Julio Cohuo Sánchez

Expediente 103/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
103/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
06/07/2017

Partes del expediente

  • Julio Cohuo Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Vista la primera de las certificaciones secretariales que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de catorce de junio de dos mil diecisiete (fojas 133 a 136), en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran alguna manifestación al respecto. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo, una vez transcurrido el plazo de cinco años; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita. Por otra parte, toda vez que del estado procesal se advierte que la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, remitió la documental siguiente: ***. Con la cual mediante proveído de nueve de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó guardar por separado en la Secretaría de este juzgado (fojas 43 y 44). Atento a ello, y toda vez que en la propia fecha se está ordenando el archivo de este asunto, al ser innecesaria la retención de los tomos de prueba de referencia, devuélvanse a la autoridad responsable antes señalada, solicitándole el acuse de recibo de estilo.

  2. Principal

    (CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de quince de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de catorce de juni del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de treinta y uno de mayo del presente año (fojas 125 a 127), para que manifestaran lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia de amparo por parte de las autoridades responsables Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo y Director de la Policía Ministerial de Investigacion, Zona Sur, por lo que este juzgado procede a calificar de oficio al respecto si la ejecutoria se encuentra cumplida o no, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia veintiséis, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del Apéndice de dos mil, Novena Época, que a continuación se cita: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el Junta Local de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. ANTECEDENTES DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo, resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El veintiocho de abril de dos mil diecisiete, se engrosó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Julio Cohuo Sánchez (fojas 55 a 75). Posteriormente, toda vez que la concesión del amparo se hizo extensivo a la autoridad ejecutora, mediante proveído de cuatro de mayo de los corrientes, el Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Sur, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del oficio número 677/2017, de dos de mayo de dos mil diecisiete, dirigido al Comandante de la Unidad de Aprehensiones, mediante el cual instruye que se abstenga de ejecutar la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso, de lo que este órgano jurisdiccional se reservó dar vista con dicha constancia, hasta en tanto causara ejecutoria la sentencia de mérito (foja 99). En auto de veinticuatro de mayo de esta anualidad, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad, el cumplimiento al fallo protector (foja 103 a 105). Siendo el caso que mediante oficio sin número, recibido en este Juzgado Federal el treinta de mayo del presente año, la Juez responsable remitió copia certificada del acuerdo emitido el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, dictada en los autos de la causa penal 441/2014, de su índice, así como las constancias de notificación a las partes del referido auto (foja 111 a 124). En consecuencia, por auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 125 a 127) se dio vista a las partes con las constancias remitidas por las autoridades responsables Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Sur y Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad, para que manifestaran dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daban las autoridades responsables, sin que hubieren ejercitado tal derecho. Conviene precisar que a las referidas documentales se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fueron expedidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así el efecto de la concesión fue, en esencia, que la autoridad responsable, hiciera lo siguiente: "Deje insubsistente, el auto de primero de febrero de dos diecisiete, únicamente en la parte considerativa relativa a la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la causa penal 441/2014. En su lugar, emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, de manera fundada y motivada, y tomando en consideración que, el status jurídico en que actualmente se encuentra Julio Cohuo Sánchez, lo procedente es que se le requiera para que manifieste, en un determinado plazo, si es su deseo ejercer su derecho a solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución, o bien, recluirse voluntariamente en el centro de readaptación social, bajo el apercibimiento que de no solicitarlo y garantizar el otorgamiento del beneficio dentro del proceso, se procedería a su reaprehensión. