Julio César Vizcaíno Vega

Expediente 704/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
704/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/11/2022

Partes del expediente

  • Julio César Vizcaíno Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil veintidós. Se recibe ejecutoria. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que adjunta copia autorizada de la ejecutoria dictada el siete de octubre de dos mil veintidós, dentro del conflicto competencial 33/2022, que en su punto resolutivo dice: "ÚNICO. Se DECLARA LEGALMENTE COMPETENTE para conocer del asunto al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.". Acúsese recibo. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se declaró competente al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer de la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma física y electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del Secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, quien da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Tribunal Colegiado admite conflicto competencial. Por recibido el oficio procedente del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México; a través del cual, informa que admitió el conflicto competencia planteado por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con motivo de que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada respecto de la demanda de amparo indirecto promovida por Julio César Vizcaíno Vega; asimismo, informa que se registró con el número 33/2022. Estese en espera de la determinación del Tribunal de Alzada. Se desahoga la vista otorgada por el Tribunal de alzada. En atención a la vista dada por el Tribunal Colegiado, se hace saber que esta juzgadora no comparte el criterio sostenido por el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad, con base en los razonamientos que quedaron plasmados en el auto de fecha veintinueve de junio de dos mil veintidós. Asimismo, se reitera que la competencia para conocer de la demanda promovida por Julio César Vizcaíno Vega, corresponde al juez ante el que fue presentada la demanda, en términos del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, atendiendo a que el acto reclamado es de naturaleza declarativa, pues carece de ejecución material. Ello, pues como se hizo notar en el aludido proveído, atendiendo expresamente a lo reclamado por el quejoso en el escrito de demanda, el acto reclamado lo es: El acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del procedimiento de separación Q/110/SEP/004/2022, instaurado en contra del quejoso, en que determinó no admitir probanzas ofertadas. Es de hacer notar que el procedimiento de separación se tramita en la Ciudad de México, ante la Dirección General del Servicio de Carrera de la Fiscalía General de la República, que el quejoso durante el desahogo de la audiencia de ley de trece de mayo anterior, aportó diversas pruebas, negándose admitir la responsable en los siguientes términos: "d).- Por lo que hace a las probanzas identificadas con los números 6, 7, 9 10 y 11 consistentes en informes que rinda el Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Michoacán, respecto de las áreas de adscripción que ha desempeñado el C. VIZCAÍNO VEGA JULIO CESAR, así como, respecto de la averiguación previa AP/PGR/MICH/A/402/2011; INFORME DE AUTORIDAD A CARGO DEL C. RAMIRO RAMÍREZ CARRILLO, agente del Ministerio Público Federal, INFORME DE AUTORIDAD A CARGO DEL C. JOSÉ ENRIQUE CORONA, agente del Ministerio Público Federal, e INFORME DE AUTORIDAD A CARGO DEL C. J. ASCENCIÓN ESTRADA VALENCIA, agente del Ministerio Público Federal, respectivamente, las mismas NO SE ADMITEN en los términos propuestos por el oferente; ya que, en realidad lo que se está ofreciendo como prueba es la confesional de las autoridades al tratarse dichos informes de hechos propios de los emitentes, lo que no es procedente, dado que en los procedimientos administrativos se admitirán toda clase de pruebas, excepto precisamente la confesional de las autoridades; ello porque en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 169 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en los procedimientos administrativos se admitirán toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades (.)" Lo que hace evidente que el acuerdo reclamado constituye un acto cuyos efectos son de naturaleza declarativa, porque no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien se concretan, simplemente, a no admitir las pruebas ofrecidas por la parte quejosa dentro del procedimiento de separación Q/110/SEP/004/2022. Lo cual significa que no requiere de ejecución material por la autoridad para que surta sus efectos, es decir, que tal acto no conlleva la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, así, dicho acto jurisdiccional, per se, no requiere de una actuación posterior que lo complete y, por tanto, carece de ejecución material. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda." Ahora, si bien la ejecución material no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Lo cierto es que, esos alcances -para efectos de determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución- no fijan la competencia a este órgano jurisdiccional, pues el procedimiento administrativo del que deriva el acto reclamado se sigue en la Ciudad de México, por lo que las consecuencias procesales del desechamiento de las pruebas se seguiría en la Ciudad de México. Lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, ya que este se limita a los alcances derivados del acto reclamado. Lo anterior pues así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 72/2020, que dio origen a la jurisprudencia de rubro y texto: "SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD EN EL QUE SE RECLAMA EL INCREMENTO A LA PENSIÓN JUBILATORIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA CUMPLIDA ES DE NATURALEZA DECLARATIVA Y, POR ENDE, NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron una misma problemática jurídica arribando a posicionamientos contrarios, ya que mientras que para uno de los contendientes la resolución que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad, en la que se condenó a la parte demandada al cálculo de la cuota pensionaria con los incrementos respectivos, produce consecuencias y efectos meramente declarativos y, por tanto, resulta aplicable la regla de competencia territorial establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para el otro, la resolución que a través del estudio de los agravios de la queja por exceso o defecto, declara el cumplimiento de esa sentencia, a pesar de constituir un acto negativo simple, sí produce efectos y consecuencias positivos, por lo que la regla de competencia territorial aplicable es la establecida en el primer párrafo del referido numeral. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la resolución que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad en el que se reclama el incremento a la pensión jubilatoria, es de naturaleza declarativa, no requiere ejecución material y, por ende, es aplicable la regla de competencia territorial establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior, porque constituye un acto reclamado cuyos efectos son de naturaleza declarativa, porque no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien se concretan, simplemente, a reconocer el cumplimiento dado a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, a través de las resoluciones de las autoridades administrativas. Lo cual significa que no requiere de ejecución material, porque una vez agotado el procedimiento de ejecución, la autoridad responsable solamente se limita a dar por buena la actuación de la autoridad demandada en el juicio natural, es decir, ese acto reclamado no tiene por efecto alguna orden o mandato para actuar o llevar a cabo algo, pues deriva de una etapa que ya concluyó y en la que finalmente se determinó el acatamiento por parte de la autoridad demandada a los lineamientos de la ejecutoria del juicio de nulidad. Ahora, si bien la ejecución material no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico, lo cierto es que esos alcances no pueden llegar al extremo de considerar el aumento de la cuantía de la pensión, en los términos propuestos por la autoridad demandada en la resolución pronunciada en acatamiento a la decisión emitida en el juicio contencioso administrativo. Esto, pues de considerarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso particular se limitan a reconocer el cumplimiento a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, sino los producidos por la resolución que emite la autoridad demandada en cumplimiento de la sentencia del tribunal administrativo, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, ya que éste se limita a los alcances derivados del acto reclamado." Aunado, a criterio de esta juzgadora, el acto reclamado no tiene ejecución en esta ciudad, donde refirió el juez declinante fue separado de su cargo el quejoso, atendiendo a que deriva de una negativa por parte de la responsable en acordar de manera favorable la petición respecto de las pruebas que fueron ofrecidas dentro del procedimiento de separación que se lleve en la Ciudad de México, acto que no provoca cambio alguno en el estado de cosas, pues se mantiene una situación igual como estaba cuando se realizó la petición, por lo que se trata de actos declarativos que no ameritan ejecución material. Finalmente, como se hizo patente al juez declinante, si bien ante este juzgado se tramita el juicio de amparo 441/2022 promovido por el mismo quejoso contra actos del Fiscal General de la República y otras autoridades, tal circunstancia no incide en el sentido de la decisión de no aceptar la competencia, porque los actos que se plantean en dicho juicio sí tienen ejecución material y ésta se lleva a cabo en el lugar de adscripción del quejoso; a diferencia del acto reclamado en la demanda de amparo que dio origen al expediente de amparo de su índice, en la que, como se hizo notar, el quejoso reclama un acto que tuvo lugar dentro del procedimiento administrativo que se sigue en su contra, mismo que se instruye ante las autoridades residentes de la Ciudad de México, donde ejerce su jurisdicción el Juzgado de Distrito declinante. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Informan que se planteó conflicto competencial. Por recibido el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual acusa recibo del oficio 20266 mediante el cual se le devolvió el juicio de amparo 1057/2022 de su índice, promovido por Julio César Vizcaíno Vega, en razón de que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada. Asimismo, informa que insiste en declinar su falta de competencia legal, por cuestión de territorio, por lo que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de que tramite conflicto competencial y resuelva qué Juzgado de amparo debe conocer de los actos reclamados; de lo que se toma conocimiento. Estese en espera de la resolución que emita el Tribunal Colegiado. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. SE RECIBEN AUTOS. Por recibido el oficio 48634/2022, remitido por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, al que anexó el juicio de amparo indirecto 1057/2022, de su índice, en razón de que mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, determinó carecer de competencia legal para seguir conociendo del referido juicio de amparo promovido por Julio César Vizcaíno Vega. Acúsese recibo. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 704/2022. De conformidad con el Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. NO SE ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, devuélvase el juicio de amparo formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Julio César Vizcaíno Vega, toda vez que este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada, por las consideraciones legales que a continuación se exponen. En el artículo 37 de la Ley de Amparo, se advierten tres hipótesis que demarcan la competencia del juicio de amparo por los Jueces de Distrito, a saber: a) Que será competente para conocer de la demanda de amparo, el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Que será competente para conocer de la demanda, el Juez de Distrito en donde se presente, cuando un acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya iniciado su ejecución en uno y se siga ejecutando en otro. c) Que será competente para conocer de la demanda, el Juez de Distrito ante quien se haya presentado, cuando el acto reclamado carezca de ejecución material. En ese entendido, en principio, debe precisarse bajo qué regla o reglas de competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio se ubica el acto reclamado, por lo que debe atenderse a la naturaleza jurídica del mismo y sus consecuencias a fin de determinar si son de ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se deba conocer del asunto de acuerdo al artículo 37 de la Ley de Amparo; por tanto, es necesario precisar que de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama del Mtro. Miguel Ángel Mejía Delgado, Coordinador de Proyectos "A" de la Dirección General del Servicio de Carrera de la Fiscalía General de la República: El acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado dentro del procedimiento de separación Q/110/SEP/004/2022, instaurado en contra del quejoso, en que determinó no admitir probanzas ofertadas. Así, la Juez Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, declina la competencia en favor de este órgano jurisdiccional en atención a que consideró: "Entonces, se tiene que el promovente del amparo señala como acto reclamado el siguiente: - El acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintidós emitido en el procedimiento de separación Q/110/SEP/004/2022 del índice de la Fiscalía General de la República, en el cual no se admitieron diversas pruebas ofrecidas en el procedimiento en comento. Ahora bien, partiendo de la base de que la demanda de amparo es un todo, la cual debe ser estudiada de manera integral, junto con sus anexos, de modo que se logre una administración de justicia eficiente, atendiendo a lo que de ellos se desprende en su aspecto material y no únicamente formal. Así, del escrito inicial de demanda en el capítulo de antecedentes del acto reclamado se advierte que el promovente ingresó a laborar en la Fiscalía General de República en el año dos mil dos como agente del ministerio público adscrito en la Ciudad de Morelia Michoacán, por lo que el trece de enero de este año se dictó el acuerdo de inicio de procedimiento de separación dictado en el expediente Q/110/SEP/004/2022 del índice de la Fiscalía General de la República. En ese sentido, promovió juicio de amparo el cual tocó conocer el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán registrándolo con el número 441/2022 de su índice, el cual manifiesta que se encuentra en trámite, pendiente de resolución. Por lo que