Julio Edgar Gonzalez Perez

Expediente 419/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
419/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Julio Edgar Gonzalez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción Territorial en Toda la República, acusa de recibo e informa que acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen a este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Asimismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso j) del citado Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por JULIO EDGAR GONZALEZ PEREZ, contra actos del CONGRESO DE LA UNIÓN, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, INSTITUTO FEDERAL DE COMUNICACIONES y RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 419/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Incompetencia. La competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y de estudio preferente; de no analizarse así, se vulnerarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En ese contexto, el Juzgado de Distrito, antes de conocer un asunto, debe analizar si tiene o no competencia legal para ello, con la obligación de abstenerse de conocer del caso cuando considere que corresponde a otro órgano judicial hacerlo, porque la consecuencia de que se determine sobre un juicio respecto del cual no se tiene competencia legal, es declarar nulo lo actuado. En ese sentido, para que un Juez tenga competencia para el conocimiento de determinado negocio, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento en forma preferente al resto de los jueces y tribunales del mismo grado; así, las leyes procesales señalan criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de materia, de cuantía, de grado y de territorio. De los criterios para la fijación de competencia, cobra relevancia aquel relativo a la materia; en efecto, existe un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como diversos criterios de jurisprudencia y Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuanto al primer criterio citado, las reglas de competencia determinan que en el Juzgado o Tribunal Especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho -atendiendo a la naturaleza del reclamo y de la autoridad responsable- lo que permite que los juzgadores que los integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida constitucionalmente. En lo que interesa, debe indicarse que de los artículos 28 y 94, párrafo sexto, constitucionales, se advierte que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación se creó una subespecialidad en materia administrativa, vinculada con temas en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, cuyo conocimiento, corresponde a los Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Para tal fin, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó oficialmente el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuyos artículos segundo, sexto, octavo y décimo segundo, prevén la creación, atribuciones e inicio de funciones de dichos Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. (...) En ese sentido, en atención a la finalidad con la que se crearon dichos órganos especializados, para la resolución de esta contradicción de tesis se requiere determinar centralmente, la naturaleza de los actos reclamados, es decir, esclarecer si el análisis de la normatividad de tránsito mediante la que se regula el acceso y operación de las empresas de redes de transporte (ERT'S) al mercado de servicios de esa naturaleza, requiere conocimientos técnicos especializados en materia de competencia económica; al implicar en forma directa temas de libre concurrencia y competencia. (.)" Por otra parte, en la ejecutoria que resolvió el conflicto competencial 27/2016, fue puntual en cuanto a que, para que se actualice la competencia de un tribunal especializado, se requiere que el acto se vincule con aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, con las redes y con la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, con la libre competencia y concurrencia y con actos relacionados con la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. De manera similar, en los asuntos que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 84/2016, determinó que para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto y de la autoridad responsable, de modo que se surte la competencia en favor del tribunal especializado, cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. En cambio, cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Posteriormente, al resolver los conflictos competenciales 110/2016, 111/2016 y 177/2016, 323/2017, determinó, con apoyo en la citada jurisprudencia 2a./J. 84/2016, que si la resolución reclamada no se vincula con las materias de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, y fue emitida por una autoridad administrativa en aplicación de disposiciones que regulan procedimientos administrativos, entonces la competencia se surte en favor de los tribunales administrativos genéricos. También interesa señalar que el propio Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al resolver la contradicción de tesis 5/2014, sustentó en el criterio jurisprudencial PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), que debe ponderarse la naturaleza del acto reclamado y, a partir de su objetiva constatación, podrá determinarse qué órgano jurisdiccional deberá conocer del asunto. Caso concreto. Del escrito de demanda y anexos, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables: a) El Congreso de la Unión, de quien reclama: la discusión y aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico, el artículo 180 quater de la aludida ley. b) El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a quien atribuye: la orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico, el artículo 180 quater de la referida ley. c) La Secretaría de Gobernación, de quien reclama: el refrendo y la orden de mandar publicar el decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico, el artículo 180 quater de la aludida ley. d) El Instituto Federal de Telecomunicaciones, a quien atribuye: la inminente recepción de datos personales (biométricos) del quejoso, derivado de la obtención e ingreso de los mismos al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, con base de la aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico, los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 bis a 180 septimus. e) La empresa de telefonía celular Radiomóvil Dipsa, S. A. de C. V., de nombre comercial Telcel, con residencia en la Ciudad de México, de quien reclama: la inminente obtención e ingreso al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de los datos personales (biométricos) del quejoso, derivado de la aprobación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en específico, los artículos 15, fracción XLII Bis, 176 y 180 bis a 180 septimus. Ante ese estado de cosas, el acto reclamado a la autoridad responsable, encuadra en los asuntos de competencia exclusiva de los Juzgados Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, al ser un acto emitido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativo al uso del espectro radioeléctrico, por tanto, se estima que el análisis constitucional del asunto, requiere de conocimientos técnicos especializados en materia de competencia en telecomunicaciones para su resolución, por lo que debe realizarlo un Juzgado Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; resultando incompetente este Juzgado para conocer de la demanda de amparo. Conclusión. En ese contexto procesal, se advierte que la competencia por materia para conocer de la demanda en trato, se actualiza a favor del JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA, EN TURNO. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente por materia, para conocer de la demanda de amparo indirecto que se trata; por tanto, remítase con sus anexos y demás constancias, a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, Y DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se solicita al Juzgado que por cuestión de turno le corresponda conocer del presente asunto, el acuse de recibo respectivo e informe lo que tenga a bien determinar sobre la competencia declinada. Suspensión. Dada la incompetencia decretada, no se provee en relación a la medida cautelar solicitada, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, al no reclamarse actos del diverso 15 de la citada Ley. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a la certificación realizada por la Secretaria de este Juzgado, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Manuel Fernando Luna Dávila. Ahora, conforme con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se otorga acceso al usuario "MAFERLUDA", para que consulten el expediente electrónico de este juicio de amparo. Asimismo, como lo pide el promovente, de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV y 30 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 39 y 55 del Acuerdo General 12/2020, se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que para ser notificado de los acuerdos y determinaciones la parte promovente deberá ingresar con el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. Como medida preventiva respecto a la epidemia generada por el virus SARS-CovV2 (COVID-19), a efecto de aminorar el riesgo de contagio con motivo de la práctica de diligencias en el presente juicio de amparo, adoptar medidas estrictas de distanciamiento social y de esquemas para salvaguardar la salud de nuestra comunidad, se hace del conocimiento de las partes que dicha audiencia se llevará a cabo sin la presencia física de las partes; no obstante, podrán presentar por escrito de manera física o electrónica los alegatos y pruebas que consideren pertinentes de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en cuanto a su periodo de vigencia por el diverso 1/2021 del mismo Pleno. En el entendido de que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que suelan requerir la presencia física de las partes o de otros intervinientes, se puedan practicar mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, cuando resulte necesaria su intervención, circunstancia que será aplicable incluso cuando la tramitación de un expediente se realice bajo el esquema tradicional y no mediante el modelo de juicio en línea. En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 de Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, los que acudan a este órgano judicial deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección... Se hace del conocimiento de la parte promovente, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de la parte promovente, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firmen los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.

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