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, continúe con la prosecución del juicio, conforme a derecho corresponda." Ahora, de las constancias aportadas en vía de cumplimiento por las autoridades responsables, se advierte que las mismas acataron la ejecutoria de amparo, toda vez que por parte de la autoridad ejecutora Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Sur, con sede en esta ciudad, el dos de mayo de dos mil diecisiete, giró el oficio 677/2017 al Comandante de la Unidad de Aprehensiones de la Policía Ministerial en la Zona Sur del Estado, por el cual ordenó la abstención de cumplimentar la orden de aprehensión girada en contra del quejoso Julio Cohuo Sánchez, Por su parte, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad, el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictó un nuevo proveído, en el que con base en los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en lo que aquí interesa, se pronunció en los términos siguientes: "PRIMERO: Se deja insubsistente el proveído de fecha primero de febrero del año de dos mil diecisiete, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE en lo que respecta a la parte considerativa a la orden de reaprehensión dictada en contra del procesado JULIO COUOH (sic) SANCHEZ, quedando firme por lo que se refiere a los demás puntos acordados en el mismo.- --" Esto es, de la transcripción que antecede, se advierte que por cuanto al inciso a) de los efectos de la ejecutoria de amparo, el Juez responsable, acató los efectos en virtud de que dejó insubsistente el auto de uno de febrero de dos mil diecisiete, únicamente en la parte considerativa relativa a la orden de aprehensión, girada en contra del aquí quejoso. Ahora, por cuando al inciso b) de los efectos de la ejecutoria, el Juez responsable cumplió a cabalidad, pues en el mismo auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, determinó lo siguiente: ---En razón de lo anterior, es preciso puntualizar que el artículo 20 apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la libertad bajo caución es un derecho que el procesado puede hacer valer discrecionalmente, como parte de su defensa, en el momento y por la vía que elija dentro de las alternativas que ofrece la ley; y por otra parte el artículo 388 de la Ley Adjetiva de la Materia, que a la letra establece lo siguiente: "Artículo 338. Todo inculpado tendrá derecho a ser puesto en libertad provisional bajo caución, siempre y cuando se garantice en su caso el monto estimado de la reparación de los daños y de las sanciones pecuniarias que pueden imponerse y no se trate de alguno de los delitos clasificados como graves por la presente ley, respecto de los cuales se prohíbe expresamente conceder este beneficio"; lo cual no significa necesariamente que el inculpado esté privado de su libertad para que pueda gozar de la libertad bajo caución, como acontece en el caso particular; sin embargo lo anterior no implica que este Órgano Jurisdiccional pueda pronunciarse de oficio sobre la procedencia de dicho beneficio, ya que de actuar de esa manera se restringiría la posibilidad del procesado de poder acudir ante este juzgador a solicitarlo, y esta circunstancia verifica que sí es posible el que se irrogue un perjuicio al gobernado mediante el otorgamiento de un beneficio que no ha solicitado, ya que la existencia de alternativas permite advertir que la elección de las mismas no puede sino quedar en manos del titular de ese derecho. Por ello, la libre elección de la vía para hacer valer el beneficio en cuestión es un derecho que le asiste al procesado y que este Autoridad no debe ni puede ejercer en su nombre; en ese sentido, y en estricto apego-a derecho, se le requiere al procesado JULIO COUOH SÁNCHEZ, para que en el término fatal e improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES, acuda ante este A-quo a manifestar si es su deseo acogerse al beneficio de su libertad provisional bajo caución o en su caso se recluya voluntariamente en el Centro de Reinserción Social del Estado con sede en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo a disposición de este Órgano Jurisdiccional para la continuación del presente proceso, apercibido que de no solicitarlo y no garantizar el otorgamiento del beneficio dentro de este proceso o no recluirse voluntariamente en el aludido centro carcelario, se ORDENARÁ SU REAPREHENSIÓN.------------------ Atento a lo anterior, se advierte que el Juez responsable, emitió un nuevo acuerdo en el que fundó y motivó el requerimiento formulado al procesado aquí quejoso Julio Cohuo Sánchez, para que dentro del término de cinco días hábiles, ejerciera su derecho para solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución o, en su caso, recluirse voluntariamente en el Centro de Reinserción Social para continuar con su procedimiento, y lo apercibió que no hacerlo se ordenaría su reaprehensión. En ese contexto, se advierte de lo transcrito que las autoridades responsables Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Sur y Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad, acataron los efectos del fallo protector, pues por parte de la autoridad ejecutora Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Sur, con sede en esta ciudad, el dos de mayo de dos mil diecisiete, giró el oficio 677/2017 al Comandante de la Unidad de Aprehensiones de la Policía Ministerial en la Zona Sur del Estado, por el cual ordenó la abstención de cumplimentar la orden de aprehensión girada en contra del quejoso Julio Cohuo Sánchez. Asimismo, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta Ciudad, el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictó un nuevo proveído, en el que con base en los lineamientos de la ejecutoria de amparo fundó y motivó el requerimiento formulado al procesado aquí quejoso Julio Cohuo Sánchez, para que dentro del término de cinco días hábiles, ejerciera su derecho para solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución o, en su caso, recluirse voluntariamente en el Centro de Reinserción Social para continuar con su procedimiento, y lo apercibió que no hacerlo se ordenaría su reaprehensión; con lo cual restituyó al quejoso en el derecho fundamental contemplado en el artículo 17 constitucional, que le había sido vulnerado. