Julio César Velazco Gómez y Otros.
Expediente 929/2015 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/12/2015
Partes del expediente
- Julio César Velazco Gómez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Se tiene como delegado a la persona que indica la autoridad... Dígasele que se autoriza hacer uso de los aparatos que menciona única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio de amparo... En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaria, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede.
- Principal
Agréguense sin mayor proveído el oficio de mérito...
- Principal
Vistas la constancias de notificación personal de cuenta... se tien por no presentada la demanda...
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Victor Torres Casas, a favor de Julio Cesar Velazco Gomez y Salvador Almanza Ortega, contra actos del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y otras autoridades, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el orden 929/2015; dese intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, haciéndole entrega de una copia del escrito de demanda. En principio, se destaca que el dos de abril de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, cuyo ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO, dice: ".DÉCIMO. Las referencias que la presente Ley realice al concepto de 'auto de vinculación a proceso' le serán aplicables a los autos de formal prisión emitidos en aquellos órdenes normativos en que aún no hayan entrado en vigor en cumplimiento de los artículos transitorios del Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto". (Lo destacado no corresponde al texto original). Por otra parte, el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO invocado dispone: "SEGUNDO. Se abroga la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto en la presente Ley". De ambos preceptos se aprecia que el trámite de la suspensión en materia de amparo penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo abrogada, en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal. Con base en lo anterior se obtiene que el pronunciamiento respecto de la procedencia o improcedencia de la suspensión (de plano o a petición de parte) se sustanciará conforme a la Ley de Amparo vigente si corresponde a asuntos que derivan de la sustanciación del sistema procesal penal acusatorio y, en caso de que no sea así, se tramitarán acorde con la ley de la materia abrogada. En ese sentido, toda vez que de la lectura integral de la demanda se aprecia que el (los) acto (s) reclamado(s) no deriva(n) de la implementación del sistema procesal penal acusatorio aludido, se establece que la sustanciación de la suspensión que nos ocupa se realizará acorde con la normatividad inherente a la Ley de Amparo abrogada. En ese orden, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que los actos reclamados se hacen consistir, en golpes, amenazas, tortura y actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, que se dice sufren los agraviados, con apoyo en el numeral 123 de la ley de la materia abrogada, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, debiendo informar las autoridades responsables en el término de VEINTICUATRO HORAS contado a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento de esta resolución; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente para esta ciudad, prevista en el dispositivo 237, fracción I de la Ley de Amparo, sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de abuso de autoridad, de conformidad con el precepto 262, fracción III, de la ley de referencia. Por otra parte, con fundamento en el artículo 15 de la ley en cita, se ordena al actuario correspondiente adscrito a este juzgado, se constituya en el interior del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, donde se indica se encuentran los quejosos, para que les notifique personalmente el presente proveído y los requiera para que al momento de la notificación o por escrito, en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la misma, manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su nombre y si autorizan a la persona que firma la demanda de amparo, de igual forma precisen si es su voluntad señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se refirió, o bien, otro ubicado en la jurisdicción de este juzgado. En el entendido de que en razón de que uno de los actos reclamados se hace consistir en la tortura, se instruye al actuario respectivo para que dé fe de la integridad física de los quejosos y los interrogue en torno a si han sufrido dicho acto, para lo cual, deberá obtener la información correspondiente de la manera más específica posible. Apercíbase a los peticionarios de amparo que de no ratificar la demanda, se tendrá por no presentada, de conformidad con el numeral 15 de la ley de la materia y quedarán sin efecto las providencias dictadas; asimismo, de no señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, las subsecuentes aun las de carácter personal, se realizarán mediante lista que se fije en los estrados.. Sin que haya lugar a fijar fecha para la audiencia constitucional, ni requerir los informes justificados, hasta en tanto el quejoso ratifique la demanda de amparo. Finalmente, se autoriza al secretario que firme los oficios de este juicio...
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