morales, juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, asistido del secretario Juan Erik Cardona Ordaz, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se incorporaron al expediente electrónico. Doy fe.
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