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector y, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin exceso ni defecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    (AVISO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el dos de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de treinta y uno de mayo del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al fallo protector dictado en este asunto, remite copia certificada de las documentales siguientes: Acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, dictado en los autos de la causa penal 441/2014, de su índice, así como las constancias de notificación de dicho auto, realizada a las partes que lo integran. Ahora, toda vez que conforme a lo establecido en auto de veinticuatro de mayo de esta anualidad (fojas 103 a 105), este órgano jurisdiccional se reservó acordar respecto de la constancia remitida por la autoridad ejecutora Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Sur, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria, hasta en tanto obraran la totalidad de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se tiene la documental en copia certificada de lo siguiente: Oficio número 677/2017, de dos de mayo de dos mil diecisiete, dirigido al Comandante de la Unidad de Aprehensiones de la Policía Ministerial en la Zona Sur del Estado, con sello de recibido el tres de mayo siguiente, mediante el cual instruye que se abstengan de cumplimentar la orden de reaprehensión girada en contra del quejoso Julio Cohuo Sánchez. En mérito de lo anterior, dése vista a la parte quejosa con el cumplimiento informado por las autoridades responsables antes señaladas, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos que obran en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA. Del contenido de las jurisprudencias y tesis aisladas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido con relación al sistema legal sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, derivan los siguientes principios: 1. Cuando causa ejecutoria una sentencia de amparo la autoridad judicial correspondiente debe vigilar su cumplimiento, sin que pueda acordar el archivo del expediente, mientras aquél no ocurra. 2. En tanto no se cumpla con la sentencia de amparo debe requerir a la autoridad o autoridades responsables, a fin de que realicen los actos necesarios para ello. 3. Si no se logra el cumplimiento tendrá que acudir al superior o superiores, a fin de que intervengan para lograrlo. 4. Si no se consigue, de oficio o a instancia de parte, deberá abrir el incidente de inejecución de sentencia, acordando que, en virtud de no haberse cumplido con la sentencia que otorgó la protección constitucional, se remita el asunto a la Suprema Corte, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a saber: que cese en sus funciones a la autoridad contumaz y se le consigne penalmente ante el Juez de Distrito que corresponda. 5. Si durante el trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la responsable demuestra el cumplimiento, se declarará sin materia el incidente. 6. Si la responsable no demuestra haber cumplido, el Pleno del más Alto Tribunal emitirá resolución en términos de lo dispuesto en la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con el funcionario o funcionarios que desacataron la sentencia de amparo. 7. En la hipótesis de que ante una sentencia ejecutoria que otorgó el amparo y, en su caso, ante las gestiones de la autoridad judicial federal correspondiente, para lograr su cumplimiento, la autoridad o autoridades responsables comuniquen que acataron la sentencia, el Juez de Distrito, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito o el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, deberán dictar un acuerdo dando vista al quejoso con ese informe, apercibiéndolo de que, de no desahogarlo dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el referido informe y con los demás elementos con los que se cuente. 8. Vencido el plazo otorgado, en el supuesto de que no se haya desahogado la vista, el Juez de Distrito, el Tribunal Unitario de Circuito o el Tribunal Colegiado de Circuito, dictarán un acuerdo, debidamente fundado y motivado, en el que decidan si la sentencia de amparo fue cumplida o no. 9. En el caso de que la determinación sea en el sentido de que no se ha cumplido la sentencia, remitirán el asunto a la Suprema Corte, siguiéndose las reglas previstas en los puntos 4 a 6 anteriores. 10. Por el contrario, si resuelven que la sentencia de amparo se cumplió, deberán ordenar la notificación personal al quejoso del acuerdo respectivo, a fin de que esté en aptitud de hacer valer el medio de defensa procedente. 11. Para efectos del inciso 8, el juzgador de amparo se limitará, exclusivamente, a verificar si se cumplió o no la ejecutoria (inclusive si sólo fue el núcleo esencial del amparo), cotejando dicha ejecutoria con el acto de la responsable, pero absteniéndose de hacer pronunciamiento sobre cualquiera otra cuestión ajena. 