Julio César Torres Manrique y Otros.
Expediente 1032/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Julio César Torres Manrique y Otros.
- Julio César Torres Manrique
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
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CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO...
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De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto dictado el trece de enero de dos mil veintidós, en que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el apartado 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, dado que se concedió la suspensión de plano, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN.
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Agréguese el oficio de cuenta signado por el director interino del Hospital Regional de Irapuato y coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que el siete de enero del año actual, se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a la persona menor de edad C.A.M.T.; asimismo, remite la constancia que acredita su dicho. En consecuencia, se provee: Del estado de autos se advierte que mediante acuerdo de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato informando la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech a la persona menor de edad C.A.T.M. Asimismo, mediante proveído de treinta de diciembre posterior, se tuvo al director interino del Hospital Regional de Irapuato y coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato informando la misma circunstancia, esto es, la aplicación de la primera dosis al citado menor de edad y la fecha en que se le aplicaría la segunda dosis. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que la referida autoridad informó la aplicación de la segunda dosis del citado biológico. De lo anterior que se materialice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Se explica. La parte quejosa señaló como acto reclamado: La omisión de aplicar la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCOV para la prevención del Covid-19 en México; y, La negativa de aplicar la vacuna contra el Virus SARSVOC-2 a la persona menor de edad, así como informarle el lugar y fecha para la aplicación de esta. Como se adelantó, la autoridad responsable, informó que aplicó las dos dosis del biológico Pfizer- BioNTech al menor quejoso C.A.T.M., el catorce de diciembre de dos mil veintiuno y el siete de enero del año en curso, respectivamente. Lo que revela que, a diferencia de cómo se encontraban las cosas al momento de la presentación de la demanda en que existía el acto reclamado, sus efectos cesaron con la aplicación de las dos dosis de la vacuna contra el virus SARS-COV2, por el que la parte quejosa elevó su reclamo constitucional. Bajo esa condición, al materializarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes; asimismo, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Una vez que cause estado esta determinación, realícense las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido
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Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación del apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato; dése vista a las partes con él para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Asimismo, se le tiene como domicilio para recibir notificaciones, el señalado en el oficio de cuenta, lugar donde le serán practicadas por medio de oficio, como lo dispone el artículo 26, fracción II, inciso a, de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase acreditados de su parte a los delegados que cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia. Ahora, en atención a su solicitud y en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, se tiene por señalada la dirección de correo electrónico que señala para que se establezca el contacto respectivo con la autoridad responsable en los casos en los que se estime necesario. De igual manera, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que expresa, los cuales se relacionarán y recibirán en la audiencia constitucional. Finalmente, del auto de veintidós de diciembre así como del diverso de treinta del mismo mes y año, se advierte que se recibieron los oficios signados por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato y por el director Interino del Hospital Militar Regional de Irapuato y Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, mediante los cuales informaron que se señalaron las nueve horas del siete de enero de dos mil veintidós, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna al quejoso menor de edad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, requiérase a dichas autoridades para que en el plazo de TRES DÍAS, informe el seguimiento a la suspensión de plano decretada e informe si ya se aplicó la segunda dosis de vacunación al quejos menor de edad, y remita las constancias con las que lo acredite. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento".
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