Julio César Vásquez Antonio

Expediente 117/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
117/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
24/03/2015

Partes del expediente

  • Julio César Vásquez Antonio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA VI B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el veintisiete de febrero del presente año (fojas 30 a 33), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  2. Principal

    MESA VI B Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 96 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que en atención al requerimiento formulado en auto de diecinueve de febrero del año en curso (foja 22), remite copia certificada de la notificación realizada a las partes respecto del auto de nueve de febrero de este año, dictado en el juicio laboral 10/2014 (2) Bis de su registro; misma que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte y se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias que integran el presente asunto se conoce que el quejoso JULIO CÉSAR VÁSQUEZ ANTONIO, reclama de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la abstención a acordar y notificar su escrito de trece de octubre de dos mil catorce, presentado en la oficialía de partes de la citada junta, el catorce siguiente. Con relación a lo anterior, no pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso también reclama la dilación procesal en que la junta responsable ha incurrido desde el inicio del juicio natural, pues refiere que ha omitido en cumplir los plazos y términos establecidos en la ley federal de trabajo, y a consecuencia de ello, se le ha denegado el derecho a una justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 Constitucional, por lo que solicita se le conceda el amparo para que en las subsecuentes etapas del juicio laboral, hasta dictar el laudo, la responsable se apegue a los plazos y términos establecidos por la legislación aplicable; sin embargo, ello no debe tenerse así, toda vez que el acto reclamado debe limitarse a la abstención atribuida, porque, en su caso, los alcances por los que se llegare a otorgar la protección constitucional, necesariamente deben concretarse en función de la pretensión atribuida y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del juicio laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis aislada CV/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Precisado lo anterior, al rendir informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, aceptó la existencia del acto reclamado, agregando que a pesar de no haber sido acordada en tiempo la petición del quejoso de trece de octubre de dos mil catorce, en proveído de nueve de febrero de la presente anualidad (después de la presentación de la demanda de amparo -veintisiete de enero de dos mil quince-), se pronunció al respecto. Lo anterior, lo justificó con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado (fojas 19 a 21), mismas que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora, de las copias certificadas que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado, así como, las enviadas con el oficio de cuenta, se advierte, en lo que aquí interesa, que por auto de nueve de febrero de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 10/2014 (2) Bis de su índice, los miembros integrantes de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, acordaron el escrito de trece de octubre de dos mil catorce, presentado por el aquí quejoso, por conducto de su apoderado legal Jesús Abdalí García Castillo, en el que, se le tuvo por desistido de las pruebas de inspección ocular en nóminas de pago y la testimonial a cargo de Juan Manuel Contreras Álvarez y Agustín Gerardo Gallegos Cruz (pruebas seis y siete); y se acordó improcedente su petición en cuanto a la renuncia que manifestó al término de dos días que estipula el artículo 884 fracción V de la ley de materia, a fin de que el secretario de la Junta certificara que ya no quedaban pruebas pendientes a desahogar y se le concediera el término a las partes para alegar, declarándose cerrada la instrucción; por los motivos expresados en el mismo; proveído que fue debidamente notificado el diecinueve de febrero de esta anualidad, por conducto de su apoderado José Blas Cruz Pacheco. Por tanto, en el caso se advierte que sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el nueve de febrero de dos mil quince, acordó lo relativo a la petición del quejoso elevada el trece de octubre pasado, y le notificó a través de su apoderado legal, el diecinueve de febrero del presente mes y año. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial . Se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del cinco de marzo de dos mil quince (foja 5 vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA VI B Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 96 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el que en atención al requerimiento formulado en auto de diecinueve de febrero del año en curso (foja 22), remite copia certificada de la notificación realizada a las partes respecto del auto de nueve de febrero de este año, dictado en el juicio laboral 10/2014 (2) Bis de su registro; misma que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte y se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias que integran el presente asunto se conoce que el quejoso JULIO CÉSAR VÁSQUEZ ANTONIO, reclama de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la abstención a acordar y notificar su escrito de trece de octubre de dos mil catorce, presentado en la oficialía de partes de la citada junta, el catorce siguiente. Con relación a lo anterior, no pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso también reclama la dilación procesal en que la junta responsable ha incurrido desde el inicio del juicio natural, pues refiere que ha omitido en cumplir los plazos y términos establecidos en la ley federal de trabajo, y a consecuencia de ello, se le ha denegado el derecho a una justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 Constitucional, por lo que solicita se le conceda el amparo para que en las subsecuentes etapas del juicio laboral, hasta dictar el laudo, la responsable se apegue a los plazos y términos establecidos por la legislación aplicable; sin embargo, ello no debe tenerse así, toda vez que el acto reclamado debe limitarse a la abstención atribuida, porque, en su caso, los alcances por los que se llegare a otorgar la protección constitucional, necesariamente deben concretarse en función de la pretensión atribuida y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del juicio laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis aislada CV/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Precisado lo anterior, al rendir informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, aceptó la existencia del acto reclamado, agregando que a pesar de no haber sido acordada en tiempo la petición del quejoso de trece de octubre de dos mil catorce, en proveído de nueve de febrero de la presente anualidad (después de la presentación de la demanda de amparo -veintisiete de enero de dos mil quince-), se pronunció al respecto. Lo anterior, lo justificó con las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado (fojas 19 a 21), mismas que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Ahora, de las copias certificadas que remitió el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado, así como, las enviadas con el oficio de cuenta, se advierte, en lo que aquí interesa, que por auto de nueve de febrero de dos mil quince, dictado en el juicio laboral 10/2014 (2) Bis de su índice, los miembros integrantes de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, acordaron el escrito de trece de octubre de dos mil catorce, presentado por el aquí quejoso, por conducto de su apoderado legal Jesús Abdalí García Castillo, en el que, se le tuvo por desistido de las pruebas de inspección ocular en nóminas de pago y la testimonial a cargo de Juan Manuel Contreras Álvarez y Agustín Gerardo Gallegos Cruz (pruebas seis y siete); y se acordó improcedente su petición en cuanto a la renuncia que manifestó al término de dos días que estipula el artículo 884 fracción V de la ley de materia, a fin de que el secretario de la Junta certificara que ya no quedaban pruebas pendientes a desahogar y se le concediera el término a las partes para alegar, declarándose cerrada la instrucción; por los motivos expresados en el mismo; proveído que fue debidamente notificado el diecinueve de febrero de esta anualidad, por conducto de su apoderado José Blas Cruz Pacheco. Por tanto, en el caso se advierte que sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido, lo cual acontece en el caso, puesto que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, el nueve de febrero de dos mil quince, acordó lo relativo a la petición del quejoso elevada el trece de octubre pasado, y le notificó a través de su apoderado legal, el diecinueve de febrero del presente mes y año. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial . Se ordena dejar sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del cinco de marzo de dos mil quince (foja 5 vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VI B Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la documental que remite la citada autoridad consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio laboral 10/2014 (2) Bis de su registro, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Por otra parte, a fin de dictar la resolución que conforme a derecho corresponda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, párrafo tercero, de la citada Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del plazo de tres días, siguiente a su legal notificación, remita a este órgano de control constitucional copia certificada de la notificación realizada a la parte quejosa del auto de nueve de febrero de dos mil quince, dictado en el juicio laboral de referencia, apercibido que de no hacerlo se hará acreedora a una multa de cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de los preceptos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo.

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