12. Ante la determinación del Juez de Distrito, del Tribunal Unitario de Circuito o del Tribunal Colegiado de Circuito, correspondientes, podrán presentarse para el quejoso cuatro diferentes situaciones, respecto de las cuales estará en aptitud de hacer valer diferentes medios de defensa, en caso de que no esté de acuerdo con el pronunciamiento de cumplimiento: A. Que estime que no se dio en absoluto el cumplimiento, en cuyo caso procederá la inconformidad prevista en el artículo 105 de la Ley de Amparo, la que se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia, impugnándose, obviamente, el acuerdo del Juez o del tribunal que tuvo por cumplida la sentencia; B. Que considere que si bien se dio el cumplimiento, éste fue con exceso o defecto, procediendo el recurso de queja ante la autoridad jurisdiccional que corresponda; C. Que estime que habiéndose otorgado un amparo para efectos, que dejó plenitud de jurisdicción al órgano jurisdiccional responsable o dejó a la autoridad administrativa responsable en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, al emitirse la nueva resolución se trató de un acto nuevo, procederá el amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada; D. Que llegue a la conclusión de que no obstante que se dio el cumplimiento, formalmente, al emitirse una nueva resolución ésta fue esencialmente idéntica al acto reclamado en el juicio de amparo en el que se pronunció la sentencia que se pretendió cumplimentar; en este supuesto podrá promover el incidente de repetición del acto reclamado. 13. Si lo que se interpone es la inconformidad y ésta resulta procedente se estará en las mismas condiciones especificadas en los puntos 5 y 6 mencionados. 14. Si después de haber causado ejecutoria una sentencia que concede el amparo e, incluso, después de haberse cumplido, el quejoso estima que las autoridades responsables realizaron un nuevo acto en el que incurrieron en repetición del reclamado, procederá plantear ante el órgano jurisdiccional competente que corresponda el incidente respectivo, siguiéndose idéntico trámite al señalado en los puntos 4 a 6 anteriores, relativos al incidente de inejecución de sentencia." Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.26/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Marzo 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de lo procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia engrosada el veintiocho de abril de dos mil diecisiete (fojas 55 a 75), sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. Así, la concesión de la protección constitucional fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, realice lo siguiente: "Deje insubsistente, el auto de primero de febrero de dos diecisiete, únicamente en la parte considerativa relativa a la orden de reaprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la causa penal ***. En su lugar, emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, de manera fundada y motivada, y tomando en consideración que, el status jurídico en que actualmente se encuentra **, lo procedente es que se le requiera para que manifieste, en un determinado plazo, si es su deseo ejercer su derecho a solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución, o bien, recluirse voluntariamente en el centro de readaptación social, bajo el apercibimiento que de no solicitarlo y garantizar el otorgamiento del beneficio dentro del proceso, se procedería a su reaprehensión. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, continúe con la prosecución del juicio, conforme a derecho corresponda. Concesión del amparo que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a los Directores de la Policía Ministerial de Investigación Zona Sur y Zona Norte, del Estado de Quintana Roo, dado que al ser inconstitucional la orden de reaprehensión emitida contra del quejoso, deviene igualmente ilegal el acto de autoridad competente tendente a su ejecución, máxime que éste no lo reclamaron por vicios propios, sino como una consecuencia de la resolución dictada en su contra." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, para que cumpla con la sentencia de amparo; ello en un plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se le realice. Sin que en el caso haya lugar a requerirle por conducto de superior jerárquico, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que en la especie la autoridad responsable es el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, y como tal no tiene un superior jerárquico a quién exhortar para que lo obligue a cumplir sin demora con el fallo protector, ya que el ejercicio de la función jurisdiccional presupone la inexistencia de relaciones de subordinación o superioridad jerárquica, fundada de modo relevante en el artículo 17 de la Constitución Mexicana, pues considerar lo contrario equivaldría a que dicha función fuera funcionalmente desnaturalizada. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. Asimismo, se le hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo sin justificación, no la exime de responsabilidad, empero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta. Finalmente, toda vez que por auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 99), este órgano jurisdiccional se reservó acordar respecto de la constancia remitida por la autoridad ejecutora Director de la Policía Ministerial de Investigación, Zona Sur, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria, hasta en tanto obren la totalidad de las constancias que remitan las autoridades responsables para acreditarlo, por lo que la vista a las partes respecto de todas las constancias que así lo acrediten, se acordará en el momento procesal oportuno.

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