se colige que derivado de lo manifestado por la parte peticionaria de amparo, el acto que reclama tienen su ejecución fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, aunado a que solicita la suspensión provisional y en su momento la definitiva para que no se emita resolución dentro del procedimiento de separación en comento. De lo anteriormente descrito, es dable concluir que los efectos y consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en el estado de Michoacán, donde fue separado de su encargo, es decir, como agente del ministerio público adscrito en la Ciudad de Morelia. Por ende, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se ejecuta o se ejecutara el acto que por esta vía reclama. (.) En consecuencia, se actualiza la hipótesis que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, de que será competente el Juez de Distrito del lugar en donde se vayan a ejecutar los actos reclamados, es decir, un Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno." Criterio que no se comparte por las siguientes razones: La resolución impugnada constituye un acto reclamado cuyos efectos son de naturaleza declarativa, porque no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien se concretan, simplemente, a desechar pruebas ofrecidas por la parte quejosa dentro del procedimiento de . Lo cual significa que no requiere de ejecución material por la autoridad para que surta sus efectos, es decir, que tal acto no conlleva la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran, así, dicho acto jurisdiccional, per se, no requiere de una actuación posterior que lo complete y, por tanto, carece de ejecución material. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda." Ahora, si bien la ejecución material no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Lo cierto es que, esos alcances -para efectos de determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución- no fijan la competencia a este órgano jurisdiccional, pues el procedimiento administrativo del que deriva el acto reclamado se sigue en la Ciudad de México, por lo que las consecuencias procesales del desechamiento de las pruebas se seguiría en la Ciudad de México. Lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, ya que este se limita a los alcances derivados del acto reclamado. Lo anterior pues así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 72/2020, que dio origen a la jurisprudencia de rubro y texto: "SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD EN EL QUE SE RECLAMA EL INCREMENTO A LA PENSIÓN JUBILATORIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA CUMPLIDA ES DE NATURALEZA DECLARATIVA Y, POR ENDE, NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron una misma problemática jurídica arribando a posicionamientos contrarios, ya que mientras que para uno de los contendientes la resolución que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad, en la que se condenó a la parte demandada al cálculo de la cuota pensionaria con los incrementos respectivos, produce consecuencias y efectos meramente declarativos y, por tanto, resulta aplicable la regla de competencia territorial establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para el otro, la resolución que a través del estudio de los agravios de la queja por exceso o defecto, declara el cumplimiento de esa sentencia, a pesar de constituir un acto negativo simple, sí produce efectos y consecuencias positivos, por lo que la regla de competencia territorial aplicable es la establecida en el primer párrafo del referido numeral. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la resolución que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad en el que se reclama el incremento a la pensión jubilatoria, es de naturaleza declarativa, no requiere ejecución material y, por ende, es aplicable la regla de competencia territorial establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior, porque constituye un acto reclamado cuyos efectos son de naturaleza declarativa, porque no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien se concretan, simplemente, a reconocer el cumplimiento dado a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, a través de las resoluciones de las autoridades administrativas. Lo cual significa que no requiere de ejecución material, porque una vez agotado el procedimiento de ejecución, la autoridad responsable solamente se limita a dar por buena la actuación de la autoridad demandada en el juicio natural, es decir, ese acto reclamado no tiene por efecto alguna orden o mandato para actuar o llevar a cabo algo, pues deriva de una etapa que ya concluyó y en la que finalmente se determinó el acatamiento por parte de la autoridad demandada a los lineamientos de la ejecutoria del juicio de nulidad. Ahora, si bien la ejecución material no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico, lo cierto es que esos alcances no pueden llegar al extremo de considerar el aumento de la cuantía de la pensión, en los