Julio César Zacarías Bernal
Expediente 394/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 394/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Julio César Zacarías Bernal
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias de las que se advierte la diligencia de emplazamiento del tercero interesado Marco Antonio Correa Gutiérrez. Ahora bien, se reserva emitir pronunciamiento alguno en relación con dicho oficio, hasta en tanto transcurra el plazo otorgado a la parte quejosa en acuerdo de diez de los actuales para que cumpla con la prevención formulada en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.Octavio Rojas Figueroa
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la Directora del Registro Civil del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, quien en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de once de los actuales remite la impresión en línea de la certificación en su formato electrónico con número de identificador 16053000820190018399 del acta de defunción de Samuel Díaz Cortez. Atento lo anterior, se tiene a dicha autoridad cumpliendo el requerimiento en comento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado al respecto. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental pública allegada por la referida, la cual se ordena relacionar en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en proveído de once de abril del año en curso, se tuvo a Olivia Benítez Reyes, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, informando que el diez de los actuales acudió ante ella la señora Ma. Isabel González Santacruz, esposa del quejoso directo Samuel Díaz Cortez, quien le comunicó que este último falleció el dos de enero del año en curso. Ahora bien, como de lo antes expuesto y del acta de defunción que se anexó al oficio de cuenta, se observa que efectivamente el quejoso Samuel Díaz Cortez, falleció a las cuatro horas del dos de enero de dos mil diecinueve a causa de enfermedad renal crónica estadio 5.1 año, edema agudo pulmonar 48 cuarenta y ocho horas e hiperkalemia refractaria a manejo médico 48 cuarenta y ocho horas, en el domicilio ubicado en Isidro Huarte y Samuel Ramos, sin número, colonia Centro de esta ciudad. Documental a las que se le otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, se declara sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el presente sumario. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis 1a. CII/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 298, del Tomo XXII, Septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, número de registro 177283, de rubro y textos siguientes: "INCONFORMIDAD. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRÁMITE FALLECE EL QUEJOSO, CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SÓLO AFECTEN DERECHOS ESTRICTAMENTE PERSONALES. La inconformidad a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo debe declararse sin materia cuando, encontrándose en trámite, se acredita fehacientemente la defunción del inconforme, siempre y cuando los actos reclamados en el juicio de garantías afecten derechos estrictamente personales del quejoso, en virtud de que la ejecutoria respectiva no podrá surtir efecto alguno.". Asimismo, en lo que interesa, la tesis VII.2o.T.15 K (10a.) pronunciada Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 2430, del Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, número de registro 2013453, que a la letra expresa: "AMPARO EN REVISIÓN. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN FALLECE EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO, ES INNECESARIO SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO PARA LLAMAR AL REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN, SI LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE EN LA ALZADA NO LE CAUSA PERJUICIO ALGUNO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en el amparo se hace del conocimiento con prueba idónea el fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, el juzgador debe proceder conforme al artículo 16 de la Ley de Amparo, el cual prevé tres hipótesis, a saber: 1) Siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión; 2) Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de 60 días siguientes al en que se decrete la suspensión, el Juez ordenará lo conducente, según el caso de que se trate; y, 3) Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto. Ahora bien, si se parte de la base de que las violaciones procesales dentro del juicio constitucional deben repararse siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo, es irrelevante decretar la suspensión del procedimiento para dar oportunidad a que intervenga el representante de la sucesión del quejoso o del tercero interesado, si conforme al sentido de la resolución que habrá de emitirse en la instancia de revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito no se afectarán los intereses de dicha parte, máxime que el representante de la mortual tendrá expedito su derecho para acudir ante la propia autoridad responsable para hacer valer lo que estime procedente. De ahí que si el tribunal constitucional en la alzada no suspende el procedimiento ni llama y da intervención al representante legal del de cujus, en aras del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela la administración de justicia pronta y expedita, es improcedente reponer el procedimiento para llevar a cabo la notificación de dicha representación, cuando acorde al sentido de la resolución que se adoptará en definitiva, los derechos patrimoniales del finado habrán de permanecer incólumes, al no causarle perjuicio la decisión del asunto, pues no implicará dejarlo en estado de indefensión.". En otro contexto, del acta de defunción con la que se acreditó el fallecimiento del aquí quejoso se aprecia que ocurrió desde el dos de enero de dos mil diecinueve, a causa de enfermedad renal crónica estadio 5.1 año, edema agudo pulmonar 48 cuarenta y ocho horas e hiperkalemia refractaria a manejo médico 48 cuarenta y ocho horas, en el domicilio ubicado en Isidro Huarte y Samuel Ramos, sin número, colonia Centro de esta ciudad, esto es, en las instalaciones correspondientes al Hospital General "Dr. Miguel Silva", sin que desde dicha data el titular del nosocomio en comento, quien es autoridad responsable dentro del juicio en que se actúa, haya informado tal circunstancia. Lo anterior, aun y cuando en proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho se le conminó a vigilar que se le suministrara el tratamiento completo en tiempo y forma al quejoso directo, así como informar cualquier situación relacionada con su estado de salud, como en el caso, a informar que desde hace más de tres meses el quejoso falleció, pues desde el auto de admisión de la demanda que dio origen el juicio en que se actúa con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se le requirió para que en el supuesto de cesación de efectos del acto reclamado o en caso de que se actualizara alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hiciera saber a este juzgado de manera inmediata, apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondría una multa por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la ley de la materia. Además, en términos del artículo 16, párrafo tercero de la Ley de Amparo, el Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", estaba obligado a informar el deceso del aquí quejoso: "Artículo 16. (.) Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto.". Atento lo anterior, con fundamento en los artículos 16, párrafo tercero y 64, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se impone al Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con residencia en esta ciudad, una multa por la cantidad de $ 2,534.70 dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos moneda nacional, equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, se le requiere para el efecto de que remita a este juzgado federal, nombre completo, registro federal de contribuyentes, así como domicilio fiscal de la persona física que desempeña el cargo público de Director del Hospital General "Dr. Miguel Silva", con residencia en esta ciudad, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá el medio de apremio descrito anteriormente. Finalmente, comuníquese lo anterior al Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Michoacán "1", con sede en esta ciudad, para que se sirva hacer efectiva dicha multa y su importe lo ingrese a favor del Erario Federal. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armado, Díaz López Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema SISE, el auto de cinco de abril de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
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