Julio César Velázquez Hernández
Expediente 1468/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1468/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Julio César Velázquez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
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Colima, Colima, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como constancia y surta sus efectos legales, el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos de la Sala Mixta Civil, Familiar y Mercantil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, con el que acusa recibo del oficio 1957/2017, e informa que recibió el toca de apelación número 189/2016 de su índice. Por otra parte, atento a lo que solicita, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, remítasele copia de las constancias que menciona, para los
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Se ordena la devolución del toca de apelación 189/2016.
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Colima, Colima, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Visto lo de cuenta, el suscrito juzgador advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra el auto de veintinueve de septiembre dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otro lado, con base en lo ordenado por ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración del suscrito, no se considera de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico . Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido; consecuentemente, dicho expediente es susceptible de destrucción, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo quinto del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula del presente, realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de destrucción, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. Asimismo, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. Notifíquese. Lo proveyó y firma Víctor Hugo Velázquez Rosas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, asistido del (la) Secretario(a) José Antonio Andrade Ahumada, quien da fe.JAAA/esm
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Por oficio con número de ingreso 24257, suscrito por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto, exhibió copia certificada de diversa constancia. Mediante proveído de cinco de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido de que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Tal acuerdo se notificó a las partes el ocho de septiembre del presente año, sin que ninguna de las partes haya hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2ª/J. 26/2000, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de treinta de septiembre de dos mil quince, se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso (fojas 249 a 285). Inconforme con tal determinación, la parte quejosa hizo valer recurso de revisión, mismo que fue resuelto por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, residente en esta ciudad, quien por ejecutoria de quince de julio del año en curso, modificó la sentencia dictada por este juzgado y entre otros sentidos, concedió el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguientes: "que el tribunal responsable deje insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que tomando en cuenta la nulidad de la detención decretada por este órgano jurisdiccional, determine la nulidad de las pruebas que se relacionen inmediata y directamente con es detención declarada nula y, con libertad de jurisdicción, analice el resto de los elementos aportados a la causa penal para verificar si se acredita o no el delito imputado al quejoso". Una vez recepcionada la ejecutoria de referencia, por auto de diecinueve de julio pasado, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por oficio con número de ingreso 24257, suscrito por la el secretario de acuerdos de la Segunda Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector, y para tal efecto, exhibió copia certificada de diversas constancias relativas al toca 991/2014. Del examen de dichas documentales, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que mediante resolución de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el toca 991/2016, la sala responsable dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en la resolución de quince de mayo de dos mil quince y dictó una nueva como le fue encomendado por el superior, sin embargo, en el estudio que realiza al emitir una nueva resolución, omite precisar que: tomando en cuenta la nulidad de la detención decretada por el Colegiado en la ejecutoria antes citada, así como la nulidad de las pruebas que se relacionen inmediata y directamente con esa detención declarada nula. En consecuencia, debe tenerse a la autoridad en vías de cumplimiento del fallo protector en virtud de que la responsable no dio cabal cumplimiento a lo ponderado y establecido en el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. CX/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, publicada el viernes 20 de marzo de 2015, 09:00 h, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional. Por tanto, en atención de lo expuesto se requiere nuevamente a la Segunda Sala Penal y Especializada en la Impartición de Justicia para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, para que dentro del término de tres días, informe el cumplimiento dado al fallo constitucional, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa de doscientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y, además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, para el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar con la separación de su puesto e, incluso, su consignación, con fundamento en los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo.
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