términos propuestos por la autoridad demandada en la resolución pronunciada en acatamiento a la decisión emitida en el juicio contencioso administrativo. Esto, pues de considerarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso particular se limitan a reconocer el cumplimiento a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, sino los producidos por la resolución que emite la autoridad demandada en cumplimiento de la sentencia del tribunal administrativo, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, ya que éste se limita a los alcances derivados del acto reclamado." No varía el anterior criterio lo manifestado por la juez declinante en el sentido de que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad, pues es donde fue separado de su cargo por el que se tramita el procedimiento de separación Q/110/SEP/004/2022; atendiendo a que el acto reclamado deriva de una negativa por parte de la responsable en acordar de manera favorable la petición respecto de las pruebas que fueron ofrecidas por el quejoso dentro del procedimiento de separación, acto que no provoca cambio alguno en el estado de cosas, pues se mantiene una situación igual como estaba cuando se realizó la petición, por lo que se trata de actos declarativos que no amerita ejecución material. Por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo, no corresponde al juez de distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde el quejoso fue separado del cargo, sino ante la juzgadora ante quien se presentó la demanda de amparo, conforme al último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Por último, es verdad que ante este Juzgado se tramita el juicio de amparo 441/2022 promovido por el mismo quejoso contra actos del Fiscal General de la República y otras autoridades, consistentes en: "1. DEL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA RECLAMO. La emisión de los Lineamientos L/003/19, por los que se Regula al Personal adscrito a la entonces Procuraduría General de la República que continúa en la Fiscalía General de la República, así como para el Personal de Transición, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 08 de noviembre del ario 2019, mismo que considero es inconstitucional en sus Artículos Primero, Cuadragésimo Segundo y Cuadragésimo Noveno. 2. DEL TITULAR DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RECLAMO. La emisión y contenido del oficio número FGR/CFSPC/596/2021, de fecha quince de diciembre de dos mil veintiuno, por el que instruye al MAESTRO MIGUEL ÁNGEL MEJÍA DELGADO, COORDINADOR DE PROYECTOS "A", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CARRERA, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la substanciación del procedimiento de separación, en mi contra. 3. DEL MTRO. MIGUEL ÁNGEL MEJÍA DELGADO, COORDINADOR DE PROYECTOS "A", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE CARRERA, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RECLAMO: La emisión, contenido y firma del acuerdo de inicio de procedimiento de separación con número Q/110/SEP/004/2022, de fecha trece de enero de dos mil veintidós. La emisión, contenido y firma del acuerdo sobre la solicitud de suspensión en sueldo y funciones del suscrito JULIO CÉSAR VIZCÁINO VEGA, de fecha 13 DE ENERO DE 2022, dictada en el procedimiento administrativo de separación del cargo citado. La emisión, contenido y firma del acuerdo de admisión a trámite de fecha trece de enero de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento administrativo de separación Q/110/ SEP/004/2022. 4. DELEGADO DE LA FISCIALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN MICHOACÁN. La emisión, contenido y firma de la Queja contenida en el oficio FGR/DEM/14416/2021, de fecha tres de diciembre de dos mil veintiuno, en contra del C. Vizcaino Vega Julio César, Agente del Ministerio Público de la Federación, dirigida al DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE CARRERA, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA." Juicio que actualmente se encuentra en trámite. Empero, tal circunstancia no incide en el sentido de la presente decisión, porque claramente los actos que se plantean en dicho juicio sí tienen ejecución material y ésta se lleva a cabo en el lugar de adscripción del quejoso; a diferencia del acto reclamado en la demanda de amparo que se analiza, en la que el quejoso reclama un acto que tuvo lugar dentro del procedimiento administrativo que se sigue en su contra, mismo que se instruye ante las autoridades residentes de la Ciudad de México, donde ejerce su jurisdicción el Juzgado de Distrito declinante. En consecuencia, esta juzgadora no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo, promovida por Julio César Vizcaíno Vega y se ordena devolver de forma inmediata el juicio de amparo y anexos al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, para que esté en condiciones de hacer pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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